El 'pelotazo' de los salesianos
Socialistas e IU acusan a los religiosos de buscar plusvalías inmobiliarias de 30 millones con apoyo del Gobierno navarro
¿Pelotazo urbanístico o ayuda institucional para compensar casi un siglo de dedicación educativa? La izquierda navarra se moviliza estos días y critica que los religiosos salesianos pretenden ejecutar un pelotazo urbanístico con la ayuda del Gobierno de Navarra cuyos beneficios económicos podrían alcanzar los 30 millones de euros, según el secretario general de los socialistas navarros, Juan José Lizarbe. IU opina lo mismo, mientras que el consejero de Vivienda, José Andrés Burguete, lo niega tajantemente y afirma que las acusaciones son "un insulto a la inteligencia".
La virulen...
¿Pelotazo urbanístico o ayuda institucional para compensar casi un siglo de dedicación educativa? La izquierda navarra se moviliza estos días y critica que los religiosos salesianos pretenden ejecutar un pelotazo urbanístico con la ayuda del Gobierno de Navarra cuyos beneficios económicos podrían alcanzar los 30 millones de euros, según el secretario general de los socialistas navarros, Juan José Lizarbe. IU opina lo mismo, mientras que el consejero de Vivienda, José Andrés Burguete, lo niega tajantemente y afirma que las acusaciones son "un insulto a la inteligencia".
La virulenta controversia política se ha originado ante el deseo de los salesianos de vender el solar que ocupa su colegio, 15.000 metros cuadrados en pleno centro de Pamplona. En los últimos cinco años más de 1.500 jóvenes se han quedado sin poder ingresar en el colegio, dedicado a la Formación Profesional, por falta de instalaciones, según asegura su director, Felipe Alcalde.
El centro, conocido también como Salesianos, posee la Medalla de Oro de Navarra por sus 75 años de dedicación a la enseñanza de miles de jóvenes de extracción humilde. Ahora necesita 42 millones de euros para construir un nuevo edificio en las afueras de Pamplona, más moderno y adaptado a las nuevas necesidades industriales. Para conseguir el dinero, pactó con la inmobiliaria local Construcciones Flores levantar viviendas en sus terrenos, muy codiciados por su céntrica ubicación. Todo normal, si no fuera porque una enmienda presentada recientemente al proyecto de ley foral de Vivienda que debate el Parlamento navarro permitirá a los religiosos y a la inmobiliaria dedicar todas los pisos a dúplex de lujo, saltándose la vigente ley de Ordenación del Territorio, que obliga a construir un 50% de vivienda protegida en suelos recalificados.
La responsable de la constructora, Conchita Flores, está imputada por el juzgado de Aoiz en el caso Gallipienzo de presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Egüés, que ha salpicado a dirigentes de UPN. Los salesianos tienen un acuerdo no cerrado con Egüés para adquirir una parcela de 80.000 metros cuadrados en ese municipio.
Respeto municipal
El Gobierno afirma que su enmienda, que fue aprobada pese al voto en contra de PSN, IU, Aralar y EA (el PNV se abstuvo), mantiene la reserva legal del 50% de VPO, pero respeta la autonomía municipal para que sean los ayuntamientos quienes decidan si se construye "en el mismo sector donde se modifica el plan o en otro".
La izquierda no lo ve así. Dirigentes de IU se han manifestado ante el edificio de Salesianos bajo el lema No al pelotazo político; UPN-CDN Espekulazioaren bidetik. El PSN ha interpelado a Sanz para que explique la enmienda. Lizarbe asegura que el Gobierno foral "se ríe de la gente que espera una vivienda pública" y crea un peligroso precedente para saltarse la ley y diseñar ciudades donde los pisos de lujo ocupan el centro y las casas protegidas son relegadas al extrarradio.
"Si prospera el actual proyecto de ley, el valor del suelo que ocupa actualmente Salesianos se reduciría a la mitad, lo que haría inviable el nuevo centro", alega Jesús Heras, abogado de los religiosos. UPN y CDN niegan que su enmienda se haya hecho pensando en el colegio. No obstante, el 31 de mayo los responsables de Salesianos presentaron una enmienda propia a todos los partidos. El director del centro, Felipe Alcalde, estimó "que deben ser los municipios los que marquen las zonas donde deben situarse las dotaciones y servicios, y no el Parlamento". Cinco días después el Gobierno aprobaba esa misma fórmula.
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