España sólo ofrece una plaza de residencia por cada 8 mayores que no se valen por sí mismos

El envejecimiento pasa factura. La creciente longevidad provoca un aumento de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Ahora, 825.000 mayores padecen dependencia grave y sólo existen 100.000 plazas residenciales adecuadas. Según el director general del Imserso, Alberto Galerón, en 10 años harán falta 200.000 camas asistidas más. Costarán medio billón de pesetas. 'Pensar que el problema de la dependencia se puede resolver sólo con los mecanismos del Estado es una solemne tontería', sostiene Galerón. Pide a familias y empresas que se impliquen.

España necesita triplicar en una dé...

El envejecimiento pasa factura. La creciente longevidad provoca un aumento de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Ahora, 825.000 mayores padecen dependencia grave y sólo existen 100.000 plazas residenciales adecuadas. Según el director general del Imserso, Alberto Galerón, en 10 años harán falta 200.000 camas asistidas más. Costarán medio billón de pesetas. 'Pensar que el problema de la dependencia se puede resolver sólo con los mecanismos del Estado es una solemne tontería', sostiene Galerón. Pide a familias y empresas que se impliquen.

España necesita triplicar en una década el número de plazas en residencias para personas mayores dependientes. Ahora sólo existen unas 100.000, prácticamente la mitad del total. Así lo ha asegurado el director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), Alberto Galerón, en las jornadas El papel de las personas mayores en la sociedad y los retos del envejecimiento. Se celebraron el jueves y el viernes en Madrid, organizadas por el grupo de comunicación Júbilo.

'No todo se puede fiar al Estado. La sociedad entera tiene que implicarse para crear 200.000 plazas residenciales más en diez años para enfrentarnos al reto de la dependencia', afirmó Galerón. Cifró en medio billón de pesetas el coste de las plazas necesarias en una década. Sin embargo, en medios empresariales se manejan cálculos económicos que duplican esa cantidad. En 2010 habrá más de siete millones de mayores de 65 años.

'Inviable para el Estado'

'Para el Estado y las Comunidades Autónomas es inviable pasar a medio billón desde los 18.000 millones de pesetas que dedican cada año a la asistencia residencial de mayores dependientes', detalló Galerón a EL PAÍS. El responsable del Imseros, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sostiene que en el problema de los mayores que requieren ayuda debe implicarse toda la sociedad, especialmente 'las familias y las empresas privadas con y sin ánimo de lucro'.

Debido al panorama demográfico, marcado por el descenso de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida, el problema crecerá. Pero ya es amplio: dos de cada diez personas mayores de 65 años son depedientes (1,4 millones en total). Así lo afirmó en las jornadas el subdirector general del Plan Gerontológico, Jesús Norberto Fernández. Sin embargo, la reciente encuesta sobre discapacidad del Instituto Nacional de Estadística establece que el 32,2% de los mayores padece algún tipo de limitación física o mental. Por su parte, el director general del IMSERSO cifra en 825.000 los mayores que sufren una dependencia fuerte (12, 6%).

La mayoría de las personas que han superado la edad de jubilación y no pueden valerse permanecen en casa, casi siempre al cuidado de las mujeres de la familia. Pero el modelo está amenazado por la creciente incorporación femenina al mercado laboral, entre otros factores. Los servicios de atención a domicilio (112.797 usuarios en 1999, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), la teleasistencia (48.574), los centros de día (7.103 plazas), y las residencias son alternativas comunes. Pero no siempre están disponibles. A veces la oferta es insuficiente, otras resulta inaccesible para la clase media.

En el caso de las residencias, la escasez es palpable. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, existen 198.358 camas, de las que 78.141 son públicas o concertadas (ver gráfico). Sólo en torno a la mitad están destinadas a personas que no pueden valerse.

En las residencias con dinero público menudean las listas de espera. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 18.130 personas han pedido su ingreso y de ellas, 8.500 aguardan plaza desde más de tres años. En los centros privados, las tarifas resultan disuarias para muchos. Una plaza asistida cuesta entre 250.000 y 300.000 pesetas mensuales, según la cifra manejada en las jornadas. En los centros públicos, el precio se establece bajo varios criterios, entre ellos el nivel de ingresos.