Acordada y mejorada

A la hora de calificar la nueva Ley de Industria Vasca, me viene a la memoria aquel concepto de la reforma agraria de "fincas manifiestamente mejorables", que es el que se ha aplicado en la tramitación de dicha ley. En estas misma páginas fui tremendamente crítico con el proyecto de ley, que califiqué de mezquino y corto en sus contenidos, desequilibrado y deficitario para modernizar nuestro aparato productivo, básicamente unidimensional, centrándose en la seguridad industrial y olvidándose de la calidad, la innovación y la sostenibilidad. etc.

Pero, sobre todo, me pareció aún más grave...

A la hora de calificar la nueva Ley de Industria Vasca, me viene a la memoria aquel concepto de la reforma agraria de "fincas manifiestamente mejorables", que es el que se ha aplicado en la tramitación de dicha ley. En estas misma páginas fui tremendamente crítico con el proyecto de ley, que califiqué de mezquino y corto en sus contenidos, desequilibrado y deficitario para modernizar nuestro aparato productivo, básicamente unidimensional, centrándose en la seguridad industrial y olvidándose de la calidad, la innovación y la sostenibilidad. etc.

Pero, sobre todo, me pareció aún más grave la ausencia de participación de los agentes sociales en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de las políticas industriales. Se trataba de un proyecto conservador, jacobino, centralista, que optaba por la tribalización, privatización e incluso individualización de la escasa política industrial.

Cuando la política aborda los problemas reales, se sale de la aburrida dialéctica identitaria

El abandono de las políticas industriales ha sido una tendencia dominante, pero errónea

La importancia estratégica de una adecuada Ley de Industria para hacer realidad un autogobierno que posibilite un mayor bienestar de la ciudadanía vasca, no me ofrece ninguna duda. Lo afirmo consciente de las limitaciones competenciales de intervención economía de nuestro autogobierno. Nuestras tareas se concretan en la promoción de la innovación tecnológica, de la necesaria cualificación del mercado de trabajo, en la obligada creación de infraestructuras vinculadas al ámbito de la tecnología y de las redes institucionales de apoyo a la empresa privada. Puede parecer formalmente insuficiente. En la práctica, si hay voluntad de realizar políticas industriales activas, la importancia de un marco legal adecuado y participativo es vital para la necesaria modernización de la economía vasca.

El abandono de las políticas industriales es una de las tendencias dominantes de la mayoría de los gobiernos. Así lo denunció la Comisión Europea ya en el 2002, a la hora de valorar la política industrial en la Europa ampliada, reconociendo con gran crudeza que "el interés de los políticos se ha desviado algo de la industria al considerarse , desde posiciones no por muy generalizadas menos erróneas que, en la economía del conocimiento y en las sociedades de la información y los servicios, la industria ha dejado ya de desempeñar el papel fundamental que antes se le reconocía".

Aterrizando en nuestra realidad vasca, la partida economía de gasto presupuestario destinado a política industrial viene disminuyendo año tras año, del 2,53% del gasto total en 2000, 1,37% presupuestado para 2005. En esta misma linea es preocupante la pérdida de peso en relación con el empleo de nuestro sector industrial, que ocupaba en 1998 al 30,14 % de los empleados y en 2003 al 27,58%. Lo mismo se puede afirmar de la pérdida de peso de la industria en el crecimiento económico. Tengo la sensación que las llamadas "devaluaciones fiscales competitivas", que Europa las ha rechazado por considerarlas "ayudas de Estado" y contrarias a la armonización fiscal y la libre competencia, han sido la estrella, no afortunada, de política industrial.

¿En qué ha mejorado la ley? En la tramitación parlamentaria la ley ha conseguido consenso prácticamente unánime (excepción de los sucesores de HB). ¡Qué poca transcendencia mediática tienen entre nosotros los acuerdos entre fuerzas políticas, y menos aún cuando se trata de temas socio-económicos! Se ha recuperado el derecho a la participación de los agentes sociales, condición necesaria para la creación de elementos de confianza mutua, de complicidad entre actores, empresas, trabajadores y sindicatos, autoridades públicas, instituciones de investigación.

Se contempla la planificación estratégica como contenido clave en un momento de incertidumbre y como instrumento para la creación de un entorno productivo y de un mercado de trabajo adecuado para atraer inversiones y generar tejido empresarial. Se introduce el concepto de responsabilidad social corporativa que mas allá del marketing cosmético debiera convertirse en un instrumento de cooperación de las empresas con la sociedad. Finalmente se contempla la necesidad de que el Gobierno establezca políticas contra las deslocalizaciones.

Desde mi sensibilidad social y desde mi civismo democrático, agradezco, de modo especial al parlamentario socialista Jesús Loza, su trabajo en el resultado de esta Ley. Pero, sobre todo, lo que más me satisface, además de la mejora del contenido de la ley, es comprobar que el pacto y el acuerdo, la participación y la colaboración han sido un mecanismo útil, que desgraciadamente es excepcional en la política vasca. Cuando la política aborda con realismo y voluntad de eficacia los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi y se sale de la desgraciada y aburrida dialéctica de conflictos de identidades que la anquilosan y la hacen improductiva, es posible avanzar por otros caminos más transversales, más plurales, más integradores y, sobre todos, más productivos. Es lo que la sociedad vasca necesita: una nueva cultura política.

Esta ley abre una perspectiva de trabajo que no es otra cosa que realizar juntos una apuesta colectiva que aborde los problemas estructurales de nuestras empresas en la búsqueda de una mayor competitividad. Y aquí está el problema. Frente a un modelo competitivo de expansión de cortas miras, de baja productividad, de empleo precario, de bajo salarios, de deterioro de las condiciones de trabajo, de escasa cualificación de la mano de obra, de poca inversión en innovación tecnológica de ausencia de política industrial y de débiles condiciones de trabajo, es preciso crear entre todos un modelo alternativo para lo cual el dialogo social, la negociación y el acuerdo, participación y el compromiso interinstitucional y de los agentes sociales es preciso alcanzar y conquistar. El modelo anteriormente descrito tiene los pies de barro y los días contados.

La Confederación Europea de Sindicatos ha demandado en varios documentos y resoluciones la puesta en marcha en el ámbito europeo de una política industrial innovadora, mediante el apoyo a los servicios de interés general; el incremento y una mayor coordinación europea de los recursos en I+D; el aumento de los gastos, públicos y privados, en formación de los trabajadores; la incorporación de la dimensión regional a dicha política industrial; la combinación de políticas horizontales y sectoriales especificas de apoyo a la industria; la creación de un marco de referencia para la práctica de una efectiva responsabilidad social corporativa; un programa de apoyo, sobre todo con nuevas fuentes de financiación, a la pymes; la participación efectiva de los interlocutores sociales, a todos los niveles, en la puesta en práctica de dicha política industrial. Esta es una buena hoja de ruta y un buen programa de política industrial. Una buena utilización de la ley hará eficaz y efectiva la apuesta por el cambio de nuestro modelo productivo.

Me viene a la memoria al respecto una declaración del ex comisario europeo E. Liikanen: "Durante lo años 90 se pensaba que los servicios están en condiciones de tirar de la economía. Era un error. Hemos comprendido la necesidad de cambiar de política".

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.