El tabaco extremeño echa humo

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene ultimada la propuesta para iniciar el proceso de la privatización de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa). Sin embargo, frente a las previsiones de hacerla pública estos días, lo más probable es que esa convocatoria de privatización deba esperar. Cultivadores, sindicatos y Gobierno regional extremeño se han opuesto al inicio de ese proceso y quieren tener la seguridad de que la privatización de la compañía no podrá en peligro el futuro del empleo y del sector.

Para el diputado socialista extremeño Franciso Amar...

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene ultimada la propuesta para iniciar el proceso de la privatización de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa). Sin embargo, frente a las previsiones de hacerla pública estos días, lo más probable es que esa convocatoria de privatización deba esperar. Cultivadores, sindicatos y Gobierno regional extremeño se han opuesto al inicio de ese proceso y quieren tener la seguridad de que la privatización de la compañía no podrá en peligro el futuro del empleo y del sector.

Para el diputado socialista extremeño Franciso Amarillo, el tabaco es una producción clave y, en muchos casos insustituible en la comunidad autónoma, razón por la cual la privatización de Cetarsa no puede ser una decisión unicamente de la SEPI, sino consensuada con la Junta de Extremadura. Teófilo Moreno, responsable de la sección tabaquera de UPA, considera que existe un compromiso entre Agricultura y la Junta para mantener negociaciones antes de su privatización. Mientras no se fijen esas condiciones, la Junta y los productores coinciden en rechazar la privatización antes de conocer el futuro del tabaco tras la reforma prevista el próximo otoño.

El plan de ajuste previo a su venta ha supuesto el cierre de cuatro plantas y un recorte de plantilla de 420 trabajadores por 22 millones de euros

La privatización de Cetarsa ha sido motivo de interés en los últimos meses por parte de los grupos tabaqueros multinacionales que operan en España, como Universal (con su filial Taes), Standard (con World Wide Tobacco) o Dimon (con Agroexpansión). En todos los casos, la compra de Cetarsa se considera como la vía más fácil para crecer en España, un país en el que no acaban de despegar

Cetarsa es una empresa pública constituida en 1987 para operar en el sector del tabaco para la compra y transformación de tabaco en rama. Tiene una capacidad para manipular producto por unas 60.000 toneladas, frente a una cuota de producción nacional de solo 42.000 toneladas, la mayor parte de las cuales se hallan en Extremadura. A pesar de la competencia de las multinacionales, sigue manteniendo el 70% del mercado y supone una garantía de precios y compras al productor. Su accionista mayoritario es la SEPI, con el 79,18%, y Altadis, con el 20,82%.

Plan de ajuste

Desde el primer momento, la Administración popular puso a Cetarse entre las empresas que dcebían privatizarse, justificando la decisión como la mejor vía para garantizar su futuro y el del cultivo del tabaco en Extremadura. Para ello, estimó prioritario poner en marcha un plan de reestructuración con ajuste de plantas y de personal.Para ello contaba con unas reservas de 35 millones de euros. El objetivo era lograr una empresa más competitiva que garantizara el futuro de los tabaqueros y de la propia industria. Según Pablo Oliveras, vicepresidente de la SEPI, en el futuro proceso de privatización lo de menos será el precio y lo más importante que haya un proyecto industrial y el mantenimiento del empleo.

Durante el último año, la SEPI ha desarrollado un plan de futuro que contempla los cierres de las plantas de transformación de Granada, Plasencia Jarandilla y Jaraiz. Estas dos últimas han quedado sólo como almacenes. Se mantienen las plantas industriales de Coria,Talayuela y Navalmoral. Igualmente, se suscribió en junio de 2002 un acuerdo con los sindicatos para la regulación de empleo que afectaba a 1.171 trabajadores, entre fijos y discontinuos. El cumplimiento de esos acuerdos ha supuesto el pago de 22 millones de euros entre jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas de 420 trabajadores. Este plan de futuro prevé igualmente la promoción industrial en Granada y en Extremadura, por 13 millones de euros, así como compromisos para recolocación de trabajadores en nuevas empresas