El Congreso acuerda perseguir las ablaciones realizadas en el extranjero

La Comisión de Justicia aprueba unánimemente una propuesta de CiU

La comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley de CiU para perseguir la ablación que se practica fuera de España. La finalidad es combatir que los inmigrantes procedentes de algunos países africanos, aprovechen los viajes de vacaciones para mutilar genitalmente a las niñas. Los responsables de tales prácticas, que incluyen desde la ablación del clítoris hasta la extirpación de los labios mayores, se encontrarán con penas de entre seis y 12 años de cárcel si se comprueba que sus hijas han sido mutiladas. Quienes suelen detectar esas lesiones son los pedia...

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La comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley de CiU para perseguir la ablación que se practica fuera de España. La finalidad es combatir que los inmigrantes procedentes de algunos países africanos, aprovechen los viajes de vacaciones para mutilar genitalmente a las niñas. Los responsables de tales prácticas, que incluyen desde la ablación del clítoris hasta la extirpación de los labios mayores, se encontrarán con penas de entre seis y 12 años de cárcel si se comprueba que sus hijas han sido mutiladas. Quienes suelen detectar esas lesiones son los pediatras que atienden habitualmente a las niñas.

La ablación ya está castigada en el Código Penal si se practica en España, pero hasta ahora no se podía perseguir extraterritorialmente. La propuesta incorporó ayer cuatro enmiendas del PSOE, el grupo mayoritario en la Cámara Baja, una de las cuales equipara la ablación a delitos como el genocidio, el terrorismo, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas y la persigue "siempre que sus responsables se encuentren en España", es decir, sea cual sea su situación legal. Aproximadamente 130 millones de mujeres sufren la ablación, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

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Mercè Pigem, la diputada ponente de CiU, dijo ayer que la postura del PSOE "es demasiado abierta porque así se puede perseguir incluso a quienes sean responsables de una mutilación y estén en tránsito en España". Tras este trámite en la proposición, que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial, CiU busca una enmienda que consensúen todos los grupos antes de que sea aprobada la próxima semana en el pleno y se remita a la Cámara Alta.

"Pretendemos acordar, como propone el PNV", dijo Pigem, "que el delito se persiga en personas que residan legal o ilegalmente en España, siempre que ocurra cuando vivan aquí, no antes de ello". Al texto, añadió, hay que sumarle medidas educativas y sanitarias que puedan ayudar a prevenir la mutilación femenina tanto en España como en los países de origen.

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