La huella digital

En 1999, España sorprendió al mundo tratando de convertirse en el primer país en que se implantara la firma electrónica. Antes incluso de que se publicara la directiva europea al respecto, el Gobierno español aprobó, por el método de urgencia, un decreto- ley que regulaba esta instrumento, que se considera una condición indispensable para el desarrollo de la sociedad de la información. Y es que, por ejemplo, esta misma semana, el FBI desvelaba que el fraude por la Red se ha triplicado en 2002. La firma electrónica acabaría con este problema, ya que, básicamente, es un documento que acredita la...

En 1999, España sorprendió al mundo tratando de convertirse en el primer país en que se implantara la firma electrónica. Antes incluso de que se publicara la directiva europea al respecto, el Gobierno español aprobó, por el método de urgencia, un decreto- ley que regulaba esta instrumento, que se considera una condición indispensable para el desarrollo de la sociedad de la información. Y es que, por ejemplo, esta misma semana, el FBI desvelaba que el fraude por la Red se ha triplicado en 2002. La firma electrónica acabaría con este problema, ya que, básicamente, es un documento que acredita la identidad de una persona. Garantiza que quien envía un documento por vías electrónicas es quien dice ser, y que ése documento es el que es, y no ha sido manipulado.

El ministerio reconoce que la norma "era muy técnica y compleja". El proyecto actual amplía la contratación a las personas jurídicas

¿Cómo funciona, para un usuario, la firma digital? El ciudadano puede realizar determinadas gestiones con la Administración, pidiendo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (www.fnmt.es) un certificado digital. La petición puede realizarse por Internet, pero la Fábrica devuelve al usuario un código con el que debe presentarse físicamente en alguna de las oficinas que aparecen en la web. Después, el ciudadano debe descargarse, en el mismo ordenador en que realizó la petición, el certificado digital. Una vez terminado el proceso, el usuario puede comenzar a comunicarse, comprar o firmar contratos como si lo hicera en el mundo real. Al menos, en teoría.

Y es que tres años y medio después, la firma electrónica funciona de manera muy desigual. Ha tenido éxito en el pago de impuestos: más de un millón de españoles realizó el pasado año el proceso descrito en el párrafo anterior para hacer la declaración de la renta por Internet, el doble que en 2001, y la Agencia Tributaria prevé que el número alcance los 1,5 millones esta campaña. Pero no hay un único estándar de certificación -incluso hay varias clases de certificados-, lo que significa que el proceso que se realiza para comunicarse con la Administración "no sirve para comprar en una tienda electrónica", explica Paloma Llaneza, abogada especializada en telecomunicaciones. La descarga de certificados tampoco es la única manera de identificarse por la Red. Los ordenadores del propio Ministerio de Economía tienen, así, lectores de tarjetas, en los que los funcionarios introducen sus claves de identificación.Los expertos creen, en todo caso, que el problema es que los españoles aún no han percibido una ventaja clara en la utilización de la firma electrónica. La Renta es la excepción, ya que realizar y pagar los impuestos sin moverse de la silla frente al PC ofrece claras ventajas. En las compras por Internet, sin embargo, el interés de que se desarrolle la firma digital la tienen los comercios. Uno de los casos más típicos de fraude es la realización de compras con nombre y tarjeta falsos. Por eso, son siempre las asociaciones de comercios virtuales, más que los usuarios, los que reclaman la extensión de la firma digital.

El director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González-Echenique, asegura que, a día de hoy, se han expedido casi medio millón de firmas electrónicas en España, y que no se ha producido un solo problema. Pero también reconoce que la ley "era muy técnica y compleja", y que, al ser anterior a la directiva, había que adaptarla. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un nuevo anteproyecto de ley de firma electrónica.

¿Cuáles son las principales novedades del anteproyecto? Llaneza destaca dos: la ampliación de la contratación a personas jurídicas, y las normas que sientan las bases del DNI digital. En el primer aspecto, la idea del Gobierno es simplificar la relación de las pymes con la Administración y ahorrarles costes en tiempo, trámites, mensajeros... Se podrá, por ejemplo, solicitar becas, ayudas o subvenciones por la Red, y reclamar el registro de patentes y marcas. El Gobierno quiere dejar claro, en todo caso, que esta nueva norma no sustituirá a las personas físicas que, tradicionalmente, representan, registran o dan fe de las transacciones, como notarios o registradores. "Es cierto que la nueva tecnología replantea ciertas profesiones, pero no acabará con ellas", explica González-Echenique.

El DNI digital, mientras, es la eterna promesa. El Ministerio de Ciencia y el del Interior trabajan en el proyecto para incorporar un chip de identificación digital a todos los documentos de identidad españoles. Según los planes del Gobierno, podría comenzar a andar a principios de 2004.