Reportaje:DEBATE

El acto de la demolición entra a escena en Sagunto

Crece la polémica por el derribo de la obra nueva del teatro

Al margen de otras consideraciones, hay una sentencia que se ha de acatar y un compromiso electoral que se ha de cumplir. El PP contemplaba en su programa de 1995 la reversión de la obra encomendada por el Gobierno socialista. Así lo afirmó el pasado lunes la subsecretaria de Cultura, Carmina Nácher, quien, sola, sin un técnico a su lado, argumentó que los informes que obran en su poder, y que no ha hecho públicos, indican que la intervención es reversible en las gradas y gran parte del escenario. En consecuencia, se constituirá en un tiempo indeterminado una comisión de expertos en diversos ...

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Al margen de otras consideraciones, hay una sentencia que se ha de acatar y un compromiso electoral que se ha de cumplir. El PP contemplaba en su programa de 1995 la reversión de la obra encomendada por el Gobierno socialista. Así lo afirmó el pasado lunes la subsecretaria de Cultura, Carmina Nácher, quien, sola, sin un técnico a su lado, argumentó que los informes que obran en su poder, y que no ha hecho públicos, indican que la intervención es reversible en las gradas y gran parte del escenario. En consecuencia, se constituirá en un tiempo indeterminado una comisión de expertos en diversos campos para estudiar el modo de demoler la obra nueva y de reutilizar el espacio para actividades culturales.

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Se desconoce, por tanto, cómo y cuándo se realizará la nueva intervención y cuánto costará a la endeudada Generalitat volver el monumento al estado anterior. Pero sí se puede adelantar con seguridad la difusión internacional de la piqueta destruyendo con el dinero público una obra levantada con financiación de la Generalitat. Mientras tanto, el Teatro Romano languidece en las faldas de la montaña, sin capacidad de convertirse en revulsivo de la vida cultural, social y económica de un pueblo aletargado. Aunque peor suerte corre el castillo que corona el cerro, en un estado de patético abandono en el que ni los más conspicuos amantes de las ruinas podrían encontrar elementos románticos para su disfrute.

Tampoco es baladí la alusión al compromiso electoral de Nácher, pues éste venía a recoger el testigo de una destructiva campaña mediática protagonizada por un diario conservador de Valencia, el mismo que había azuzado el conflicto lingüístico. La derecha valenciana incorporó la polémica de la lengua y el Teatro Romano de Sagunto como dos piedras angulares de su agitación política, intrumentalizándolas y convirtiéndolas en casus belli.

En el caso del monumento nacional, el PP respaldó al abogado y ex diputado popular Juan Marco Molines en su particular cruzada contra la intervención de Grassi y Portaceli que finalmente ganó en los tribunales. Ahora, siempre sotto voce, militantes y cargos del PP cargan contra el hoy asesor de la presidenta de las Cortes. Molines no ha dudado en reclamar protagonismo, amenazando con pedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratificada por el Tribunal Supremo, si la Generalitat no anunciaba el derribo de la obra. El martes añadió que estará ojo avizor sobre el contenido de la programación del próximo festival Sagunt a Escena.

La resolución final incluso ha sorprendido al alcalde saguntino, Silvestre Borrás, del PP, quien ha reconocido que esperaba una actuación menos radical, más simbólica, para acatar la sentencia. En realidad era lo que se esperaba. Persiste la idea de que la Generalitat está manejando el tiempo y el coste político en la resolución del conflicto sobre el Teatro Romano. Anuncia la creación de una comisión que diltará el proceso y dictaminará sine die. Nácher, sin embargo, es firme: hay que cumplir la sentencia y desmontar la obra nueva, siempre que ello no perjudique a los vestigios anteriores. En su fallo, el Supremo considera que la intervención de Grassi y Portaceli no es una rehabilitación, sino una reconstrucción realizada sobre presupuestos metodológicos 'plenamente defendibles en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un criterio normativo (...) de la Ley de Patrimonio Histórico'.

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Desde el principio, la intervención, premiada en foros arquitectónicos y materia de estudio en algunas instituciones académicas, generó una viva polémica. Prestigiosos arquitectos y artistas redactaron en su momento un manifiesto en su defensa, pero también suscitó opiniones muy adversas en otros expertos. Entre los saguntinos se criticó sobre todo el gran muro que cierra el escenario y que impide la visión del anfiteatro. Pero, pasados los años y consolidada una obra que no pudo concluirse, la cuestión se centra en si es prudente e incluso de sentido común perpetrar una demolición que volvería a lanzar el nombre de Sagunto por todo el mundo, aunque esta vez el carácter legendario y heroico de la resistencia al asedio de Aníbal brillaría por su ausencia.

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