Demografía, inmigración y reparto de riqueza

Este verano se ha producido, entre numerosas noticias sobre inmigración ilegal, una particularmente escalofriante, que ha tocado las conciencias. Dos niños guineanos aparecían congelados en el tren de aterrizaje de un avión dejando una petición de ayuda a los "señores miembros y responsables de Europa", el continente "más bello y admirable", para progresar, para que ellos en África pudieran llegar a ser como nosotros. Otros muchos mueren sin dejar cartas, tratando de alcanzar por mar nuestras soñadas costas, las que marcan el límite entre la miseria y la abundancia. Ésta es una cara de la hist...

Este verano se ha producido, entre numerosas noticias sobre inmigración ilegal, una particularmente escalofriante, que ha tocado las conciencias. Dos niños guineanos aparecían congelados en el tren de aterrizaje de un avión dejando una petición de ayuda a los "señores miembros y responsables de Europa", el continente "más bello y admirable", para progresar, para que ellos en África pudieran llegar a ser como nosotros. Otros muchos mueren sin dejar cartas, tratando de alcanzar por mar nuestras soñadas costas, las que marcan el límite entre la miseria y la abundancia. Ésta es una cara de la historia. La otra, que también viene siendo noticia, es la del declive demográfico en nuestro continente y el crecimiento imparable de la población en el Tercer Mundo, lo que se traduce en una distancia cada vez mayor en renta per capita entre países ricos y pobres.Los datos publicados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (UE) reflejan con claridad este declive. En 1950 la población de lo que hoy es la UE representaba el 12% de la humanidad y hoy menos del 7%. Desde 1970 la tasa anual de crecimiento de la población en el área se ha reducido desde el 6,4 por 1000 al 2,3 y el Indicador Sintético de Fecundidad (ISF), es decir, el promedio de hijos por mujer, ha retrocedido desde 2,4 hasta 1,4. Todo ello lleva a prever un rápido envejecimiento demográfico en las próximas décadas, aun en el caso de que se produzca una cierta recuperación de la fecundidad, de la que no existen, por el momento, señales suficientemente consolidadas. España destaca en este contexto por un descenso de la fencundidad más acusado que el promedio europeo, un crecimiento de la población más débil y unas perspectivas de mayor envejecimiento. Estimaciones recientes del INE sitúan el ISF en 1,15, el valor más bajo de la UE, mientras que en 1970 nuestro país presentaba el segundo más elevado (2,9) después de Irlanda. La tasa de crecimiento de la población española ha pasado del 8,8 por 1.000 en 1970 hasta el 1,3 por 1.000 en 1998 y el crecimiento vegetativo se aproxima a cero. En el pasado año, los datos de avance del movimiento natural de la población muestran un número de nacimientos (361.930) muy similar al de defunciones (357.925), lo que significa un crecimiento vegetativo de sólo 4.005 personas, que podría ser negativo en el futuro inmediato.

Proyectando estas tendencias, e introduciendo hipótesis conservadoras sobre la inmigración, se concluye que la población española podría iniciar una evolución descendente en la segunda década del próximo siglo. Por su parte, la población en edad de trabajar ya ha dado muestras de estancamiento y comenzará a declinar en los próximos años, al llegar a la edad laboral las generaciones menguadas por el abrupto descenso de la fencundidad de finales de los setenta. Ello no se traducirá de inmediato en un descenso de la población activa, puesto que la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral compensará todavía durante unos años el declive demográfico. Las proyecciones disponibles anticipan que el aumento de dicha población activa se debilitará progresivamente, hasta hacerse negativo hacia el quinquenio 2011-2016.

Este horizonte tiene unas consecuencias positivas evidentes para el objetivo de reducción del paro en nuestra economía. En ausencia de cambios en las actuales tendencias, un crecimiento medio anual del empleo del 1,3% bastaría para reducir la tasa de paro sobre la población activa hasta cifras inferiores al 10% en el año 2011. Si el ritmo de crecimiento del empleo se eleva al 2%, la tasa de paro descendería hasta situarse por debajo del 3% en dicho año. A partir de la segunda década del próximo siglo, el retroceso de la población activa permitiría eliminar rápidamente el paro con crecimientos muy débiles del empleo y se haría patente la insuficiencia de mano de obra, generando tensiones en los salarios y constituyendo una restricción al crecimiento económico.

La contrapartida negativa de estas perspectivas es el aumento de la relación de dependencia entre pasivos y activos y el futuro de nuestro sistema de pensiones. Desde una visión pesimista se afirma a menudo que, dada la disminución de las cotizaciones y el aumento de los pensionistas, el sistema público de protección social, una pieza fundamental de las sociedades avanzadas y cohesionadas, no se podrá financiar a largo plazo en España, ni en general en Europa, sin reducir sustancialmente las prestaciones. Sin entrar en este debate ni en los diferentes cálculos, en ocasiones sesgados, que sustentan las distintas posiciones, es evidente que la mayoría de ellos parte de un horizonte demográfico básicamente determinado por el movimiento natural de la población autóctona y en el que el factor migratorio desempeña un papel secundario, al incorporar las proyecciones hipótesis de entradas de emigrantes relativamente reducidas y aproximadamente constantes en el tiempo. Nada más lejos de la realidad. La inmigración está siendo ya mucho más elevada en España que la que se suele estimar a partir de las estadísticas oficiales (contingentes, permisos de trabajo y residencia, altas padronales, etcétera) y, además, tiende a aumentar rápidamente, como una consecuencia lógica del avance de nuestro nivel de renta y de la decreciente presión de la población española sobre el mercado de trabajo.

A pesar de la todavía elevada tasa de paso en España (15,6%, según la EPA del segundo trimestre), ésta disminuye a un ritmo intenso, al concurrir una fuerte expansión del empleo, derivada de la fase alcista del ciclo económico, con un aumento cada vez más débil de la población activa. En algunas zonas específicas, entre otras las costeras y turísticas, comienza a constatarse la escasez de mano de obra en determinados puestos de trabajo y en ciertos sectores, como la construcción y la hostelería, y adquiere una creciente entidad el recurso a una población "importada" con demandas salariales más bajas y, en ocasiones, ausencia de cargas sociales, si se trata de inmigración ilegal. El riesgo de todo ello es que proliferen las situaciones de explotación y marginación y se amplíe la segmentación en el mercado de trabajo, con un estrato de trabajadores, fundamentalmente los extranjeros, que ocupen los puestos de inferior cualificación y remuneración y peores condiciones laborales.

Aunque la disminución de las diferencias de renta entre países ricos y pobres exige un esfuerzo de los primeros en ayuda al desarrollo muy superior al que se está realizando, los movimientos de la población también contribuyen a la nivelación. En concreto, en Epaña, el fenómeno inmigratorio es imparable y su ordenación se ha convertido en una prioridad, no sólo por razones de equidad y justicia sino también por un fin de eficacia del sistema. La economía española tendrá que seguir progresando con cuotas crecientes de población extranjera, como lo han hecho las de los países europeos más avanzados, por lo que el aumento del nivel de renta de todos pasa inexorablemente porque dicha población pague impuestos, cotice a la Seguridad Social y esté suficientemente formada e integrada socialmente. Todo ello, evidentemente difícil de instrumentar, requiere con urgencia una política inmigratoria integral en el marco de la UE, así como acuerdos políticos, coordinación entre administraciones y asignación de recursos.

La nueva ley de Extranjería, actualmente en discusión entre los grupos parlamentarios, proporciona una oportunidad para replantear las bases normaticas de esta política, legalizar situaciones de hecho y avanzar radicalmente en la integración, tal como demandan distintas organizaciones no gubernamentales y sindicales. Pero hay otros muchos instrumentos, entre ellos la política educativa, que deberían incidir sobre estos objetivos de integración y cohesión. Una pieza fundamental es la concienciación progresiva del resto, es decir, "los que ya estaban", para que acepten el hecho migratorio no como una peste a combatir, sino como un factor de equilibrio de las diferencias de renta y de nuestra actual fase de declive demográfico, así como de potencial enriquecimiento económico y cultural, al igual que lo ha sido en otros países a los que nuestros antepasados se dirigían para salir de la miseria, como los niños guineanos.