Los tres frentes de un proceso abierto en 1995
Las dos grandes patronales de Valencia -la Confederación Empresarial Valenciana y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev), ambas de CEOE- tienen tres procesos abiertos por el supuesto uso irregular de 191 millones de pesetas de subvenciones a la formación profesional entre 1993 y 1995. El escándalo fue sacado a la luz por la Inspección de Trabajo de Valencia en 1995, con el levantamiento de sendas actas de infracción contras las dos organizaciones porque no acreditaron debidamente los gastos ocasionados por los cursos de formación profesional de 1993.
En 1998, la Insp...
Las dos grandes patronales de Valencia -la Confederación Empresarial Valenciana y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev), ambas de CEOE- tienen tres procesos abiertos por el supuesto uso irregular de 191 millones de pesetas de subvenciones a la formación profesional entre 1993 y 1995. El escándalo fue sacado a la luz por la Inspección de Trabajo de Valencia en 1995, con el levantamiento de sendas actas de infracción contras las dos organizaciones porque no acreditaron debidamente los gastos ocasionados por los cursos de formación profesional de 1993.
En 1998, la Inspección emitió un informe sobre los cursos de 1994 y 1995 en el que afirmaba que ambas patronales habían empleado previamente algunas facturas para justificar las ayudas de 1993. El Tribunal de Cuentas se hizo eco del caso y redactó un informe demoledor donde se acusaba a las dos organizaciones empresariales de cobrar cursos inexistentes y duplicar las facturas para justificar los fondos públicos recibidos. La CEV formalizó el año pasado un aval por esos casi 200 millones de pesetas, en tanto el Tribunal solicita la devolución efectiva del dinero.
El segundo frente está ahora en el juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que abrió en 1998 una investigación penal para determinar si los responsables de las dos confederaciones -entre ellos, el ex presidente José María Jiménez de Laiglesia y el ex secretario de la patronal Luis Espinosa- cometieron algún delito en el uso de estos fondos. El proceso está en fase de investigación.
Por último, la Generalitat de Valencia, afectada por el caso, ha pedido el reintegro de 300 millones de pesetas. La CEV presentó un recurso contencioso administrativo contra esta resolución.