Álava lleva al juzgado el plan que permite una mina en zona protegida

La Diputación alavesa acordó ayer denunciar al juez el plan de protección del parque natural de Aizkorri-Aratz, que permite la explotación de una mina de calcita en una zona de máxima protección. La Diputación, que se une así a las denuncias formuladas por ecologistas y el concejo de Ilarduia, estima que hay "desviación de poder" al proteger "los intereses económicos" del Ente Vasco de la Energía (EVE), dependiente de Industria.

El proyecto de la mina de Ilarduia, ubicada en un espacio singular del parque natural de Aizkorri-Aratz, fue impulsado en 2004 por el EVE y una empresa privada,...

La Diputación alavesa acordó ayer denunciar al juez el plan de protección del parque natural de Aizkorri-Aratz, que permite la explotación de una mina de calcita en una zona de máxima protección. La Diputación, que se une así a las denuncias formuladas por ecologistas y el concejo de Ilarduia, estima que hay "desviación de poder" al proteger "los intereses económicos" del Ente Vasco de la Energía (EVE), dependiente de Industria.

El proyecto de la mina de Ilarduia, ubicada en un espacio singular del parque natural de Aizkorri-Aratz, fue impulsado en 2004 por el EVE y una empresa privada, Sainsa, propiedad de la familia alavesa Echave. Este grupo empresarial, que ya explota una cantera, llegó a ofrecer al concejo de Ilarduia, perteneciente al municipio de Asparrena, un canon anual que podría llegar a los 60.000 euros a cambio de facilitar la explotación. La iniciativa despertó un gran rechazo social y sus promotores anunciaron la retirada temporal del proyecto en noviembre de 2004.

La polémica se reabrió en mayo pasado, cuando se conoció el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. A diferencia del informe preliminar, el documento definitivo incluía un párrafo que permitía la posibilidad explotar el yacimiento de calcita mediante "laboreo subterráneo". Esta coletilla no figuraba en el informe aprobado en noviembre de 2004 por Naturzaintza -el consejo asesor de conservación de la naturaleza del País Vasco, en el que se sientan representantes de la Administración y agentes sociales- y en mayo de 2005 por la Comisión de Ordenación del Territorio.

"Intereses económicos"

Pese a que la consejería de Medio Ambiente ha señalado que la mina es inviable dentro del parque y ha encargado un informe hidrogeológico a la Universidad del País Vasco (UPV) que lo corrobore, no se ha variado el documento. El departamento ha aducido en privado que, si se cambia, el parque natural podría peder su actual protección.

La Diputación de Álava requirió en julio al Gobierno para que suprimiera los cambios introducidos. El pasado 12 de septiembre recibió la respuesta negativa de Medio Ambiente. Por ello, el Consejo de Gobierno alavés acordó ayer presentar un recurso contencioso-administrativo.

La Diputación asegura que las dos disposiciones introducidas "permiten desarrollar futuras actividades mineras" en el parque natural y que han sido aprobadas "sorpresivamente, con clara infracción del procedimiento". Agrega que se contraviene la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y se omite el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio.

Al igual que los ecologistas y el concejo de Ilarduia, la institución foral sostiene que los cambios obligan a someter de nuevo todo el plan a información pública. Los pasos dados suponen, en su opinión, "reducir la Comisión de Ordenación del Territorio a un papel meramente figurativo".

Álava afirma que los cambios implican una "desviación de poder", ya que no persiguen los intereses generales, "sino la protección de los intereses económico-patrimoniales del EVE".