"Respetaremos la inversión de las empresas extranjeras, pero tienen que pagar más"

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, recibió el martes a La Razón [periódico boliviano del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS] en el Palacio de Gobierno.

Pregunta. ¿El decreto de nacionalización es de vigencia inmediata?

Respuesta. Sí, desde el lunes.

P. ¿Y por qué se dan 180 días para los nuevos contratos?

R. Se abre un periodo de transición en el que no están vigentes viejos contratos, pero tampoco están los nuevos: están estas reglas que fija YPFB [Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la compañía estatal boliv...

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, recibió el martes a La Razón [periódico boliviano del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS] en el Palacio de Gobierno.

Pregunta. ¿El decreto de nacionalización es de vigencia inmediata?

Respuesta. Sí, desde el lunes.

P. ¿Y por qué se dan 180 días para los nuevos contratos?

R. Se abre un periodo de transición en el que no están vigentes viejos contratos, pero tampoco están los nuevos: están estas reglas que fija YPFB [Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la compañía estatal boliviana] y la Ley de Hidrocarburos. Se fijan los 180 días porque hay que hacer una auditoría, empresa por empresa, y sobre eso se van a fijar los nuevos ingresos para el Estado y las empresas. El límite mínimo es lo que establece la Ley de Hidrocarburos, 50% y 50%.

"Ahora no preguntamos a nadie si está de acuerdo o no [con el decreto]; lo hacemos por decisión soberana del Estado boliviana"

"La provisión de gas a Brasil y Argentina está garantizada. Jamás se ha puesto en duda el cumplimiento de nuestros compromisos"

"Colocar a YFPB a la altura del reto costará varios meses; queremos una empresa como Petrobras, estatal pero con autonomía"

P. ¿Se puede negociar algo más al margen del decreto?

R. Más abajo del 50% es innegociable. Lo que nos puede dar la auditoría es que quizá el Estado pueda obtener más recursos. Lo que no se negocia es la ley, que establece un parámetro mínimo.

P. El decreto grava con el 82% sólo a los campos San Alberto y San Antonio. ¿Qué pasó con el campo Margarita?

R. Es el campo con mayores reservas de Bolivia, pero todavía no produce en grandes cantidades. Lo va a hacer seguramente de aquí a un tiempo cuando ampliemos el mercado a Brasil, a Argentina o para la industrialización. Si se da eso en este periodo de negociación, tiene que pagar el 82%.

P. Usted hace referencia a la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, ésta y la Ley del Referéndum establecen un tope del 50%. ¿No hay una contradicción?

R. En impuestos y regalías se mantiene el 50% y lo establecido en el 32% extra no es impuesto ni es regalía; es una participación.

P. ¿Qué es una participación?

R. Significa que no se coparticipa, que esos recursos van directamente a YPFB.

P. El Gobierno supone que el 18% que irá para las petroleras cubre costos, operación, utilidades. ¿De dónde salió esa cifra?

R. Se hicieron tres estudios cruzados. Uno por expertos bolivianos y dos por expertos extranjeros, europeos y latinoamericanos.

P. ¿Venezolanos?

R. Venezolanos, mexicanos y europeos. Los tres estudios mostraron que esos campos [San Alberto y San Antonio] ya recuperaron su inversión y que ahora casi todo es ganancia. Con ese 18% tienen una ganancia que fluctúa entre el 15% y 19%, el promedio continental. En Bolivia, muchas empresas tenían ganancias extraordinarias.

P. ¿Ningún campo podrá tributar menos del 50%?

R. Quizá aquí habría que ser un poco cuidadoso. En los campos que se descubran a partir de ahora habría que ser más flexible y lo digo como opinión personal. Ahí va a haber capital de riesgo.

P. ¿El decreto de nacionalización precisa ser elevado a ley?

R. Algunos parlamentarios han comenzado a proponer que, como adhesión del Congreso, se convierta en ley. Sin embargo, es suficiente el decreto para aplicarse.

P. Lo pregunto porque el presidente anunció la muerte de la capitalización, que es ley, con la vigencia del decreto.

R. La Ley de Capitalización se va a desmontar, pero estamos comenzando a desmontarla materialmente y luego quizá tenga que venir su desmontaje legal definitivo. La capitalización no es tanto una ley, sino una forma de acceder y de distribuir la riqueza y la propiedad. El núcleo, que era sacar al Estado de la producción, muere.

P. Esta ley tiene que ver con la transferencia de acciones de las capitalizadas y de los bolivianos en favor de YPFB. ¿Eso no es expropiación por decreto?

R. No es el decreto, es la Ley de Hidrocarburos. Los bolivianos han definido en el referéndum y en la Ley de Hidrocarburos que esas acciones pasen a manos de YPFB.

P. ¿Por qué el Gobierno decide pagar por las acciones de las capitalizadas?

R. No hemos decidido pagarles, sino nacionalizarlas.

P. ¿Eso qué significa?

R. Que asumimos por decisión soberana el control mayoritario en las capitalizadas y en las refinerías. Luego vemos cómo arreglamos.

P. ¿Se va a negociar?

R. Luego vamos a ver. Ahora no preguntamos a nadie si está de acuerdo o no. Lo hacemos por decisión soberana del Estado boliviano. Luego veremos cómo conciliamos. Hay que ver si las refinerías valían lo que se pagó, hay que ver si recuperaron su inversión. Veremos lo que toca luego.

P. Entonces, ¿no está garantizado que se les pague?

R. Tampoco está descartado.

P. ¿YPFB tiene la capacidad operativa para el control de la cadena de los hidrocarburos?

R. YPFB tiene la capacidad operativa para hacer cumplir, ahora, el artículo dos del decreto: el control de la totalidad de la producción bruta de las empresas. Colocar a YPFB a la altura de este nuevo reto le va a costar varias semanas y meses. Para eso son los recursos, por eso tiene que contratar al mejor personal.

P. ¿Serán salarios por encima del que gana el presidente?

R. En algunos casos, sí. Por lo general, servirá para contratar temporalmente a gente del exterior -un francés, un español o un mexicano-, que ganan salarios más elevados.

P. ¿Cómo evitarán que YPFB vuelva a la estructura pasada?

R. Tiene que ser una empresa con amplia autonomía de gestión, transparente, sin influencia política. Queremos una empresa como Petrobras, estatal, pero con autonomía de gestión.

P. YPFB tiene entre sus misiones la definición de precios internos y el mandatario suele decir que en Venezuela se llena el tanque de gasolina con poco dinero. ¿Se está estudiando una reducción de precios de los combustibles?

R. Sí. El presidente ha pedido al jefe de YPFB trabajar la posibilidad. Es bastante difícil, porque Venezuela es un país petrolero y marginalmente de gas, y Bolivia es al revés. Reducir los precios del petróleo es complicado.

P. ¿El cambio de precios del gas será unilateral en el plano internacional?

R. El precio es fruto de negociación. Trabajamos en ese proceso con Argentina y empezaremos con Brasil. Como en toda compra y venta, siempre hay el regateo.

P. ¿Cuál es el plazo?

R. En Argentina no hay plazos. Esta fijación de precios va a durar hasta fin de año. Pero independientemente de esa negociación, la provisión de gas a Brasil y Argentina está garantizada. Jamás se ha puesto en duda el cumplimiento de nuestros compromisos.

P. ¿Qué hará el Gobierno para responder a las posibles acciones judiciales de países y empresas?

R. Defendernos basándonos en la legalidad internacional. Al derecho soberano de emprender procesos de nacionalización por motivos de beneficio público.

P. ¿Habrá más nacionalizaciones?

R. La inversión extranjera y privada en la minería va a ser respetada, pero en el marco del acatamiento de la ley, su responsabilidad con el Estado y a la mejora de los ingresos para el Estado boliviano.

P. ¿Se subirán los tributos?

R. Va a ser algo que tenemos que implementar. A las empresas privadas se les va a respetar su inversión y seguridad jurídica, pero tienen que pagar más.