Actualización del censo

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Madrid denuncia que las memorias de las 11 áreas sanitarias de la región -'el informe con el que se supone que cada área refleja su actividad y cómo se distribuyen los recursos para la sanidad pública'- llevan un retraso de entre tres y ocho años en incorporar el crecimiento de la población.

Ocho áreas calcularon en 1999 (última edición disponible de las memorias) su actividad con datos del padrón de 1996. Otras dos tomaron el censo de 1991, una no reflejó el origen de sus datos, y otra, la 8, no elaboró su memoria.

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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Madrid denuncia que las memorias de las 11 áreas sanitarias de la región -'el informe con el que se supone que cada área refleja su actividad y cómo se distribuyen los recursos para la sanidad pública'- llevan un retraso de entre tres y ocho años en incorporar el crecimiento de la población.

Ocho áreas calcularon en 1999 (última edición disponible de las memorias) su actividad con datos del padrón de 1996. Otras dos tomaron el censo de 1991, una no reflejó el origen de sus datos, y otra, la 8, no elaboró su memoria.

'Esta desidia nos hace pensar que el Insalud mantiene los datos de población por debajo de lo real para maquillar la saturación de los centros de salud y para prepararse el terreno cara a las transferencias', opina el portavoz de CESM, Pablo Martínez, que añade también una reclamación sindical: 'Los médicos de atención primaria reciben parte de su salario en base al número de pacientes visitados. Si hay medio millón de personas sin tarjeta, los médicos no pueden reflejar esas visitas y el Insalud no se las paga'.

La actualización del censo ha enfrentado también a la Junta de Andalucía con el Gobierno desde que esa comunidad recibiera las competencias sanitarias, en 1992. Las autoridades andaluzas han pedido reiteradamente que se actualice el censo: consideran que 400.000 personas se benefician de sus servicios sin que la Junta reciba recursos para ello. El conflicto se recrudeció con la llegada del PP al Gobierno y el pacto autonómico de 1997, firmado por las comunidades gobernadas por el PP y rechazado por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE.