El caso de los profesores de religión llega al Tribunal de Estrasburgo

El conflicto de los profesores de religión, pagados y contratados por el Estado pero seleccionados por los obispos cada curso escolar, llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, después de que el Constitucional español no admitiese a trámite el año pasado cinco demandas de amparo de otros tantos docentes de Canarias despedidos y no readmitidos pese a haber ganado reiterados pleitos en la Magistratura de Trabajo.

Pese a que las magistraturas de Trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han condenado reiteradamente al Gobierno y al Obispado...

El conflicto de los profesores de religión, pagados y contratados por el Estado pero seleccionados por los obispos cada curso escolar, llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, después de que el Constitucional español no admitiese a trámite el año pasado cinco demandas de amparo de otros tantos docentes de Canarias despedidos y no readmitidos pese a haber ganado reiterados pleitos en la Magistratura de Trabajo.

Pese a que las magistraturas de Trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han condenado reiteradamente al Gobierno y al Obispado canarios por el trato que dan a sus docentes de religión, el conflicto no parece tener fin, pendiente de que el Constitucional resuelva media docena de "cuestiones de inconstitucionalidad" planteadas en los dos últimos años por el TSJC. Éste ha vuelto a reiterar el 12 de enero y el 22 de febrero de este año sus dudas sobre la constitucionalidad de la legislación que regula la enseñanza de la religión en la escuela pública española.

En su opinión, existe una vulneración de la Constitución Española, "en concreto de los artículo 9, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27 y/o 103,3", en la redacción del acuerdo sobre Enseñanza suscrito en 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede, y en el desarrollo que de tal acuerdo adoptó el Gobierno del PP en la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 1998.

Años de conflicto

Los docentes que acuden ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demandando la aplicación del artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son todos de Las Palmas y llevan años de conflicto con el Gobierno y el Obispado de esa comunidad. Se trata de las profesoras María del Rosario Díaz Mederos y Teresa de Jesús García Sánchez, y los docentes Juan María Socorro Monzón, Joaquín Hernández del Olmo, y Hermelindo Suárez Quintana, representados por el letrado Francisco Navarro Sanz.

Todos han ganado en el pasado pleitos en defensa de sus derechos laborales, pero se vieron más tarde desalojados de su trabajo por una normativa que permite a la autoridad episcopal o académica prescindir de sus servicios al curso siguiente de su readmisión por mandato judicial.

Paralelamente a la presentación de estas demandas ante el tribunal europeo se han producido en Las Palmas dos nuevas sentencias contra el Gobierno de esa comunidad y el Obispado canario por despido ilegal.

En el primer fallo, la magistrada Pilar Varas García da la razón a la profesora Araceli Gómez Jaen, que ya había sido despedida varias veces de su trabajo y repuesta otras tantas por sentencia judicial que condenaba a los demandados por "vulneración del derecho de huelga y del derecho a la tutela judicial efectiva" y les obligaba a indemnizar a la profesora, también con reiteración, por los daños morales.

Pese a esas sentencias, la profesora Gómez Jaen perdió de nuevo su trabajo en este curso al no ser incluida por el obispado en la lista de docentes elevada al Gobierno para su contratación. En el fallo de la nueva demanda, la juez Varas reitera la vulneración de derechos fundamentales y condena a la Consejería de Educación y al Obispado a readmitir a Gómez Jaén y a indemnizarla con 12.020 euros en concepto de "daños y perjuicios".

La otra sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Las Palmas da la razón al profesor Martín Suárez Quesada, despedido por su militancia en la Confederación de Trabajadores-Intersindical Canaria, según el fallo, que declara la nulidad del despido "por vulneración del derecho a la libertad sindical", y condena a Gobierno y Obispado a la readmisión, al pago de los salarios de trámite y a indemnizar al demandante con 3.005 euros "por daños y perjuicios".