La fiscalía apoya la recusación de un procesado a 8 jueces de la Audiencia

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la recusación del presidente y otros siete magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presentada por el militar Adolfo Scilingo, procesado por el juez Baltasar Garzón por su participación en delitos de genocidio y terrorismo ocurridos durante la dictadura militar argentina. Es la primera vez que se produce una circunstancia de estas características en la historia judicial española. El caso deberá ser resuelto por una sala especial.

Adolfo Scilingo es un militar que estuvo destinado, durante los años de la dictadura argenti...

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la recusación del presidente y otros siete magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presentada por el militar Adolfo Scilingo, procesado por el juez Baltasar Garzón por su participación en delitos de genocidio y terrorismo ocurridos durante la dictadura militar argentina. Es la primera vez que se produce una circunstancia de estas características en la historia judicial española. El caso deberá ser resuelto por una sala especial.

Adolfo Scilingo es un militar que estuvo destinado, durante los años de la dictadura argentina, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que se convirtió en el centro más conocido de torturas. Allí participó en los denominados 'vuelos de la muerte', en los que los marinos de la ESMA arrojaban al mar desde aviones en vuelo a los detenidos drogados, aunque todavía vivos. Scilingo confesó, primero en Argentina y luego ante el juez Garzón, que participó personalmente en dos de esos vuelos.

Vino para colaborar con la justicia y denunciar a sus compañeros de armas, los de la ESMA -Garzón tiene procesados a 121 en la causa del genocidio de Argentina-, pero el juez también le procesó a él y le metió en prisión preventiva.

'Caso Soria'

Mientras tanto, en la misma causa, los magistrados Francisco Castro, Luis Martínez de Salinas y Flor Sánchez, amparándose en un auto del Tribunal Supremo sobre el caso Otegi, denegaron la jurisdicción española para perseguir a Herman Julio Brady Roche, que fue ministro de Defensa en Chile en 1976 y estaba al mando de las tropas que supuestamente torturaron y asesinaron al español Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

El recurso contra esa decisión, interpuesto por el abogado Joan Garcés, en representación de la familia de Soria, debía ser resuelto por el pleno de la Sala de lo Penal, puesto que afectaba a la jurisdicción española para perseguir delitos de genocidio y terrorismo.

Sin embargo, Scilingo, que aprovechó para solicitar de nuevo su libertad, recusó a todos los magistrados de la Sala que ya resolvieron el 4 de noviembre de 1998 que España era competente para perseguir esos delitos. Se trata del presidente, Siro García, y los magistrados Carlos Cezón, Jorge Campos, Juan José López Ortega, Carlos Ollero, Manuela Fernández Prado, José Ricardo de Prada y Antonio Díaz Delgado. Otros tres magistrados, Francisco Castro, Ángela Murillo y Luis Martínez, ya se habían abstenido.

Lo extraño del caso no es la recusación de Scilingo, sino el apoyo del fiscal del caso, Pedro Rubira, con el visto bueno del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño. La fiscalía considera que se trata de preservar la imparcialidad objetiva, ya que los citados magistrados ya se pronunciaron sobre la competencia española y por ello 'formaron su convicción de culpabilidad'.

Sin embargo, los magistrados no están en el trámite de juzgar a Scilingo, sino de resolver en pleno si revocan o confirman el auto de la Sección Tercera que impedía perseguir a Herman Julio Brady por el genocidio de Chile en el que fue asesinado Soria. El asunto será ahora resuelto por una sala especial compuesta por el presidente de la Audiencia, los presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y más moderno de cada Sala.