El Congreso controlará la política de condonación de deuda externa

El Congreso prevé aprobar el martes la primera Ley de Deuda Externa promovida en España, una iniciativa de CiU apoyada por todos los demás, aunque IU-ICV tiene muchas reticencias. La reforma vincula expresamente la política de deuda con la de cooperación al desarrollo, abre paso al control parlamentario de la condonación de deuda, la dirige hacia los países con menor renta y más endeudados y la condiciona a que se utilice para reducir el nivel de pobreza y avanzar en derechos humanos. Las ONG son muy críticas con la ley porque no hay compromiso de condonación total.

El informe de la pon...

El Congreso prevé aprobar el martes la primera Ley de Deuda Externa promovida en España, una iniciativa de CiU apoyada por todos los demás, aunque IU-ICV tiene muchas reticencias. La reforma vincula expresamente la política de deuda con la de cooperación al desarrollo, abre paso al control parlamentario de la condonación de deuda, la dirige hacia los países con menor renta y más endeudados y la condiciona a que se utilice para reducir el nivel de pobreza y avanzar en derechos humanos. Las ONG son muy críticas con la ley porque no hay compromiso de condonación total.

El informe de la ponencia será votado el martes en comisión. La norma cuenta con el respaldo del PSOE y el PP, aunque aún podrá ser enmendada a lo largo del proceso parlamentario en el Congreso y en el Senado. De hecho, tanto CiU como IU-ICV, la más crítica con una reforma que considera poco ambiciosa, confían en pactar mejoras. Joan Herrera, de IU-ICV, confía sobre todo en lograr la promesa de reformar los fondos de ayuda al desarrollo (FAD), vinculados a proyectos empresariales y considerados una de las principales causas del crecimiento de la deuda externa.

- Control parlamentario. La gestión de la deuda externa es relativamente opaca. Hasta el punto de que no es fácil lograr los datos de deuda por países e impagos. Con la ley, el Gobierno queda comprometido a enviar cada año todos los datos de recursos públicos utilizados para la condonación, fechas y razones de los impagos y deuda por países. Los grupos podrán requerir los datos que necesiten, y también el Consejo de Cooperación, donde están las ONG, recibirá la información. Es una forma de luchar contra las sospechas de que la política de deuda no se utiliza sólo para cooperación, sino para ayudar a las empresas españolas en su expansión internacional.

- Cooperación al desarrollo. Las ONG, CiU e IU-ICV critican que se vincula la política de deuda a criterios financieros del Ministerio de Economía, se condona a quien se compromete a pagar y no a quien más lo necesita porque el sobreendeudamiento le impide crecer. La ley fuerza ese criterio. "La política española de gestión de deuda será consistente con la política presupuestaria española y estará vinculada con la política española de cooperación al desarrollo", señala uno de los artículos. "Es uno de los avances fundamentales", señala el portavoz socialista en esta materia, Eduardo Madina. "Algunas ONG piden la condonación total, pero eso no puede ser, hay que hacer una política multilateral porque si España condona sola lo único que hace es permitir que ese país pague mejor su deuda con Francia, por ejemplo".

- Derechos humanos. Varias ONG, sobre todo el Observatorio de la Deuda o Ayuda en Acción, piden que se declaren ilegales muchas deudas contraídas por dictaduras y cuyos fondos han sido utilizados de forma corrupta. La ley dice que "se analizarán" esas cuestiones a la hora de condonar, y señala en otro apartado: "Se prestará especial atención a que los países beneficiarios de tratamientos de deuda se comprometan de forma expresa y verificable a reducir el nivel de pobreza, avanzar en la democratización del país, a progresar significativamente en el respeto de los derechos humanos.

- Sobreendeudamiento. Otro de los compromisos de la ley, la segunda que se hace en Europa (sólo Italia la tiene), es que se utilice la condonación para los países con más necesidad, y no sólo los que más interesan a la política exterior española. "Estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento", dice el texto.

Lo que no ha logrado CiU es un compromiso de que al aprobar la ley se amplíe una condonación ya comprometida hasta 1999 a 2002, lo que supondría unos 450 millones de euros extra.