La Generalitat asume el dictamen del Consultivo

El Gobierno de la Generalitat asumió ayer el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de que su aplicación obligará a introducir numerosas correcciones en el proyecto. En nombre del Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución y alcanzar acuerdos en los aspectos particularmente conflictivos desde el punto de vista político, como la financiación y los derechos históricos.

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El Gobierno de la Generalitat asumió ayer el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de que su aplicación obligará a introducir numerosas correcciones en el proyecto. En nombre del Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución y alcanzar acuerdos en los aspectos particularmente conflictivos desde el punto de vista político, como la financiación y los derechos históricos.

Muy distinta fue la reacción de la oposición. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) destacaron que algunos de los principales puntos del dictamen han sido aprobados con una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, lo que a su juicio debe ser interpretado como un empate. Su líder, Artur Mas, anunció que, por ejemplo, CiU seguirá defendiendo su propuesta de financiación de la Generalitat mediante un sistema de concierto económico, a pesar de que el Consejo Consultivo lo ha considerado inconstitucional.

El presidente Maragall solicita respeto para el dictamen del Consejo

Mas y Carod dicen que no renuncian a sus posiciones aunque sean inconstitucionales

Saura destaca que no hay reparos a la definición de Cataluña como nación

El informe señala que 19 artículos del Estatuto no se ajustan a la Constitución

Ya antes de que se conociera el dictamen, por la mañana, el presidente Pasqual Maragall tuvo que reclamar respeto y consideración hacia el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat, en vistas del tono adoptado por los dirigentes de CiU, que tendían a relativizar el dictamen.

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, destacó, como Maragall, el "valor moral" de los dictámenes del Consejo Consultivo. Pero, en un nuevo gesto de ambigüedad, sostuvo, como Artur Mas, que los partidos catalanes no pueden renunciar a sus posiciones sólo porque no se ajusten a la Constitución. "Si las necesidades de Cataluña exigen cambiar la Constitución y algunas leyes orgánicas, tendremos que adecuar la Constitución y las leyes", dijo.

"Lean con calma"

Lo que hay sobre la mesa, sin embargo, es que la adecuación del proyecto del nuevo Estatuto catalán a la Constitución obligará a introducir modificaciones en el título de la financiación de la Generalitat, a suprimir la vinculación entre derechos históricos y competencias de la Generalitat, y a remitir reformas tan importantes como las relativas a la Justicia a la aprobación por las Cortes de las correspondientes leyes orgánicas.

Otra de las modificaciones muy importantes que el dictamen obligará a introducir es la relativa al traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias del Estado, mediante el artículo 150.2 de la Constitución. El Consejo Consultivo dice que el Estatuto no puede predeterminar, como hace el proyecto de reforma, que este traspaso se haga a través de una ley orgánica. Pues "es al Estado, a través de las Cortes Generales, a quien corresponde decidir qué tipo de ley, y por tanto las condiciones, que le habilitan" para hacerlo, dice.

El dictamen fue entregado ayer al Parlamento catalán, un mes después de que fuera solicitado. Concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son constitucionales sólo si se les da una muy precisa interpretación o se modifican de determinada forma. El proyecto de reforma consta de 218 artículos.

Al entregar el dictamen al vicepresidente del Parlamento, Higini Clotas, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, recomendó a los grupos parlamentarios que "lean con calma" sus argumentaciones y las "atiendan", porque así se garantiza que la propuesta de reforma pueda tener "mayor solidez jurídica" cuando se debata en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pese a las correcciones que habrá que introducir, Saura acogió el dictamen como "una positiva valoración global y detallada" del proyecto de reforma. En una primera valoración de urgencia, el consejero de Relaciones Institucionales se congratuló de que el Consultivo haya dicho que "los principales bloques que componen la reforma son constitucionales". Y respecto a los correctivos impuestos, afirmó su plena disposición a atenderlos y negociar fórmulas alternativas: "Siempre hemos dicho que iríamos hasta el límite de la Constitución, y en algunos aspectos hemos quedado en la parte de fuera. Pero creo que el 90% o 95% de las objeciones son de fácil superación".

El consejero sostuvo que el Consultivo ha "avalado la columna central del proyecto, el esqueleto que lo sustenta". Enumeró rápidamente algunos de los puntos que han suscitado no poca polémica en los últimos meses y que el Consejo Consultivo ha dictaminado como constitucionales, como la definición de Cataluña como nación, la inclusión en el Estatuto de un título sobre derechos ciudadanos, el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat y la reforma de la Justicia.

La pretensión de Saura es que este dictamen sea a partir de ahora "una guía para superar los desacuerdos y hacer posibles los acuerdos" en algunos puntos particularmente conflictivos, como el de la financiación y el de los derechos históricos, en los que se ha polarizado las posiciones.

Sobre la financiación de la Generalitat el dictamen determina que el Estatuto no puede fijar un tope al porcentaje que Cataluña ha de aportar al Estado de la recaudación de los impuestos cedidos. El proyecto había fijado un tope del 50%. Éste era uno de los puntos de la reforma que había provocado rechazo incluso fuera de Cataluña.

El dictamen obliga también a dejar claro que la Generalitat comparte con el Estado la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, contra lo que se dice en el proyecto de reforma. El Consultivo obliga también a aclarar la relación entre las agencias tributarias del Estado y la autonómica.

Saura aseguró que estas modificaciones "no invalidan el modelo de financiación" defendido por los tres partidos del Gobierno catalán, que ahora podrá ser plenamente ajustado a la Constitución. En cambio, añadió, el Consejo Consultivo sí ha considerado inconstitucional "la globalidad del modelo de financiación preconizado por CiU".

Situación distinta es la que se da en lo relativo a los derechos históricos. El Consultivo ha avalado el artículo cinco del proyecto, que dice que el autogobierno de Cataluña se basa en sus derechos históricos. Pero ha concluido que es inconstitucional la vinculación de los derechos históricos y las competencias concretas de la Generalitat (financiación, organización de la Generalitat, derecho civil, régimen lingüístico, cultura, seguridad pública) que se pretendía introducir en una disposición adicional del proyecto.

Periodo para negociaciones

Los desacuerdos sobre financiación y derechos históricos son las dos cuestiones que habían impedido alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán.

Ahora se abren dos semanas de negociaciones entre los grupos parlamentarios para buscar puntos de coincidencia. Este periodo se iniciará con la ronda de entrevistas convocada por el presidente Pasqual Maragall con los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes. La primera se celebra mañana, con el líder de CiU, Artur Mas. El plazo para la presentación de las enmiendas para ajustar el proyecto a las correcciones del Consejo Consultivo finaliza el día 19. La Mesa del Parlamento ha reservado la semana del 26 al 30 para la celebración del pleno del Parlamento dedicado exclusivamente a aprobar el proyecto y remitirlo al Congreso de los Diputados.