Reforma de mínimos

El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado ayer por el Consejo de Ministros supone un nuevo salto en el panorama educativo español. La norma, a diferencia de su antecesora, la Ley de Calidad, aprobada en época del PP y suspendida luego por el Gobierno socialista, llega con el respaldo de una memoria económica de cierto fuste: 6.000 millones de euros en cinco años. El 58% de este dinero procederá del Estado (el resto corresponde a las comunidades autónomas) e irá destinado básicamente a cubrir la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años, la jubilación anticipada de los profes...

El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado ayer por el Consejo de Ministros supone un nuevo salto en el panorama educativo español. La norma, a diferencia de su antecesora, la Ley de Calidad, aprobada en época del PP y suspendida luego por el Gobierno socialista, llega con el respaldo de una memoria económica de cierto fuste: 6.000 millones de euros en cinco años. El 58% de este dinero procederá del Estado (el resto corresponde a las comunidades autónomas) e irá destinado básicamente a cubrir la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años, la jubilación anticipada de los profesores y a medidas de apoyo contra el fracaso escolar.

No es poco aval para una ley que se promete polémica. El PP ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. Otras voces se expresaron en tonos parecidos, con especial virulencia la Conferencia Episcopal Española, que ve esfumarse las mejoras que concedía a la asignatura de religión la normativa del PP. Una mirada reposada a la reforma muestra que, sin cambios radicales, propugna un viaje de ida y vuelta a la legislación anterior que ella misma deroga: cuando entre en vigor quedarán liquidadas las tres leyes vigentes.

Con este bagaje, la nueva ley, casi de mínimos, basa sus propuestas de futuro en dar más libertad a las comunidades autónomas. Para ello se les otorgan amplios poderes en cuestiones organizativas, como los exámenes de recuperación, o aspectos curriculares, como el inicio del estudio del segundo idioma. Otro punto vertebral de la norma radica en las medidas de choque contra el fracaso escolar. Entre ellas cabe citar la posibilidad de dividir a los alumnos en ciertas asignaturas, las pruebas de nivel y la reducción de materias en la ESO. Hasta que no entre vigor, previsiblemente para el curso 2006-2007, no se podrá conocer si alcanzará este objetivo, pero descartar las medidas de antemano, como ya piden algunas voces, parece cuanto menos arriesgado. Sobre todo, en un país en el que se necesita urgentemente una mejora de la educación, como señalan todos los informes.