Soldar vocaciones

Poco a poco crecen, pero siguen siendo ejemplos escasos. Entre la población femenina ocupada en Andalucía apenas figura un 3% de empresarias que cuentan con empleados a su cargo, al que se puede sumar otro 10% de autónomas y empresarias sin personal asalariado.

En cualquier caso, sólo un 13% de las andaluzas que trabajan gestionan sus propias empresas o negocios, según datos recogidos en un informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La cifra aún dista bastante del 21% de hombres ocupados que dirigen su propia empresa, con asalariados o no, o su negocio como autónomos. Otro signo que revela la situación de mayor debilidad económica femenina se refleja en la estadística sobre los perceptores de ayudas familiares. El 5,9% de las mujeres ocupadas están en situación de ayuda familiar frente al 1,9% de hombres.

La evolución del desempleo demuestra que la desigualdad entre ambos géneros es aún notable. La tasa de paro de las mujeres, alrededor del 32,61% en 2000, casi duplica la de los hombres (17,32%). También la precariedad del mercado laboral afecta en mayor medida a las trabajadoras, que en 2000 firmaron más contratos a tiempo parcial (21%) que los hombres (10%). Los datos que figuran en el Anuario Andaluz de las Mujeres 2001, elaborado por el Instituto de Estadística de Andalucía, muestran que el índice de feminización (cociente que indica el número de mujeres por cada 100 hombres) en la modalidad de contratos parciales es de 140 mujeres por cada centenar de hombres. La tendencia se invierte en la contratación indefinida: por cada 100 trabajadores que formalizaron un contrato así en 2000 lo hicieron menos de 60 mujeres. No obstante, la estabilidad laboral escasea en ambos géneros. En ningún caso los contratos indefinidos superaron el 2% el año pasado para ningún sexo.

En el informe del IAM se citan como los principales problemas de las andaluzas en el mercado laboral la excesiva concentración del empleo en el sector servicios, la segregación ocupacional de las mujeres en determinadas ramas como la educación, la sanidad, el comercio o la industria manufacturera y la precariedad laboral.