Educación eliminará con un decreto la prueba nacional para profesores universitarios

La última prueba nacional (habilitación) para profesores funcionarios se celebrará en la primavera de 2005 y "será amplia, para no paralizar a la universidad", según explicó el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez. La habilitación fue una de las medidas más polémicas entre las que recogía la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Para celebrar aquellos exámenes se movilizaban tribunales por toda España integrados por titulares o catedráticos universitarios de cada disciplina que debían permanecer fuera de su puesto de trabajo largas temporadas; también era un proceso largo y c...

La última prueba nacional (habilitación) para profesores funcionarios se celebrará en la primavera de 2005 y "será amplia, para no paralizar a la universidad", según explicó el secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez. La habilitación fue una de las medidas más polémicas entre las que recogía la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Para celebrar aquellos exámenes se movilizaban tribunales por toda España integrados por titulares o catedráticos universitarios de cada disciplina que debían permanecer fuera de su puesto de trabajo largas temporadas; también era un proceso largo y costoso económicamente para los que se examinaban; y en ocasiones se puso en cuestión la solvencia de los jueces para evaluar la capacidad de los aspirantes. El ministerio ha calculado que organizar en una universidad una sola de estas evaluaciones costaba entre 65.000 y 80.000 euros.

Para el ministerio era "urgente" echar abajo este sistema que será sustituido, presumiblemente, por una evaluación que mida los méritos de cada candidato en el momento de optar a la plaza. Los detalles se redactarán en una nueva ley universitaria que recogerá modificaciones como las que aprobó ayer el Consejo de Coordinación Universitaria en dos decretos más: el de Grado y el de Posgrado, que definen las nuevas titulaciones para ir adaptando los estudios superiores a un sistema europeo común, un proceso que deberá estar listo en 2010.

Las nuevas carreras tendrán entre 180 y 240 créditos europeos. Éstos miden el trabajo desarrollado por el estudiante, no sólo las horas de clase, y cada uno equivale a unas 25 o 30 horas de trabajo. Contadas en meses las carreras serán de tres o cuatro años y conducirán a un único título, el de Grado, con el que se extinguen el de diplomado, licenciado, ingeniero y arquitecto. La misma titulación tendrá idéntica duración en todas las universidades y también una parte común que fijará el Gobierno. Esta intervención estatal afectará como mínimo al 50% del contenido académico y como máximo al 75%, "un margen flexible entre lo obligatorio y lo prohibido", según la interpretación de Ordóñez. Las universidades podrán diseñar así hasta la mitad de algunas titulaciones.

El decreto que desarrolla la LOU establece, dependiendo de los títulos, una intervención estatal mínima del 60% y máxima del 75%.

Hacia Navidades, explicó Ordóñez, se elaborará el decreto con el catálogo de los nuevos títulos. Los decretos de Grado y Posgrado aprobados ayer en el Consejo con el apoyo unánime de la comisión académica "cierran el marco del proceso de Bolonia en España". Los estudios de Posgrado incluyen el título de Máster, que se estudiará en un segundo ciclo universitario con un mínimo de 60 créditos y un máximo de 120.

Con este título se podrán iniciar estudios de Doctorado a los que también se accederá una vez cursados 60 créditos en programas oficiales de posgrado. En total, el estudiante deberá haber cursado un mínimo de 300 créditos entre estudios universitarios de Grado y Posgrado para hacer el Doctorado.

Salvador Ordóñez, subrayó el consenso logrado para estas normas e insistió en el profundo cambio al que debe someterse la Universidad. "Van a ser muy novedosos para la vida universitaria estos nuevos títulos, el Grado está dirigido fundamentalmente a profesionales; el Máster, a especialistas y el Doctorado, a investigadores", aclaró. Para Ordóñez, es importante es la equiparación con los estudios europeos, que permitirá a profesores y alumnos "moverse libremente". "Podremos hacer realidad eso de empezar la carrera en Atenas y acabarla en Amsterdam, pasando por Jerez de la Frontera".

Por último, ayer se definió la composición de la comisión de expertos que se encargará de elaborar un marco de referencia para una financiación estable de la Universidad. Estará formada por cuatro personas designadas por los rectores, otras cuatro que nombrarán los consejeros de las comunidades autónomas, tres por el Gobierno y dos por los miembros del Consejo de Coordinación Universitaria que representan al Congreso y al Senado. Lo coordinará la secretaría general del Consejo.