Perfil acreditado

El Ejecutivo autónomo, amparado en la Ley de Función Pública Vasca, puso en marcha a finales de 1989 un plan para extender el conocimiento del euskera entre los empleados de las distintas administraciones. A cada puesto de trabajo se le atribuyó un perfil lingüístico -o grado de conocimiento del euskera- y una fecha para acreditarlo. El nivel de euskera de cada puesto se fijó en función del tipo de trabajo que se desarrolla en él, y la fecha para acreditarlo de acuerdo al porcentaje de población bilingüe existente en la provincia en la que el funcionario presta sus servicios. Desde entonces, l...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

El Ejecutivo autónomo, amparado en la Ley de Función Pública Vasca, puso en marcha a finales de 1989 un plan para extender el conocimiento del euskera entre los empleados de las distintas administraciones. A cada puesto de trabajo se le atribuyó un perfil lingüístico -o grado de conocimiento del euskera- y una fecha para acreditarlo. El nivel de euskera de cada puesto se fijó en función del tipo de trabajo que se desarrolla en él, y la fecha para acreditarlo de acuerdo al porcentaje de población bilingüe existente en la provincia en la que el funcionario presta sus servicios. Desde entonces, las instituciones han ido elaborando sus planes de normalización, comprometiéndose a facilitar a sus empleados tiempo y recursos para aprender la lengua vasca.Sin embargo, quienes no superen el examen, sin mediar razones de edad o de incapacidad manifiesta para los idiomas, pueden perder la propiedad de su plaza y ser trasladados, aunque en ningún caso despedidos.

Más información

El tribunal destaca en su informe los "resultados positivos" logrados en el sector de la enseñanza, con un 59% de perfiles acreditados y donde los profesores bilingües de las enseñanzas de infantil y primaria, por ejemplo, han pasado entre 1977 y 1998 del 5 al 72%. Sin embargo, ha apreciado algunas deficiencias en varios planes de normalización. Osakidetza no dispone de plan a pesar de que la Ley de Ordenación Sanitaria, de 1997, así lo exige, al igual que los organismos autónomos de las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa. La de Álava presenta una planificación incompleta.

Archivado En