El Gobierno aplaza hasta abril de 2003 la nueva tasa judicial

El Partido Popular ha aprovechado hasta el último minuto para introducir enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2003. Con una enmienda en el Senado, este grupo retrasó ayer tres meses la implantación de la tasa judicial que pagarán las grandes empresas por presentar demandas. También introdujo una novedad en las incompatibilidades fijadas para las auditoras que trabajen con cajas de ahorro.

En pleno debate sobre la Ley de Acompañamiento en la Comisión de Economía del Senado, el Partido Popular introdujo ayer seis nuevas enmiendas. La más importante consiste en ret...

El Partido Popular ha aprovechado hasta el último minuto para introducir enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2003. Con una enmienda en el Senado, este grupo retrasó ayer tres meses la implantación de la tasa judicial que pagarán las grandes empresas por presentar demandas. También introdujo una novedad en las incompatibilidades fijadas para las auditoras que trabajen con cajas de ahorro.

En pleno debate sobre la Ley de Acompañamiento en la Comisión de Economía del Senado, el Partido Popular introdujo ayer seis nuevas enmiendas. La más importante consiste en retrasar hasta abril la nueva tasa judicial incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Esta tasa, que en principio se iba a aplicar desde enero, establece un canon de entre 90 y 600 euros que habrán de pagar todas las empresas que facturen más de cinco millones de euros al año por presentar demandas judiciales.

Con la enmienda, la tasa no entrará en vigor hasta abril. El PP argumenta que para esa fecha ya se habrá dictado la orden de desarrollo de la ley y los modelos para abonar la tasa se habrán distribuido a todos los órganos jurisdiccionales afectados.

Las empresas obligadas a este pago abonarán además un porcentaje variable en función de la cuantía de la demanda. La tasa se aplicará en los recursos presentados por la vía de lo contencioso-administrativo, es decir, contra acciones de los organismos públicos, y por la vía civil.

Otra de las enmiendas del PP establece un plazo de seis meses para que las auditoras que presten servicios simultáneamente a las comunidades autónomas y a las cajas de ahorro rescindan sus contratos con las comunidades. La incompatibilidad entre ambas funciones quedó también establecida por una enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento.