Rajoy exige recuperar las enseñanzas comunes para pactar la Ley de Educación

Mariano Rajoy, líder del PP, remitirá hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un documento con los requisitos que considera imprescindibles para pactar la reforma educativa con el Ejecutivo y evitar la enmienda a la totalidad a la nueva ley. Con esta propuesta, Rajoy se adelanta a la reunión que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que convocaría esta semana para discutir la reforma educativa con el PP. La primera reclamación de Rajoy es que la nueva Ley de Educación recupere el mínimo de enseñanzas comunes para todas las autonomías que tenía la n...

Mariano Rajoy, líder del PP, remitirá hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un documento con los requisitos que considera imprescindibles para pactar la reforma educativa con el Ejecutivo y evitar la enmienda a la totalidad a la nueva ley. Con esta propuesta, Rajoy se adelanta a la reunión que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que convocaría esta semana para discutir la reforma educativa con el PP. La primera reclamación de Rajoy es que la nueva Ley de Educación recupere el mínimo de enseñanzas comunes para todas las autonomías que tenía la norma anterior. Ahora, según Rajoy, "esas enseñanzas comunes serán igual a cero".

La Junta Directiva Nacional del PP analizará esta mañana el documento que Rajoy remitirá a Zapatero para negociar la reforma educativa y que tiene como primer caballo de batalla el mantenimiento de un mínimo común para educación básica en todas las autonomías para "no poner en peligro la vertebración de España". El PP opina que la nueva norma enviada al Parlamento "no garantiza un mínimo de enseñanzas comunes", por lo que "el riesgo de 17 modelos educativos diferentes es real", debido a la redacción del artículo 6 de la nueva LOE, que deberá debatirse este otoño en el Congreso de los Diputados. El PP presenta el documento para negociar antes de presentar una enmienda a la totalidad

Ese artículo dice textualmente: "Los aspectos básicos del currículo no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan". Según Rajoy, como la ley fija un máximo pero no un mínimo, ese mínimo tenderá, en la práctica, a cero.

Mínimos y máximos

El PP defiende volver a la redacción sobre enseñanzas comunes que tenía el artículo 8 de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que va a cambiar el Gobierno. Allí se decía que "a los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55% de los horarios escolares en las comunidades autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua cooficial, y el 65% en aquellas que no la tengan". Es decir, la LOCE fijaba esos porcentajes como un mínimo.

El argumento del PP es que esos contenidos comunes mínimos son imprescindibles para evitar, por ejemplo, que los niños estudien el monte más alto de su comunidad pero ignoren dónde caen el Mulhacén o el Teide. Las enseñanzas comunes afectan principalmente a Geografía, Historia y Literatura.

El segundo caballo de batalla del PP para negociar la reforma educativa pasa por dar más relevancia a que "el estudio es el primer deber de los alumnos". Según el PP, la nueva ley ha eliminado la mención de esta obligación de los alumnos, que en la LOCE quedaban después detallados en cuatro apartados: la obligación de participar en las actividades formativas, de seguir las directrices del profesorado, de asistir a clase con puntualidad y de participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar.

Rajoy subraya que la falta de disciplina y de respeto al profesorado es un problema creciente en las aulas, y que la nueva ley lo agravará. Apoya su acusación en un párrafo del artículo 8 de la nueva ley que, según el PP, da a los niños derecho a no ir a clase si así lo deciden en alguna suerte de asamblea infantil.

En concreto, el párrafo que el PP quiere que se elimine de la LOE dice: "Las decisiones colectivas que adopten los alumnos con respecto a la asistencia a clase no tendrán consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro".

Esta regulación de la huelga escolar es, para el PP, "demoledora para la calidad de la enseñanza y va a propiciar el deterioro de la vida en las aulas". En lugar del "derecho a inasistencia a clase", el PP reclama que se refuerce la autoridad del profesorado y las sanciones a los alumnos díscolos, tal como se está haciendo en otros países europeos.

Los populares destacan la baja calificación que la educación en España tiene en las clasificaciones internacionales y la necesidad de superar ese lastre. Para el PP, la solución al problema, así como al fracaso escolar, no puede pasar por un "falso concepto de equidad" que iguale por abajo sin defender la calidad de la enseñanza. A cambio, defiende que "se prime el esfuerzo individual y el afán de superación como principios educativos básicos".

El tercer elemento de debate es la libertad de elección de centro y el respeto a los conciertos educativos. De forma paralela, el PP reclama que se recupere el carácter evaluable de la asignatura de Religión.