Contra el Estatuto de Autonomía catalán

En un tono menos tronante que el del presidente catalán, Jordi Pujol -que habló de "agresión política"-, pero con argumentos legales aparentemente más contundentes, el Comisionado para Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña explicó las razones que han llevado al Ejecutivo catalán a plantearse el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de las pruebas de acceso a la universidad del Gobierno del PP. "Una regulación de detalle como ésta", precisaban fuentes del Comisionado, "excede de lo que puede entenderse como ordenación general de la educación, y, por tan...

En un tono menos tronante que el del presidente catalán, Jordi Pujol -que habló de "agresión política"-, pero con argumentos legales aparentemente más contundentes, el Comisionado para Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña explicó las razones que han llevado al Ejecutivo catalán a plantearse el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de las pruebas de acceso a la universidad del Gobierno del PP. "Una regulación de detalle como ésta", precisaban fuentes del Comisionado, "excede de lo que puede entenderse como ordenación general de la educación, y, por tanto, impide que la Generalitat pueda ejercer las competencias plenas que en la materia de educación le otorga el artículo 15 del Estatuto de Autonomía".La Generalitat entiende que "el procedimiento de organización, diseño y revisión de la prueba de acceso vacía de contenido las competencias autonómicas"; que el real decreto "hace una regulación demasiado exhaustiva tanto de la estructura general de la prueba como de su división en dos partes de los ejercicios, e incluso del diseño de las preguntas", y "que regula la comisión organizadora y predetermina su función", por lo que entiende que vulnera las competencias de la Generalitat.

La Universidad de Barcelona (UB) fue la primera en reaccionar. En una nota, la UB dice que, con independencia de las diferencias entre la Administración central y las autonómicas, "se debe garantizar de forma clara el ejercicio de la autonomía universitaria en lo que afecta al acceso de estudiantes y, en particular, en la participación y protagonismo de las universidades en todo lo que hace referencia a la estructuración, elaboración, realización y evaluación de las pruebas". La UB considera que el real decreto "debe incluir las garantías que hagan posible el ejercicio de esta autonomía".