Los astronautas del transbordador carecían de seguro de vida
Los astronautas del Columbia no tenían seguro de vida porque no existe una póliza que cubra riesgos en el espacio, por lo que el único recurso de indemnización que le queda a sus familias sería mediante una demanda contra los contratistas que construyeron y se encargaron del mantenimiento del transbordador. Así lo hicieron las familias de los tripulantes del Challenger y obtuvieron cerca de ocho millones de dólares. Pero la opción de acudir a los tribunales depende de si en el curso de la investigación se descubren pruebas de que Lockheed Martin y Boeing incurrieron en algún tipo...
Los astronautas del Columbia no tenían seguro de vida porque no existe una póliza que cubra riesgos en el espacio, por lo que el único recurso de indemnización que le queda a sus familias sería mediante una demanda contra los contratistas que construyeron y se encargaron del mantenimiento del transbordador. Así lo hicieron las familias de los tripulantes del Challenger y obtuvieron cerca de ocho millones de dólares. Pero la opción de acudir a los tribunales depende de si en el curso de la investigación se descubren pruebas de que Lockheed Martin y Boeing incurrieron en algún tipo de negligencia.
En el país de las demandas, el propio día del funeral, los juristas ya comenzaron a teorizar públicamente sobre las estrategias legales para conseguir una indemnización. La mayoría coincide en que probablemente a las familias les resulte más fácil obtener dinero en concepto de daños compensatorios que por daños punitivos, porque para este último escenario necesitarían probar la intencionalidad. En el caso de Lockheed Martin -empresa constructora del depósito del que se desprendió el material que supuestamente desencadenó el siniestro- tendría que demostrar además que conocía los riesgos y que los ocultó.
Los familiares no pueden pleitear contra el Gobierno federal (del que depende la NASA) porque está legalmente protegido contra demandas. Es posible, sin embargo, que el propio Gobierno se autoexcluya de esa exención e indemnice a las familias como hizo tras el desastre del Challenger, en 1986. En aquella ocasión pagó tres millones de dólares y el contratista que fabricó las juntas defectuosas, Morton Thiokol, pagó 4,8 millones de dólares tras un acuerdo extrajudicial con los demandantes.
Normalmente, los funcionarios federales están cubiertos por una póliza que el Gobierno contrata con empresas privadas de seguros, pero no es así en el caso de los astronautas, aunque seis de ellos eran miembros de las fuerzas armadas. De momento, las familias recibirán dinero de un fondo oficial y de las donaciones ciudadanas, que en situaciones de catástrofe suelen ser muy generosas, como se demostró en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.