Los laboratorios temen perder el 10% de las ventas por la ley del medicamento

La patronal Farmaindustria predice un retroceso de competitividad y fuga de empresas

La nueva ley del medicamento, cuyo borrador recibió el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, no ha gustado lo más mínimo a Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos. Su presidente, Emilio Moraleda, considera el texto "intervencionista y carente de visión a largo plazo". Las medidas previstas en la ley -entre ellas un fuerte estímulo a los fármacos genéricos- supondrán para la industria un impacto de 1.100 millones anuales, equivalente al 10% de su volumen de ventas. La patronal predice pérdidas de competitividad y deslocalizaciones.

El anteproyecto de Ley ...

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La nueva ley del medicamento, cuyo borrador recibió el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, no ha gustado lo más mínimo a Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos. Su presidente, Emilio Moraleda, considera el texto "intervencionista y carente de visión a largo plazo". Las medidas previstas en la ley -entre ellas un fuerte estímulo a los fármacos genéricos- supondrán para la industria un impacto de 1.100 millones anuales, equivalente al 10% de su volumen de ventas. La patronal predice pérdidas de competitividad y deslocalizaciones.

El anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha sido remitido al Consejo de Estado y tiene por delante ocho meses de tramitación, "trata con desconfianza al sector que más invierte en I+D en España", según Moraleda. La industria farmacéutica aporta el 20% de toda la inversión privada española en I+D.

El impacto que la industria calcula (1.100 millones de euros anuales) es la suma de los impactos previstos por estas tres medidas incluidas en la ley:

- Precios de referencia. (550 millones). El sistema de precios de referencia (introducido por el PP en la última legislatura, suspendido por el PSOE el año pasado y reestablecido con modificaciones en el nuevo texto) es la principal medida de estímulo a los genéricos, o copias de fármacos con la patente expirada. Consiste en que, cuando cesa la patente de un fármaco (a los 10 años de su aprobación), la sanidad pública sólo financia lo que cuesta el genérico.

Moraleda considera que "el nuevo sistema de precios de referencia es incluso más lesivo que el anterior". La razón es que la nueva ley es muy restrictiva con uno de los procedimientos utilizados por la industria para prolongar la vida útil de los fármacos expirados: sacar una versión (una combinación con otros fármacos, o una preparación más cómoda de administrar) lo bastante distinta como para que la Agencia del Medicamento la considere una "innovación", y por tanto no le aplique el sistema de precios de referencia. Si la nueva ley entrara hoy en vigor, un centenar de "innovaciones" muy recetadas dejarían de serlo, según los cálculos de Sanidad.

- Reducción automática de precios a los 10 años. (300 millones). Sanidad planteó inicialmente esa rebaja para cualquier medicamento que llevara 10 años aprobado (es decir, con la patente expirada), pero, tras negociar con la industria, ha optado por aplicarla sólo a "aquellos fármacos para los que existe un genérico aprobado en algún país de la UE". Hay 350 fármacos expirados en los que el sector de genéricos no ha entrado en ningún país, ya sea porque su producción requiere técnicas biotecnológicas complejas o porque su margen de beneficios es muy estrecho.

Pese al indulto concedido a esos 350 fármacos, la patronal sigue cifrando el impacto de la medida en 300 millones anuales, según calcula el secretario general de Farmaindustria, Humberto Arnés.

- Tasas a los laboratorios. (250 millones). La ley prevé cobrar a los laboratorios unas "tasas" o "aportaciones económicas" en función de su volumen de ventas. Estas tasas se dedican en parte a financiar proyectos de investigación biomédica. Para algunas empresas, según Farmaindustria, la aportación asciende al 5% de sus ventas. "Son tasas lesivas para el desarrollo industrial", asegura Moraleda, "y pediremos a Sanidad que las modifique".

El gasto público en medicamentos da cuenta del 25% de todo el presupuesto sanitario español, un porcentaje considerado excesivo por los actuales responsables de Sanidad (y por todos los anteriores). Pero Moraleda discrepa: "El porcentaje es alto porque el presupuesto sanitario español es muy bajo [un 7,5% del PIB, frente al 8,9% europeo]. Si el gasto sanitario español fuera como el de los países del entorno, el gasto farmacéutico no pasaría del 15% del total".

La patronal también se queja de que los precios de los fármacos en España son los más bajos de los 15 países de la UE pre-ampliación, más bajos que en Grecia, Irlanda y Portugal. No pretenden una subida de los fármacos actuales, pero consideran esencial "que los precios de los nuevos fármacos vayan convergiendo con Europa". Con vistas al largo plazo, ésta es la cláusula que más echan en falta en la nueva ley.

El gasto farmacéutico público está creciendo al 5,7% interanual, y tanto Sanidad como Farmaindustria prevén que acabe el año sobre esa cifra.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado.BERNARDO PÉREZ

Los farmacéuticos piden más libertad de acción

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos criticó ayer que el anteproyecto de Ley del Medicamento no reconozca la capacidad del farmacéutico de elegir entre medicamentos bioequivalentes y consideró que con este texto se pierde la oportunidad de mejorar la política de genéricos, informa Efe.

El presidente del Consejo, Pedro Capilla, señaló ayer que el anteproyecto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros recoge algunas de sus peticiones, pero "se puede y debe mejorar" durante su tramitación parlamentaria. También anunció que pedirá audiencia en el Consejo de Estado y posteriormente contactará con los partidos políticos y entidades relacionadas con el medicamento para introducir las mejoras que considere necesarias.

Capilla destacó que carece de sentido no reconocer la facultad del farmacéutico de elegir entre medicamentos iguales por motivos sanitarios y, por el contrario, estar obligado a sustituirlo por razones económicas en el caso de prescripciones afectadas por precios de referencia. Las sustituciones de medicamentos por parte del farmacéutico no llegan a un 10%, afirmó Capilla, quien subrayó que en casos de catástrofes o situaciones como la reciente huelga de transportistas se realiza esta práctica. Asimismo rechazó la prohibición de los descuentos que los laboratorios realizan a las oficinas de farmacia en función del volumen de negocio porque se trata de una práctica "transparente que consta en la factura y cotiza a Hacienda", aseguró.

Respecto a la exigencia de la receta médica en la dispensación de algunos medicamentos, el Consejo se mostró partidario de la medida, pero rechazó que "nunca" un farmacéutico pueda prescribir sin receta, como recoge la norma.

Entre los aspectos positivos del anteproyecto el Consejo citó la prohibición expresa de la venta de medicamentos por Internet.

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