El Gobierno vulneró la ley sobre inversión en cultura, según el Tribunal de Cuentas

El Gobierno incumple la obligación establecida por ley de financiar el patrimonio cultural con un 1% del presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado siempre que sea superior a los 600.000 euros (100 millones de pesetas) y no afecte a la seguridad. El Tribunal de Cuentas denuncia, en un reciente informe, el generalizado incumplimiento de la norma en el periodo auditado de 1999 a 2001. El estado dejó de gastar 84 millones de euros (14.000 millones de pesetas) correspondientes al 1% de la inversión efectuada en obras públicas.

El informe del Tribunal de C...

El Gobierno incumple la obligación establecida por ley de financiar el patrimonio cultural con un 1% del presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado siempre que sea superior a los 600.000 euros (100 millones de pesetas) y no afecte a la seguridad. El Tribunal de Cuentas denuncia, en un reciente informe, el generalizado incumplimiento de la norma en el periodo auditado de 1999 a 2001. El estado dejó de gastar 84 millones de euros (14.000 millones de pesetas) correspondientes al 1% de la inversión efectuada en obras públicas.

El informe del Tribunal de Cuentas recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, desarrollada por decreto un año después, establece que el 1% del presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado, siempre que sea superior a 600.000 euros y la obra no afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la seguridad, deberá destinarse a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística.

El desarrollo reglamentario de la norma fija dos opciones para que la entidad responsable de la obra abone los fondos correspondientes al 1%. Una de ellas consiste en realizar una transferencia de crédito al Ministerio de Educación y Cultura que, con dichos fondos, elabora planes anuales de enriquecimiento del patrimonio histórico y de fomento de la actividad artística. La otra opción consiste en que el responsable de la obra desarrolle directamente trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español, preferentemente en la propia obra o en su inmediato entorno.

De acuerdo con el artículo 60 del reglamento de la ley, el Ministerio de Cultura debe elevar al Gobierno anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Patrimonio Histórico.

El Tribunal de Cuentas resalta que los informes elaborados por el Ministerio de Cultura en relación con los años 1999, 2000 y 2001 indican que "no contienen información alguna sobre las empresas estatales que han realizado las obras públicas ni sobre qué cantidades pudieran haber sido transferidas o consignadas, en su caso, por estas empresas con motivo de las inversiones públicas que realizaron durante el periodo fiscalizado".

Respecto a los concesionarios del Estado, en los informes del Ministerio de Cultura se deja constancia expresa de que el cumplimiento de esta obligación ha sido nulo, como en ejercicios anteriores, durante 1999, 2000 y 2001, destaca el Tribunal de Cuentas.

Importe total de obras

El informe del Tribunal precisa que el importe total de las obras públicas de presupuestos superiores a 100 millones de pesetas, iniciadas en el periodo 1999-2001 por las entidades estatales analizadas que no han cumplido las obligaciones de la Ley de Patrimonio, ascendió a 2.322.168 millones de pesetas. La financiación del Estado de esas obras supuso 1.402.072 millones de pesetas siendo, por tanto, la cantidad total que debía haberse destinado al 1% cultural de 14.020 millones aproximadamente (84 millones de euros).

El informe añade que las obras públicas con presupuestos superiores a 100 millones de pesetas iniciadas por aquellas entidades con anterioridad al 1 de enero de 1999 y finalizadas en los años 1999-2001 ascendieron a 442.824 millones de pesetas. La financiación estatal de esas obras subió a 284.889 millones y el importe que debía haberse destinado al 1% cultural, según la Ley de Patrimonio Histórico, debía ascender a 2.848,9 millones de pesetas.

El Tribunal de Cuentas aclara que el volumen total de obras públicas de presupuestos superiores a 100 millones de pesetas iniciadas en el periodo 1999-2001 por empresas estatales que dependen del Ministerio de Fomento, cuyo titular es Francisco Alvarez-Cascos desde mayo de 2000, ascendió a 1.848.507 millones de pesetas. La cantidad total financiada por el Estado subió a 1.200.545 millones de pesetas y la cantidad que se debía haber destinado al 1% cultural era de 12.005 millones. El Tribunal de Cuentas pormenoriza que las entidades dependientes de Fomento que debían realizar mayores aportaciones culturales son AENA, con 5.171 millones de pesetas; el GIF, con 3.895 millones y Renfe, con 752 millones.

El Tribunal de Cuentas finaliza su informe con una recomendación a las empresas estatales para que "apliquen de modo riguroso" las obligaciones contraídas con el Patrimonio Cultural.