El fuel recogido hasta ahora será eliminado por combustión
El vertido extraído del mar y de la costa supera ya las 2.500 toneladas
Los vertidos recogidos en las playas por los 600 trabajadores contratados por el Ministerio o por la Consejería gallega de Medio Ambiente y en alta mar por los buques anticontaminación Ailette, francés, y Rijndelta, holandés, ascienden ya a unas 2.500 toneladas. El fuel, y su mezcla con arena o agua, está siendo tratado por distintas empresas, pero la mayoría acaba en lo que oficialmente se denomina "generación", que no es otra cosa que su combustión.
Según el jefe de Contaminación Marina del Instituto Oceanográfico de Vigo, Juan José González, "lo malo de este ...
Los vertidos recogidos en las playas por los 600 trabajadores contratados por el Ministerio o por la Consejería gallega de Medio Ambiente y en alta mar por los buques anticontaminación Ailette, francés, y Rijndelta, holandés, ascienden ya a unas 2.500 toneladas. El fuel, y su mezcla con arena o agua, está siendo tratado por distintas empresas, pero la mayoría acaba en lo que oficialmente se denomina "generación", que no es otra cosa que su combustión.
Según el jefe de Contaminación Marina del Instituto Oceanográfico de Vigo, Juan José González, "lo malo de este fuel es que tiene casi el triple de azufre de lo habitual, por lo que afecta más a la contaminación atmosférica que a la marina. En algunos países está prohibida su utilización por eso".
Protección Medioambiental (PMA), Repsol, Forestal del Atlántico y Marpol son las sociedades que se encargan de gestionar los residuos, al precio de 90 euros la tonelada. Protección Medioambiental ha tenido varias sanciones de la propia administración autonómica gallega por infringir normas de protección ambiental. Radicada en la localidad de Lendo, en A Laracha (A Coruña), en ella quedan depositados la mayoría de los vertidos recogidos en la costa, es decir, los que van mezclados con arena. De hecho, la empresa se había encargado ya de destruir los vertidos del petrolero Mar Egeo, embarrancado en la Torre de Hércules, en la entrada de la ría coruñesa, hace 10 años, y que ocasionó el vertido de 80.000 toneladas de crudo.
Protección Medioambiental pertenece al grupo Epifanio Campo, y aunque en teoría es una empresa aparte, sus instalaciones no se distinguen del resto de la planta de Cerámicas Campo en la que está integrada. El método que utilizan para destruir el fuel es mezclarlo con arcilla, moler el producto resultante, darle forma de ladrillo y posteriormente cocerlo en el horno común. El producto final son unos materiales cerámicos de baja calidad, inertes, que en la empresa denominan "tochos", y que sirven únicamente para rellenos.
PMA-Cerámicas Campo es también concesionaria del tratamiento de aceites industriales y de neumáticos. Los primeros se filtran, se centrifugan y se queman, y los segundos se trocean y se envían a la planta que tiene Cementos Oural en Sarria (Lugo) para su incineración, lo que ha provocado protestas de ecologistas y vecinos de la zona.
Sanciones por infracciones
La Consejería de Medio Ambiente reconoce que PMA ha tenido varias sanciones por infracciones medioambientales, "pero, en principio, creemos que fueron por deficiencias en el almacenamiento de residuos", aseguraron ayer.
En efecto, en las instalaciones de la empresa de cerámica, algunas en estado más que precario, miles de neumáticos se amontonan junto a los productos de construcción, y los molinos, tolvas o extrusionadoras que usa PMA son las mismas que las de Cerámicas Campo. La "generación" es el destino de los residuos entregados a Portvigo o Enviroil, dos empresas del grupo Marpol, que los trata en la planta que tiene en el término municipal de As Somozas, cercano a Ferrol, y que tiene también la concesión del tratamiento de otros residuos peligrosos, como pilas eléctricas.
Forestal del Atlántico, perteneciente al grupo Tojeiro, envía también al horno los residuos que recibe en sus instalaciones de Mugardos, en la ría ferrolana. En esos terrenos se instalará una planta gasificadora pese a las protestas ciudadanas por considerar peligrosa su ubicación en el interior de una ría.
Parte de la recogida de los residuos, que cuesta 40.000 euros diarios, y el transporte hasta las plantas transformadoras están a cargo de Tragsa, la misma empresa que se encargó del traslado de cadáveres vacunos en el caso de las vacas locas. La oposición cuestionó ayer en el Parlamento autonómico que la contratación de trabajadores la haga Tragsa y no los ayuntamientos afectados, que podrían emplear a sus vecinos y ayudar así a paliar en parte los perjuicios económicos de la paralización de las actividades pesqueras.
El consejero de Pesca, Enrique López Veiga, señaló que se ha elegido esa opción porque ofrece mayor agilidad en la contratación de efectivos. López Veiga argumentó también que está demostrado que el rudimentario sistema de limpieza mediante cubos y palas es el que menos daño ocasiona al medio ambiente. "En el caso del Erika se utilizaron medios mecánicos, y fue peor el remedio que la enfermedad", añadió.
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