Varapalo del tribunal de cuentas gallego a una empresa sanitaria creada por Romay

El Consello de Contas (tribunal de cuentas gallego) emitió ayer un informe que da un varapalo a la gestión del Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), una de las primeras empresas de capital público y administración privada promovidas por el actual ministro de Sanidad, José Manuel Romay, cuando era consejero de la Xunta. La entidad, fundada por Romay bajo la promesa de una gestión más eficaz para la sanidad pública, terminó el ejercicio de 1996 con unas pérdidas de 32 millones, en lugar de los beneficios previstos de 167 millones.

Algunos de los mecanismos financieros del Medtec,...

El Consello de Contas (tribunal de cuentas gallego) emitió ayer un informe que da un varapalo a la gestión del Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), una de las primeras empresas de capital público y administración privada promovidas por el actual ministro de Sanidad, José Manuel Romay, cuando era consejero de la Xunta. La entidad, fundada por Romay bajo la promesa de una gestión más eficaz para la sanidad pública, terminó el ejercicio de 1996 con unas pérdidas de 32 millones, en lugar de los beneficios previstos de 167 millones.

Algunos de los mecanismos financieros del Medtec, lejos de lograr más disciplina en el gasto, "generan mayor deuda" al Gobierno autónomo. El Consello de Contas también censura la política de personal y de contratación de servicios.El informe del Consello se refiere al ejercicio de 1996, parte del cual (enero-abril) corresponde aún al mandato de Romay como consejero. El actual ministro había promovido dos años antes la creación del Medtec, uno de los estandartes de la política que ahora intenta en la Administración central. El modelo, que primero se ensayó en Galicia, separa algunos ámbitos de la gestión sanitaria para entregárselos a empresas de capital público, pero que funcionan con normas de sociedad privada. Según los defensores del modelo, debería redundar en un más eficaz y menos costoso manejo de fondos públicos.

El Medtec nació para encargarse de servicios médicos de alta tecnología. En dos hospitales de Vigo presta a los enfermos de Pontevedra y Ourense servicios de cirugía cardiaca e intervencionista, radioterapia oncológica, medicina nuclear y diagnóstico por imagen. Luego se le agregaron las urgencias del 061 y los informes sobre política sanitaria, cuestiones que, según el Consello de Contas, "no corresponden a su objeto social". De hecho, el actual consejero de Sanidad, José María Hernández Cochón, retiró del Medtec el 061, para el que creó una fundación específica.

El Consello de Contas concluye que este modelo jurídico "no parece el más idóneo", ya que se trata de una sociedad mercantil que no actúa "en un entorno clásico de mercado". Aunque se gestione de modo privado, el 98% de los ingresos del Medtec proviene del Servicio Gallego de Salud (Sergas). Es más, la sanidad pública paga al instituto como si de una firma privada se tratase, pero a precios muy superiores a los del mercado. Por ejemplo, el Sergas paga al Medtec por una angioplastia (intervención en una arteria coronaria obstruida) 768.000 pesetas, cuando la clínica privada que antes tenía contratada ese servicio recibía sólo 498.000 y en el País Vasco cuesta 625.000. Pese a ello, en 1996, los gastos del Medtec fueron de 993 millones y terminó con un déficit de 32, frente a 167 de beneficios previstos inicialmente.

El organismo estaba sometido entonces a inspección fiscal y, de hecho, el Consello de Contas le calcula una deuda de unos 50 millones con Hacienda, parte de la cual canceló al año siguiente. Para adquirir equipos tecnológicos, el Medtec firmó en el ejercicio auditado contratos de leasing (arrendamiento con derecho a compra) con varios bancos por 768 millones de pesetas, operaciones que, según el órgano fiscalizador, generan más deuda y encarecen los costes.

El Medtec no respeta los principios de mérito y capacidad para seleccionar a sus trabajadores, suscribe contratos laborales que pueden suponer un "fraude de ley" y recurre sin justificación a empresas de trabajo temporal.

La Consejería de Sanidad aún no conoce de primera mano el informe entregado ayer al Parlamento autónomo, por lo que decidió no hacer declaraciones.