Reflexiones sobre el actual debate educativo
Las personas realmente preocupadas por la educación, que somos muchas, siempre hemos deseado que los temas educativos ocupen el centro del debate social, pero nuestro interés porque la educación pase al primer plano de la agenda política nada tiene que ver con el protagonismo que ha tomando durante la tramitación parlamentaria de la LOE y muy especialmente a raíz de la manifestación que se celebró el pasado 12 de noviembre. El planteamiento del debate se ha situado, al menos en términos de opinión pública, en torno a la asignatura de religión católica y a la libertad de elección de centro.
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Las personas realmente preocupadas por la educación, que somos muchas, siempre hemos deseado que los temas educativos ocupen el centro del debate social, pero nuestro interés porque la educación pase al primer plano de la agenda política nada tiene que ver con el protagonismo que ha tomando durante la tramitación parlamentaria de la LOE y muy especialmente a raíz de la manifestación que se celebró el pasado 12 de noviembre. El planteamiento del debate se ha situado, al menos en términos de opinión pública, en torno a la asignatura de religión católica y a la libertad de elección de centro.
Los sucesivos informes elaborados por la OCDE y el más reciente de la Unión Europea dicen muchas cosas sobre nuestro sistema educativo, pero entre todas cabría destacar: las bajas tasas de éxito y el alto porcentaje de abandono escolar en comparación con los países de referencia.
Si esto es lo que nos dicen los informes internacionales, a los que nadie ha restado valor, cabe preguntarse qué tienen que ver la asignatura de religión y la libertad de elección de centro con estos resultados. Para nosotros, nada. A nuestro modo de ver, que España presente unos datos manifiestamente mejorables se debe a una combinación de viejos y nuevos problemas que amenaza con ser explosiva: la progresiva pérdida de valor de la educación como mecanismo de movilidad social; la escasa importancia que la sociedad y los poderes públicos le otorgan a la educación; el sistema de valores imperante que se transmite a través de los medios de comunicación; una insuficiente financiación que se ha convertido en endémica; la cada vez menor implicación de las familias en el proceso formativo de sus hijos; la baja consideración que se tiene de la labor que desempeñan los docentes y el escaso apoyo que se les presta en su actividad en el aula; los limitados recursos de los que disponen los centros y su encorsetada capacidad de gestión; la ausencia de estrategias para afrontar la heterogeneidad del alumnado y los fenómenos recientes como el de la escolarización de hijos e hijas de inmigrantes...
Por tanto, para nosotros, el centro del debate debería recaer en cómo conseguir mejores resultados (jóvenes mejor formados y con valores cívicos más sólidos) en condiciones cada vez más complejas.
Para colocar el debate educativo en el lugar en que debe estar y, sobre todo, para buscar fórmulas mancomunadas para resolver los problemas que tenemos planteados, es necesario dotarse de referencias difícilmente cuestionables, que nos ofrezcan un lugar en el que todos nos reconozcamos porque gocen de una autoridad moral, institucional y científica indiscutible.
Los firmantes del presente artículo creemos que existen, cuando menos, dos referencias que en nuestra opinión reúnen las condiciones antes citadas y que, de haber recurrido a ellas, nos hubieran permitido conducir la polémica educativa por derroteros más edificantes. La primera sería La declaración conjunta en favor de la educación que suscribió un amplio y heterogéneo grupo de organizaciones en 1997, bajo los fructíferos auspicios de la Fundación Encuentro que preside José María Martín Patino.
La segunda, los informes de la OCDE. La valía y utilidad de estos informes radica en que nos señalan, sin elementos contaminantes, las pautas que deberíamos seguir.
La declaración conjunta nos aporta dos cuestiones incontrovertibles que hubieran sido de gran utilidad. La primera, que fue refrendada por la inmensa mayoría de las organizaciones representativas de la comunidad educativa que hoy aparecen enfrentadas; la segunda, su contenido. En él se encuentra el denominador común en el que se reconocen organizaciones tan plurales como las que lo suscribieron y que, en esencia, se expresa en el reconocimiento de "la educación como un servicio público y de interés social que integra tanto a la enseñanza pública como a la concertada". Junto a esta declaración de principios, el documento se pronuncia sobre la enseñanza secundaria, la formación profesional, el papel de los docentes, la financiación del sistema, etcétera.
En lo tocante a los informes promovidos por la OCDE (informes PISA), sus principales aportaciones las encontramos en las conclusiones que se desprenden al analizar los países que mejores resultados escolares obtienen.
Los expertos que elaboran los informes PISA, con su coordinador Andreas Schleicher a la cabeza, afirman que los países que mejores resultados obtienen son aquellos que consideran al niño/a y a los jóvenes como el centro del proceso educativo y que vuelcan todas las estrategias formativas para conseguir su éxito y su mejor integración en la sociedad; son aquellos que le dan un gran valor e importancia a la educación; que animan, y en algunos casos incluso incentivan, la implicación de las familias en la educación escolar de sus hijos; que le dedican un notable volumen de recursos públicos; que le dan una gran importancia al papel de los docentes; que confían en la autonomía de los centros...
Uno de los ejemplos más relevantes, por destacar en todas las materias evaluadas, lo tenemos en Finlandia. En este país el sistema educativo goza de una alta consideración social que se expresa en medidas tales como que su gasto educativo es el 6,24% de su PIB; la escuela pública es muy mayoritaria; la institución escolar se entiende como una comunidad de aprendizaje; existe una gran descentralización administrativa que se complementa con una importante autonomía de los centros; la ratio profesor-alumno es baja; existe un tratamiento de la diversidad por intereses; se tiene un gran respeto y estima hacia los docentes medidos en la fuerte formación que éstos reciben y en el hecho de que a los más competentes se les sitúa en los primeros cursos de primaria; los centros están dotados de enfermerías pediátricas, de psicólogos y trabajadores sociales y se da una orientación escolar efectiva; tienen una importante red de bibliotecas escolares atendida por personal especializado...
En estas condiciones no es extraño que alcancen los resultados de los que da cuenta la OCDE y basta con comparar nuestra situación con la suya para deducir con facilidad cuáles son nuestras carencias y, en consecuencia, dónde deberíamos actuar.
¿Por qué en lugar de recurrir a estos referentes el Ministerio de Educación alentó un nuevo acuerdo de la comunidad educativa y no usó las conclusiones del informe PISA para fundamentar las propuestas que contiene su nuevo proyecto de ley?
La razón de que se haya transitado por senda tan sinuosa la encontramos en la concurrencia de diversos factores: la escasa experiencia política y la limitada capacidad de liderazgo de quien encabeza el equipo ministerial; la ausencia de contrapesos desde la comunidad educativa de carácter progresista que debían haber forzado al ministerio a recorrer otro camino y el interés de las organizaciones conservadoras, con la jerarquía eclesiástica y el Partido Popular a la cabeza, de aprovechar la nueva coyuntura política para elevar el listón de sus reivindicaciones y desgastar al Gobierno.
Cuando el grupo parlamentario socialista tomó las riendas de la negociación el desaguisado ya era considerable. En efecto, el Ministerio de Educación había conducido el proceso con tan poco pulso que quienes quisieron aprovecharse de la sensación de desgobierno en beneficio propio encontraron el terreno abonado.
Así las cosas, es posible que, al menos por un tiempo, algunas organizaciones de las que protagonizaron la manifestación del 12-N sigan haciendo ruido, y es posible que las Cortes Generales aprueben la LOE con el único voto en contra del PP. En todo caso, el riesgo de que la nueva ley educativa no sirva realmente para cambiar el actual estado de nuestra educación es un riesgo cierto. Todo dependerá de que una vez aprobada la ley se dé un fuerte impulso a las políticas educativas que deben desarrollarla. Alguna de las cuestiones pendientes tienen tanta enjundia como la misma ley, nos estamos refiriendo a temas como la autonomía de los centros, al gobierno de los mismos, a la configuración de la carrera profesional de los docentes, a los diseños curriculares...
Tomar la iniciativa política, generar nuevas ideas y propuestas abriéndose al debate y buscando el máximo consenso, es decir, gobernar, es la mejor manera de superar el debate estéril y paralizante en el que nos encontramos. Aprovechar los dos años que quedan de legislatura para que ésta no esté perdida para la educación es la responsabilidad de ahora.
(*) César Coll (catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona), Ricardo Santos (ex presidente de Educación del CSI-CSIF), J. Manuel Pérez (director del Instituto Campoamor de Móstoles), Francisca Majó (experta en Educación Infantil), Fernando Lezcano (profesor de secundaria), Antonio Huertas (catedrático de Filosofía), J. A. Planas (profesor de la Universidad de Zaragoza. Presidente de la Asociación de Orientadores y Psicopedagogos de España), Jaime Ruiz (maestro. Presidente de la Asociación para la Cultura y la Educación -ACE-), Manuel Díos Diz y Calo Iglesias Díaz (ambos ex dirigentes sindicales de la CIG), José Luis Gordo y Julio Rogeros (profesores de secundaria y miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica