Las administraciones contrataron desde 1995 cerca de 165.000 millones en grandes obras Las constructoras vascas accedieron al doble de adjudicaciones que las empresas nacionales
Las administraciones contrataron la pasada legislatura cerca de 165.000 millones en grandes obras públicas, según los datos recabados en los tres territorios vascos. Desde 1995 a 1999, se adjudicaron 57 proyectos con un importe superior a los mil millones. Más de la mitad de la contratación, alrededor de 85.000 millones, se concentró en Vizcaya. Las medianas constructoras vascas han conseguido la mayor parte de las obras frente a las grandes compañías de ámbito estatal: en concreto seis empresas vascas consiguieron 21 proyectos, mientras que Dragados y Ferrovial participaron en 13.
La f...
Las administraciones contrataron la pasada legislatura cerca de 165.000 millones en grandes obras públicas, según los datos recabados en los tres territorios vascos. Desde 1995 a 1999, se adjudicaron 57 proyectos con un importe superior a los mil millones. Más de la mitad de la contratación, alrededor de 85.000 millones, se concentró en Vizcaya. Las medianas constructoras vascas han conseguido la mayor parte de las obras frente a las grandes compañías de ámbito estatal: en concreto seis empresas vascas consiguieron 21 proyectos, mientras que Dragados y Ferrovial participaron en 13.
La fórmula de la unión temporal de empresas (UTE) ha propiciado la entrada de las pequeñas y medianas constructoras vascas en la puja por las grandes obras de infraestructura. Sólo en menos de diez de los 57 proyectos de más de mil millones, la adjudicación fue para una sola constructora. Álava fue el territorio donde ocurrieron la mitad de estos casos. De esta manera, ha habido casos de participación de hasta diez empresas para un único proyecto, como es el caso de los túneles de Artxanda, la futura autovía de acceso a Bilbao con peaje, adjudicada por la Diputación vizcaína por casi 13.000 millones de pesetas.La documentación recabada de las instituciones -gobiernos vasco y central, las diputaciones, los ayuntamientosde las tres capitales y organismos como el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y la sociedad interinstitucional Bilbao Ría 2000- revela que Cadagua y Ferrovial, las dos grandes constructoras españolas, han optado en los últimos cuatro años (en compañía de otras empresas casi siempre) a un total de 13 proyectos. Estas adjudicaciones la han conseguido casi totalmente en Vizcaya; en Álava no se han llevado ninguna, mientras que en Guipúzcoa sólo han optado a dos: en el caso de Ferrovial, la construcción del Palacio de Justicia por un importe de 2.671 millones, financiados por el Gobierno vasco, y en el de Dragados, las obras de la conducción submarina en San Sebastián, contratadas por el Gobierno central por 2.263 millones, en la que también participan otras dos compañías.
En total, Dragados y Ferrovial han participado en contratas por un valor conjunto de casi 50.000 millones de pesetas. En cambio, seis constructoras vascas -Enrique Otaduy, Lanbide, Altuna y Uria, Moyúa, Murias y Amenabar- han conseguido la adjudicación en 21 grandes proyectos con un monto global de casi 95.000 millones. El acceso de las compañías vascas a las grandes contrataciones es especialmente patente en Guipúzcoa, donde cuatro constructoras se han llevado la adjudicación dentro de UTEs de 13 proyectos por un importe de más de 66.000 millones. Moyúa y Murias recibieron la contrata de cinco obras de la Diputación, mientras que Altuna y Uría y Amenabar accedieron a la adjudicación de proyectos de varias instituciones: Diputación, gobiernos vasco y central y Ayuntamiento de San Sebastián. En este territorio, Dragados y Ferrovial sólo han participado en dos proyectos de 5.000 millones en total.
En Álava destaca el caso de Lanbide, que ha participado en cinco de las 10 obras adjudicadas la pasada legislatura. En Vizcaya, en cambio, el reparto de adjudicaciones entre las grandes constructoras y las autóctonas es más equilibrado: Dragados y Ferrovial participaron en cuatro proyectos valorados en más de 20.000 millones, mientras que la local Enrique Otaduy accedió a tres, por un importe de casi 11.500 millones.
Para el director de Infraestructura del Transporte del Gobierno vasco, Juan Vicente Erauskin, la unión temporal de empresas ofrece a la Administración una seguridad que a veces no puede aportar una firma en solitario. "Una UTE tiene más capacidad financiera para determinadas obras y a la Administración le da más garantías", dice. En el lado opuesto, cita la dureza de sus negociadores a la hora de formalizar los contratos de las grandes obras con gobiernos y ayuntamientos. "Son duras a la hora de negociar los contratos; tienen mucha experiencia de tratar con las administraciones. Tienen muy buenos abogados y es difícil renegociar durante la vida de ese contrato algunas cláusulas que a veces puede interesar al contratante".
Juntos, más posibilidades
Desde su experiencia, Erauskin explica que las empresas se unen cuando necesitan complementarse en proyectos estratégicos. "Por ejemplo, para construir un metro hace falta hacer un túnel, una obra civil y las vías. Son tres campos diferentes y a veces una o dos empresas no tienen todos los especialistas. Por otra parte, cuando la obra supera los mil o dos mil millones las empresas tienden a juntarse, porque así tienen más posibilidades de que se les adjudique", añade.
Además, el director de Infraestructura del Transporte recalca que en ocasiones una gran empresa se une con otra de ámbito local porque ésta tiene un conocimiento más amplio de un mercado regional. Erauskin también ha comprobado que las empresas locales "van creciendo de manera importante gracias a la obra pública". "La obra grande o pequeña", apunta, "no se adjudica en función de la oferta más barata. El proyecto sale a concurso y a la hora de conceder el contrato se tiene en cuenta, sobre todo, la experiencia que aportan los aspirantes, los trabajos que han realizado en un determinado ámbito, la maquinaria de la que disponen y el plazo de ejecución de la obra".