Zapatero impulsa reformas para endurecer las incompatibilidades de ministros y diputados

La colisión de intereses entre la actividad pública y la privada requiere una regulación más precisa y, sobre todo, más dura. Con esta tesis, el PSOE trabaja en un proyecto, dentro de su 'Plan de regeneración democrática', en el que somete al régimen de incompatibilidad a los presidentes de empresas cuya gestión esté controlada por el Estado, es decir, a las que todavía quedan por privatizar. También a los presidentes y miembros de organismos reguladores y de supervisión. Un nuevo organismo, sin dependencia jerárquica, controlará el cumplimiento de esta ley. El incumplimiento acarrearía el ces...

La colisión de intereses entre la actividad pública y la privada requiere una regulación más precisa y, sobre todo, más dura. Con esta tesis, el PSOE trabaja en un proyecto, dentro de su 'Plan de regeneración democrática', en el que somete al régimen de incompatibilidad a los presidentes de empresas cuya gestión esté controlada por el Estado, es decir, a las que todavía quedan por privatizar. También a los presidentes y miembros de organismos reguladores y de supervisión. Un nuevo organismo, sin dependencia jerárquica, controlará el cumplimiento de esta ley. El incumplimiento acarrearía el cese.

El caso Gescartera, donde casi 2.000 inversores perdieron todos sus ahorros debido a la deficiente labor de control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los manejos del dueño de la agencia, y el proceso de privatizaciones de empresas públicas por el PP ha movido al PSOE a tomar esta iniciativa

Junto a ello, los socialistas han comprobado que el régimen de incompatibilidades de los diputados, senadores y altos cargos durante su mandato o inmediatamente después puede hacer que se produzca una colisión entre intereses públicos y privados. Para 'mejorar la calidad democrática', el PSOE está preparando un bloque de medidas, todavía en fase de borrador, y en el que colaboran cuatro grupos de trabajo dirigidos por el portavoz parlamentario, Jesús Caldera, y coordinados por la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega.

El trabajo más avanzado se refiere a las incompatibilidades. Se modificaría la viegnte Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 1995, para ampliar su campo de acción, se crearían figuras nuevas y se endurecería el régimen sancionador. Entre otros afectados por la propuesta socialista, el régimen de incompatibilidades afectaría a los presidentes de las empresas que faltan por privatizar.

- Parlamentarios. Los parlamentarios no podrán participar en empresas cuyo objeto tenga relación con su tarea legislativa. Es decir, no se puede estar en una comisión que entienda del sector farmacéutico y tener intrereses en una empresa de ese sector.

- Presidentes. Se incluye en el régimen de incompatibilidades a los presidentes y miembros de los organismos reguladores y de supervisión y, en particular, a los presidentes y miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía. Asimismo, a quienes desempeñen puestos directivos de primer nivel de organismo públicos reguladores y de supervisión. Por último, a los presidentes de empresas cuya gestión esté controlada por el Estado, con independencia del porcentaje de participación estatal en su capital social.

- Inhibición. Se establece el deber de inhibición durante los dos años posteriores al cese de quien haya sido alto cargo y reingrese en la función pública cuando preste servicios retribuidos. Éstos pueden ser mediante honorarios, aranceles o cualquier forma de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado si el servicio solicitado guarda relación con las competencias del alto cargo ejercicio.

- Cónyuges y parejas. Se prohíbe a los altos cargos o a sus cónyuges, parejas de hecho, hijos dependientes o personas tuteladas poseer participaciones superiores al 10% en empresas que reciban subvenciones públicas.

- Más obligaciones. Se establecen más obligaciones sobre la declaración de bienes y derechos patrimoniales. Obligación de hacer una declaración de actividades en el momento del nombramiento y las que se hubieran desempeñado en los cinco años anteriores. El alto cargo hará una relación exhaustiva del objeto social de las empresas o sociedades en las que tenga intereses, así como su cónyuge.

- Control y gestión de valores. Se establece un régimen de control y gestión de valores, activos financieros y participaciones societarias de los miembros del Gobierno de la nación y secretarios de Estado, de manera que tengan que encomendar la gestión y administración de todos sus valores y activos a una entidad especializada, que realizaría su gestión de acuerdo con directrices generales de rentabilidad y riesgo.

- Acceso al registro de bienes. Las comisiones de investigación parlamentaria tendrán derecho a acceder al registro de bienes de los altos cargos y también se regulará, a través de los reglamentos del Congreso y del Senado, el acceso de diputados y senadores.

- Regalos. Se prohíbe a los altos cargos aceptar regalos de carácter significativo, por lo que se establecerá un límite. Se fijará un procedimiento para que conste el remitente del regalo y el destinatario, así como para resolver las dudas sobre la aceptación o no.

- Sanciones. Se tipificará como infracción muy grave el incumplimiento del régimen de incompatibilidades con independencia del daño causado a la Administración o a los intereses generales.

- Cese e inhabilitación. Las sanciones por falta grave provocarán la destitución inmediata del alto cargo y la inhabilitación para ser nombrado para otro cargo por tiempo determinado.

- El vigilante. Se propone la creación de un organismo encargado de la gestión y control del régimen de incompatibilidades de altos cargos con total autonomía funcional y sin dependencia jerárquica o administrativa.