El 60% de los estudiantes de Barcelona va a la concertada
Si el peso de la red concertada en Cataluña es importante, en la ciudad de Barcelona estos centros tienen una presencia aún mayor: en este curso 2004-05 el 60% de los alumnos de cero a 18 años va a escuelas privadas que reciben fondos públicos. El mapa educativo de la ciudad, que acoge casi 500 escuelas concertadas, evidencia que el apoyo de los anteriores gobiernos, en manos de CiU, fue determinante para su desarrollo y consolidación.
En el año 2003, por ejemplo, la red concertada recibió una cuarta parte de los 2.500 millones de euros que manejaba de presupuesto el entonces llamado De...
Si el peso de la red concertada en Cataluña es importante, en la ciudad de Barcelona estos centros tienen una presencia aún mayor: en este curso 2004-05 el 60% de los alumnos de cero a 18 años va a escuelas privadas que reciben fondos públicos. El mapa educativo de la ciudad, que acoge casi 500 escuelas concertadas, evidencia que el apoyo de los anteriores gobiernos, en manos de CiU, fue determinante para su desarrollo y consolidación.
En el año 2003, por ejemplo, la red concertada recibió una cuarta parte de los 2.500 millones de euros que manejaba de presupuesto el entonces llamado Departamento de Enseñanza de la Generalitat. El exceso de apoyo a la red concertada, frente a la pública, a lo largo de los años, junto con la sospecha de que una minoría de estos centros, algunos de ellos de élite, cobraban cuotas a las familias, a pesar de suscribir el régimen de concierto -que obliga a ofrecer los servicios de enseñanza en régimen de gratuidad-, derivó en protestas de sindicatos, asociaciones de padres y partidos de la oposición.
En esa situación, en 2002 el Parlamento de Cataluña conminó al Departamento de Enseñanza, entonces dirigido por la convergente Carme-Laura Gil, a elaborar una inspección para aclarar, de una vez por todas, el alcance de los supuestos cobros irregulares desde la concertada.
Más tarde, en abril de 2003, 17 directores de escuelas públicas de la provincia de Tarragona decidieron dimitir en bloque en protesta porque consideraban que la Generalitat apoyaba en exceso a la red concertada. Ahora, el Gobierno tripartito quiere unificar esfuerzos entre unos y otros: "Todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad de la Adminitración o privada, deben garantizar una escolarización básica universal y gratuita", subraya un portavoz del actual departamento de Educación, para quien "todos los centros tienen derechos y deberes que cumplir".