La Audiencia Nacional debatirá la jurisdicción española sobre el caso argentino el día 23

La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió ayer en un auto convocar vista pública el 23 de julio para debatir si España tiene jurisdicción para enjuiciar los crímenes de la dictadura militar argentina. La vista será decisiva para determinar si se puede celebrar el juicio oral abierto por el juez Baltasar Garzón contra el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo,acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas practicadas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. Scilingo se presentó en Madrid por voluntad propia y confesó su participación en los v...

La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió ayer en un auto convocar vista pública el 23 de julio para debatir si España tiene jurisdicción para enjuiciar los crímenes de la dictadura militar argentina. La vista será decisiva para determinar si se puede celebrar el juicio oral abierto por el juez Baltasar Garzón contra el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo,acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas practicadas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. Scilingo se presentó en Madrid por voluntad propia y confesó su participación en los vuelos de la muerte, a través de los cuales la dictadura argentina lanzó al Río de la Plata a numerosos opositores políticos.

La decisión de la sección tercera -integrada en razón de recusaciones por los magistrados de la sección segunda Fernando García Nicolás, Ricardo de Prada Solaesa y Jorge Campos- de convocar esta vista es el resultado de la solicitud planteada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según la ley, en la fase anterior a la celebración del juicio oral las partes pueden plantear lo que se llaman cuestiones de previo pronunciamiento. Entre ellas destaca la existencia o no de jurisdicción para juzgar los delitos.

Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha esperado este momento procesal, según fuentes jurídicas, como quien espera un duelo, desde que comenzó la investigación en 1996. Intentará sacar el máximo partido de una sentencia del Supremo en el caso Guatemala que interpreta de manera más restrictiva que la Audiencia -autos de 4 y 5 de noviembre de 1998- la jurisdicción de España en los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Según el Supremo, cabe la jurisdicción si las víctimas son españolas. En el caso de Scilingo, lo son.

El desenlace será relevante para el caso Cavallo, teniente de navío extraditado hace pocas semanas desde México a Madrid y sobre el que ayer el juez Garzón confirmó su prisión preventiva.