Fomento exige a Greenpeace una fianza por abordar un barco

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, comunicó ayer a la organización ecologista Greenpeace la apertura de un expediente sancionador por "dificultar las maniobras de aproximación y entrada en el Puerto de Valencia" del buque mercante Honour, al que permanecieron encadenados cinco activistas durante todo el pasado viernes para exigir una inspección de la carga, de la que sospechaban que incluía madera de bosques tropicales procedente de talas ilegales.

El expediente, según explicó ayer Greenpeace, incluye la exigencia de un aval o fianza...

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, comunicó ayer a la organización ecologista Greenpeace la apertura de un expediente sancionador por "dificultar las maniobras de aproximación y entrada en el Puerto de Valencia" del buque mercante Honour, al que permanecieron encadenados cinco activistas durante todo el pasado viernes para exigir una inspección de la carga, de la que sospechaban que incluía madera de bosques tropicales procedente de talas ilegales.

El expediente, según explicó ayer Greenpeace, incluye la exigencia de un aval o fianza por 330.500 euros, la cantidad máxima de la multa posible por la supuesta infracción de la legislación marítima. La ONG destacó que el expediente y la posible sanción adelantada en forma de aval "no tiene precedente", ya que hasta ahora Greenpeace se había enfrentado tras sus acciones de protesta a multas menores y a juicios por faltas de desobediencia como el que se celebra hoy contra los cinco activistas que abordaron el Honour y el capitán del Rainbow Warrior, buque insignia de la organización.

Greenpeace asegura que la Dirección General de Marina Mercante no permitirá la salida del Rainbow Warrior hasta que se deposite el aval bancario. Para la ONG, el expediente supone "la muestra más clara de persecución contra quienes defienden el medio ambiente". "Nos preguntamos qué intereses defiende el Gobierno español tratando de obstaculizar la labor de denuncia contra el tráfico de madera ilegal", declaró en un comunicado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.

Los ecologistas, que aún no han decidido si pagarán la fianza -el expediente se debe resolver en un plazo máximo de un año- destacaron también que el expediente lo firma José Luis López-Sors González, director general de la Marina Mercante, quien presentó su dimisión, no aceptada, a raíz de la catástrofe del Prestige.

"Seguiremos denunciando la entrada en España de madera ilegal y señalando a los responsables", avisó López de Uralde. Greenpeace recabó datos sobre el material transportado por el Honour durante la descarga en el Puerto de Valencia. Según el informe elaborado al respecto, varias de las empresas cuyos logos y siglas aparecían en la madera desembarcada en Valencia han sido acusadas o multadas por el Gobierno de Camerún, origen de la carga, por no respetar la legislación forestal del país africano.

Fomento confirmó la apertura del expediente y la imposición del aval como "medida cautelar" en la que el Rainbow Warrior supone la garantía hasta el pago de la fianza.