Contratos a medias
Si en algún aspecto existe hoy consenso en la comunidad científica es sobre la existencia en España de una generación de jóvenes que, por primera vez, poseen capacidades comparables con las de otros países desarrollados, pero no encuentran la posibilidad de usarlas en nuestro país por falta de puestos. De ahí que se suscitaran grandes esperanzas cuando el novísimo Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el año pasado un plan para la recuperación de cerebros.
Aquel anuncio se ha concretado en el Plan Ramón y Cajal, que prevé para este año la creación de 800 plazas laborales para inves...
Si en algún aspecto existe hoy consenso en la comunidad científica es sobre la existencia en España de una generación de jóvenes que, por primera vez, poseen capacidades comparables con las de otros países desarrollados, pero no encuentran la posibilidad de usarlas en nuestro país por falta de puestos. De ahí que se suscitaran grandes esperanzas cuando el novísimo Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el año pasado un plan para la recuperación de cerebros.
Aquel anuncio se ha concretado en el Plan Ramón y Cajal, que prevé para este año la creación de 800 plazas laborales para investigadores en las universidades y otros centros, y 2.000 plazas en total hasta el 2003. Se cubrirán mediante contratos de cinco años, pero el ministerio plantea a universidades y comunidades autónomas el compromiso de convertirlas en fijas una vez finalizado ese periodo, siempre y cuando el científico contratado cumpla con las expectativas.
En una primera aproximación, la valoración es positiva. Se ofrece una vía de integración en el sistema de ciencia a dos millares de jóvenes doctores que, de otra manera, deberían seguir desarrollando su trabajo en el extranjero o abandonar la investigación. Pero si el planteamiento es positivo, su concreción no lo es. Inicialmente se anunciaron contratos de cinco años, ampliables en cinco más. Ese segundo quinquenio se ha caído y ha sido sustituido por un débil compromiso sobre la eventual fijeza de la plaza. Esta exigencia, además, ha sido planteada por el ministerio por sorpresa. Las universidades se encuentran ahora ante una difícil disyuntiva: improvisar planes para no perderse las plazas del Ramón y Cajal o renunciar a ellas, porque el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 8 de mayo.
Como ha pasado ya con otras iniciativas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado hace exactamente un año, una buena idea corre el peligro de malograrse porque se aplica de manera confusa y sin el suficiente debate. Valdría la pena que el Gobierno se planteara promover un gran acuerdo global que permita a la ciencia en España alcanzar el lugar que merece.