El Síndic de Greuges denuncia que los servicios públicos para ancianos son insuficientes e inadecuados

Mínima, insuficiente e inadecuada. Éstos son algunos de los calificativos que utiliza el Síndic de Greuges para describir la atención que prestan las administraciones a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos. El informe anual del defensor del pueblo catalán supone un serio aviso a la Generalitat, pero también a la Administración local, sobre la falta de inversión pública en residencias geriátricas, centros de día y atención domiciliaria, y asegura que en Cataluña sólo se dedica a la atención a los ancianos el 0,18% del producto interior bruto (PIB), porcentaje que juzga insuficiente....

Mínima, insuficiente e inadecuada. Éstos son algunos de los calificativos que utiliza el Síndic de Greuges para describir la atención que prestan las administraciones a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos. El informe anual del defensor del pueblo catalán supone un serio aviso a la Generalitat, pero también a la Administración local, sobre la falta de inversión pública en residencias geriátricas, centros de día y atención domiciliaria, y asegura que en Cataluña sólo se dedica a la atención a los ancianos el 0,18% del producto interior bruto (PIB), porcentaje que juzga insuficiente.

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, recoge en un informe especial de 57 folios los graves problemas que afronta el cada vez más numeroso colectivo de ancianos. La falta de plazas en residencias públicas y la escasez de residencias concertadas es una de las críticas incluidas en el informe, donde se recuerda que sólo una de cada tres plazas geriátricas cuenta con alguna ayuda de la Administración.

El defensor del pueblo también señala que en algunos países, como Alemania y Francia, el número de plazas residenciales dobla el existente en Cataluña y que, pese a la promesa del Gobierno de la Generalitat de poner en marcha 7.000 nuevas plazas con financiación pública durante esta legislatura, la oferta "seguirá estando lejos de los niveles que pueden considerarse aceptables".

Pero el Síndic no sólo critica la falta de residencias. Los centros de día, una de las alternativas que la Generalitat dice promover para evitar que los ancianos tengan que acudir a un geriátrico, solamente benefician al 0,7% de los ancianos catalanes "y sólo la mitad de las plazas tienen financiación pública". Lo mismo ocurre con los servicios de telealarma, a los que sólo el 0,4% de los ancianos tienen acceso.

El informe también critica la actual política del Departamento de Bienestar Social y Familia, que prima la contratación de plazas privadas concertadas por encima de la construcción de residencias públicas. El Síndic constata que los precios que paga la Generalitat a las residencias privadas para que atiendan a los mayores son, en ocasiones, demasiado bajos. Esto, según el documento, "incentiva que estos centros fijen sueldos mínimos para el personal sanitario, con lo cual la falta de experiencia, la rotación constante y la desmotivación dificultan alcanzar unos mínimos de calidad en la atención prestada".

Atención domiciliaria

Capítulo aparte merece la atención domiciliaria, el servicio que más demanda tiene entre los ancianos. Pese a su buena acogida, las administraciones sólo prestaron en 1999 una media de 1,9 horas de atención domiciliaria a mayores dependientes. El Síndic afirma que esta cifra es "claramente insuficiente" y que, aunque este servicio es competencia de los ayuntamientos, la Generalitat no puede dejar sola a la Administración local en su prestación.

El conjunto de las carencias observadas en la atención a los mayores hace concluir al Síndic: "Estas cifras son suficientemente reducidas para afirmar que en nuestro país no se ha desarrollado todavía esta vertiente del Estado de bienestar que ya tiene gran importancia en otros países".

También recomienda a las administraciones públicas catalanas que desarrollen "lo antes posible" un "amplio" sistema de atención a los mayores que no pueden valerse por sí mismos e instar al Gobierno central para que tome "las decisiones necesarias" para su financiación.

En este sentido, el informe recuerda que el gasto público catalán en protección social representa el 17,5% del producto interior bruto, cuando la media europea es del 27,3%. El Síndic de Greuges atribuye esta diferencia al hecho de que "Cataluña recibe unos ingresos públicos muy inferiores a los que le corresponderían teniendo en cuenta su participación en el PIB del Estado".