La Prestación Social, sin alternativas

En la calle Ríos Rosas 24, en Madrid, una oficina de cuatro plantas del Ministerio de Justicia recuerda tiempos mejores. Por el mostrador de atención al ciudadano de la Dirección General de Objeción de Conciencia pasaban hasta 800 jóvenes diarios cuando se renovaban las prórrogas. Ahora, 'apenas 15', cuenta Hermes Ordás, que lleva cuatro años trabajando en este departamento. Es una oficina fantasma. Porque a pesar del cartel en la puerta, del directorio de despachos junto al ascensor y de que los funcionarios siguen en su puesto, 'esa Dirección General ya no existe', aseguran en el Ministerio ...

En la calle Ríos Rosas 24, en Madrid, una oficina de cuatro plantas del Ministerio de Justicia recuerda tiempos mejores. Por el mostrador de atención al ciudadano de la Dirección General de Objeción de Conciencia pasaban hasta 800 jóvenes diarios cuando se renovaban las prórrogas. Ahora, 'apenas 15', cuenta Hermes Ordás, que lleva cuatro años trabajando en este departamento. Es una oficina fantasma. Porque a pesar del cartel en la puerta, del directorio de despachos junto al ascensor y de que los funcionarios siguen en su puesto, 'esa Dirección General ya no existe', aseguran en el Ministerio de Justicia.

Desde que el Gobierno anunció la desaparición de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) -paralela a la del servicio militar obligatorio-, toda la red que se creó en torno a los objetores de conciencia se ha ido desmantelando. De las 117.969 plazas que se han ofrecido para este año (en 1999 llegó a haber 165.866 objetores de conciencia en España), el pasado viernes apenas quedaban 19.706 en sus puestos, según el Ministerio. Y en dos semanas no quedará ninguno.

Toda la red que se creó en torno a los objetores de conciencia se ha ido desmantelando

'Se pierde una fórmula para captar voluntarios y de acercar a los jóvenes a los problemas sociales'

'Esto va a recrudecer la falta de gente que tenemos en las ONG', es el análisis que hace Mariano Monter, vicepresidente de la Fundación Banco de Alimentos. En esta organización trabajan principalmente jubilados, que recogen donaciones de alimentos. Empleaban a los objetores para trabajos de carga y descarga en los almacenes. 'Era una ayuda muy importante', continúa Monter, 'que no se puede sustituir por un asalariado porque no tenemos ingresos, sólo gestionamos alimentos'.

La misma queja se extiende a multitud de pequeñas asociaciones y ONG por toda España, que han visto en el fin de la PSS la pérdida de buena parte de sus recursos humanos para trabajos de lo más diverso, desde ayudar a ancianos hasta pegar sellos. 'Y trabajos más comprometidos, como acompañar a mujeres maltratadas', dice Mariano Moreno, responsable de Juventud de la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVE), que agrupa a 2.800 pequeñas organizaciones de toda España.

En el Grup d'Invalids de Mataró (Barcelona), sin los 30 jóvenes que cada año solían realizar allí su prestación se han paralizado gran parte de sus actividades. 'Los objetores acompañaban a nuestros socios, que tienen minusvalías físicas, y a menudo van en sillas de ruedas, a las actividades en la piscina, de estudios...', relata su vicepresidenta, Silvia López. 'Ahora tenemos dos furgonetas adaptadas para minusválidos aparcadas, porque no tenemos nadie que las conduzca'. 'Nos confiamos con la ayuda externa y crecimos, y ahora no podemos sostener ese crecimiento', añade.

Las más perjudicadas son estas organizaciones pequeñas, que no tienen recursos para afrontar el problema. En la CAVE el impacto es relativo: 'Intentamos que los programas se mantengan, pero evidentemente no se pueden desarrollar con el mismo volumen', sostiene Moreno. Como en otras ONG consultadas, confirma que 'nadie del Ministerio' contactó con ellos para estudiar el fin de la objeción y alternativas para trabajos en programas que están subvencionados. Este año ya no tienen objetores. 'Es más', explica Moreno, 'en la solicitud de subvenciones para este año la casilla en la que se piden plazas de objetores de conciencia directamente no existía. No nos dieron ni la posibilidad de pedirlos'.

En Cruz Roja sí los hay: han pasado por ella unos 7.000 objetores este año, de los que en este momento quedan unos 1.700. Domingo Pérez, responsable de Voluntarios, asegura que la marcha de los objetores 'no es un peligro para la organización', aunque no descarta que pueda tener repercusión en algunos ámbitos. 'Desde hace dos años hemos ido reduciendo sus servicios, tranformándolos, cambiando estrategias... para que el impacto fuese menor. Lo que tenemos claro es que no esperamos a que nadie venga a resolvernos los problemas'.

Aunque los objetores no dejen agujeros en Cruz Roja, Pérez reconoce que con la prestación se pierde una magnífica fórmula 'de captación de voluntariado, porque muchos seguían después; y de que los jóvenes se acerquen a problemas sociales que de otra forma no verían de cerca'. Lo mismo opinan en otras grandes organizaciones como Proyecto Hombre, Cáritas o la Fundación Anti-Sida de España.

Y es la crítica que se hace desde partidos políticos como PSOE, Izquierda Unida y CiU, que se lamentan del desinterés que ha mostrado el Gobierno frente al fin de la PSS. 'Se ha dejado todo a la opción de los voluntarios, pero éstos no son equiparables porque tienen una disponibilidad menor. Para sustituir a un objetor hacen falta tres o cuatro voluntarios', señala Rafael Velasco, responsable de Empleo del PSOE. Esta formación política, como Izquierda Unida, ha propuesto reiteradamente que los puestos de la prestación se reconviertan en empleos subvencionados para jóvenes, lo que serviría además para paliar el paro.

'Esto se ha muerto y el Gobierno no ha mostrado ningún interés', concluye tristemente el diputado de CiU Carles Campuzano. 'No se ha aprovechado la tremenda experiencia que ha sido la PSS para estudiar cómo los jóvenes se han involucrado en el tejido social y buscar fórmulas para relanzar el asociacionismo'. También se queja de que el presupuesto de la Dirección General de Objeción de Conciencia se vaya a diluir en Justicia 'cuando una parte era susceptible de reforzar los planes de voluntariado'.

El Ministerio de Justicia, junto con el Instituto de la Juventud, encargó varios estudios para saber qué hacer cuando finalizara la prestación. Una de las fuentes fue el barómetro del CIS de noviembre de 1999, donde el 75% de los encuestados consideró 'bastante necesario' o 'muy necesario' que el Gobierno garantizara el mantenimiento de las actividades que realizan los objetores, especialmente en la atención a la Tercera Edad y las personas con minusvalías.

A partir de ahí se dedujeron dos opciones: confiar en que la afluencia de voluntarios supliera los puestos que quedaban vacantes o establecer un Servicio Civil que aprovechara la red creada y continuara la labor. Esta última solución se enfrentó a con una amplia oposición social.

El Ministerio se decidió por la primera opción, la más cómoda y la más barata: que cada cual se busque la vida.