La zona del vertido de Aznalcóllar mantiene focos de contaminación Ecologistas critican el desinterés de Boliden a los dos años del desastre

Dos años después de que la rotura de una balsa minera en Aznalcóllar (Sevilla) anegara más de 4.000 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar hasta asediar los límites del Parque Nacional de Doñana, aún subsisten algunos focos residuales de contaminación por metales pesados en la zona, según la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar. El área, en la que se ven huellas visibles de las tareas de limpieza de los lodos piríticos, cuya retirada costó más de 14.000 millones de pesetas, se encuentra vigilada continuamente por unos 200 científicos. Para superar una de las mayores catástrofes e...

Dos años después de que la rotura de una balsa minera en Aznalcóllar (Sevilla) anegara más de 4.000 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar hasta asediar los límites del Parque Nacional de Doñana, aún subsisten algunos focos residuales de contaminación por metales pesados en la zona, según la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar. El área, en la que se ven huellas visibles de las tareas de limpieza de los lodos piríticos, cuya retirada costó más de 14.000 millones de pesetas, se encuentra vigilada continuamente por unos 200 científicos. Para superar una de las mayores catástrofes ecológicas ocurridas en España, el Gobierno andaluz ha impulsado la creación del corredor verde del Guadiamar, avalado por organizaciones conservacionistas, como WWF-Adenat, como uno de los "mejores proyectos de restauración hidrológica de Europa".

Esta iniciativa, a la que se destinarán 1.400 millones de pesetas hasta 2002, persigue restablecer el pasillo ecológico que conectó de forma natural el litoral de Doñana y la vertiente occidental de Sierra Morena, una función perdida incluso antes del vertido tóxico. Este objetivo se complementa con el proyecto Doñana 2005, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente, para recuperar la cuenca del Guadiamar como principal fuente hidrológica de la marisma de Doñana.

El proyecto aspira a dejar patente que "un medio natural sano es la base de una economía sana". Carlos Montes, coordinador de la oficina técnica, explicó que el corredor es "la respuesta" al impacto "ambiental y socioeconómico del vertido a largo plazo".

Las malformaciones detectadas en algunas especies de fauna, a pesar de representar casos excepcionales, evidencian, para los ecologistas, "los efectos subletales de los metales pesados". Los científicos admiten que dos años son un periodo escaso para evaluar la incidencia de metales pesados sobre los ecosistemas. Sobre los efectos a largo plazo, existe "un vacío científico" que recomiendan subsanar con el mantenimiento de programas de seguimiento. La vigilancia ha permitido detectar otros focos contaminantes que dificultan la recuperación de las especies, como vertidos al río Guadiamar de alpechín -restos contaminantes de la molienda de aceitunas para producir aceite-.

Asignaturas pendientes

A dos años de la catástrofe, la gran asignatura pendiente para los grupos conservacionistas depende de Boliden-Apirsa, la propietaria de las minas de Aznalcóllar, a la que acusan de cumplir con las obligaciones "de forma" para reabrir la mina, pero de rehuir el "compromiso ambiental con el futuro de Doñana".

Guido Schmidt, representante de WWF/Adena, citó ayer las que considera que son las tres principales deficiencias en las actuaciones de Boliden, desde que se reabrió la mina en abril de 1999: la falta del estudio de seguridad ambiental del proyecto de sellado de la antigua balsa; el incremento de riesgos ambientales por aumentar la altura de relleno de la presa o las dificultades para que la Junta andaluza deposite lodos provinientes de la limpieza del vertido en la mina a cielo abierto de Boliden. Schmidt, que exigió que se imponga una "fianza ambiental" a la multinacional, reprochó ayer a la firma que no haya asumido "su responsabilidad con Doñana, pese a la publicidad medioambiental que hace en Suecia".

Un portavoz de la multinacional negó las acusaciones de los ecologistas y manifestó que estaban en "contacto" con la Junta para ampliar la capacidad de almacenamiento de la mina, "siempre que no se perjudique a ningún acuífero" y garantizando la "impermeabilidad" del depósito.