Berlusconi podrá seguir siendo dueño de todo su imperio
Aprobada la ley sobre conflictos de intereses
La ley italiana sobre conflicto de intereses fue finalmente aprobada ayer de forma definitiva con 268 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones. Los parlamentarios acordaron el texto 1.153 días después de que Berlusconi declarase, al inicio de la legislatura, que sería una realidad antes de que pasasen 100 días. Con la nueva legislación, el primer ministro podrá seguir siendo el propietario de su imperio mediático, aunque tendrá que abandonar su gestión.
Esta ley, de la que se habla desde hace diez años, es la primera en Italia que regulará la concentración en una sola persona de in...
La ley italiana sobre conflicto de intereses fue finalmente aprobada ayer de forma definitiva con 268 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones. Los parlamentarios acordaron el texto 1.153 días después de que Berlusconi declarase, al inicio de la legislatura, que sería una realidad antes de que pasasen 100 días. Con la nueva legislación, el primer ministro podrá seguir siendo el propietario de su imperio mediático, aunque tendrá que abandonar su gestión.
Esta ley, de la que se habla desde hace diez años, es la primera en Italia que regulará la concentración en una sola persona de intereses económicos privados y de cargos públicos. La norma afectará al primer ministro, al vicepresidente, los ministros, viceministros, subsecretarios, comisarios extraordinarios del Gobierno, presidentes de las provincias y a los alcaldes de ciudades o localidades de más de 300.000 habitantes.
La ley ha sido redactada por Franco Frattini (Forza Italia), y en ella se definen los casos en los que hay conflicto de intereses: cuando se realiza (o se omite) un acto de Gobierno (o un acto con valor de ley) que determina una ventaja patrimonial para un miembro del Gobierno, su cónyuge o algún pariente hasta el segundo grado, al mismo tiempo que conlleva un daño para el interés público. El control de los eventuales casos de incompatibilidad correrá a cargo de la Autoridad Antimonopolio en los casos generales de propiedad industrial. En el caso de las actividades editoriales, la competencia recaerá sobre la Autoridad Garante de las Comunicaciones, que podrá sancionar a las empresas con multas equivalentes a la ventaja económica derivada del acto en conflicto. Además, las sanciones políticas contra los miembros del Gobierno y las eventuales decisiones sobre la anulación de los actos serán controladas por el Parlamento.
Con esta nueva legislación, Silvio Berlusconi, el hombre más rico de Italia, podrá seguir siendo primer ministro y al mismo tiempo propietario de Mediaset, su gigantesco grupo mediático, que cuenta con varias televisiones, editoriales y periódicos, siempre y cuando no lo gestione personalmente. Por otra parte, el jefe del Gobierno podrá continuar a la cabeza del equipo de fútbol Milan A. C., ya que la ley no prevé ninguna incompatibilidad en este caso.
Los efectos políticos de la aprobación de la Ley de Conflicto de Intereses no se hicieron esperar. Mientras los miembros de Forza Italia, el partido de Berlusconi, se congratulaban, Luciano Violante, el líder en el Parlamento de los Demócratas de Izquierda, declaró: "Es una ley que no sirve para nada y que denunciaremos ante el Parlamento Europeo porque va en contra de todas las directivas europeas".
El secretario general de la Federación Nacional de la Prensa Italiana, Servente Longhi, declaró que "esta ley, junto a la ley Gasparri sobre la concentración mediática que permitió a Berlusconi no vender la cadena de televisión Rete4, y otras iniciativas que penalizan la prensa escrita, las televisiones y la radio que están fuera del control de Berlusconi, refuerzan los intereses del primer ministro y perjudican cualquier posibilidad de garantizar el pluralismo y el derecho de los ciudadanos a ser informados".
La aprobación del texto se enmarca en la reunión, estos días, de la Casa de las Libertades, la coalición de Gobierno de Berlusconi, sumida en una grave crisis. La decisión aparece como un intento de calmar los ánimos de Marco Follini (Unión de Demócratas Cristianos). Follini insistía sobre la aprobación de esta ley en una carta que mandó el pasado sábado a Berlusconi y en la que enumeraba sus exigencias para que permanezca en el Gobierno. La UDC se reunirá el viernes para decidir de su eventual salida.