Descharnes demandará en Estrasburgo a la Fundación Dalí
José Briones, abogado de Robert Descharnes, el más antiguo y cercano de los colaboradores de Salvador Dalí, de quien se cumple el centenario el próximo 11 de mayo, anunció ayer que va a presentar demanda por violaciones a los derechos fundamentales de su cliente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El largo litigio entre Descharnes y la Fundación Dalí tiene su origen en 1986, cuando el pintor decidió ceder los derechos de explotación de su obra a la sociedad Demart, regida y administrada por Robert Descharnes, hasta 2004. El contrato quedó subordinado a su aprobación po...
José Briones, abogado de Robert Descharnes, el más antiguo y cercano de los colaboradores de Salvador Dalí, de quien se cumple el centenario el próximo 11 de mayo, anunció ayer que va a presentar demanda por violaciones a los derechos fundamentales de su cliente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El largo litigio entre Descharnes y la Fundación Dalí tiene su origen en 1986, cuando el pintor decidió ceder los derechos de explotación de su obra a la sociedad Demart, regida y administrada por Robert Descharnes, hasta 2004. El contrato quedó subordinado a su aprobación por el Estado, el cual, después de sugerir modificaciones, lo aprobó el 19 de febrero de 1987.
La decisión de acudir a Estrasburgo llega tras lo que Briones califica como "una serie de injustas y parciales sentencias judiciales, todas ellas dictadas por la misma sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo", que a su juicio culminan "una situación de acoso institucional por parte del Estado español tanto contra Descharnes como contra su sociedad, Demart Pro Arte, B.V., intentando borrarlos de la memoria y del pasado daliniano".
La última sentencia que según Demart ampara ese "acoso" se remonta al 25 de marzo pasado, cuando el Supremo "deja totalmente indefensos a Demart y Descharnes frente a las actuaciones materiales ilegales de carácter público" que, según Briones, "tratan de consumar el despojo de los derechos, confirmando el auto inicial de inadmisión que había dictado la Audiencia Nacional nada menos que en 1999".
La fundamentación de la sentencia afirma que en este caso "la Administración aplica la autotutela administrativa [la facultad de imponer una decisión pública] al campo de las relaciones inter privatos". Afirmación que, para Briones, es "ilegal e insostenible en el derecho administrativo moderno".
Descharnes y Briones confían en que la justicia internacional, "más alejada e independiente del poder del Estado, tendrá oportunidad de dictar sentencias que restablezcan la legalidad de una situación que nunca debía haberse producido".