El PP se queda solo en el Congreso y no condena la sublevación de Franco

El PP se negó ayer a suscribir una proposición no de ley, apoyada por el resto de los grupos del Congreso, en la que, por primera vez en 22 años de democracia, se condenó explícitamente "el golpe fascista militar contra la legalidad republicana" que desencadenó la Guerra Civil y desembocó en la larga dictadura de Francisco Franco. La condena del levantamiento militar formaba parte de una proposición no de ley, debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, que solicitaba del Gobierno diversas medidas de homenaje al exilio republicano y en la que el PP se abstuvo.

Sesenta años después de...

El PP se negó ayer a suscribir una proposición no de ley, apoyada por el resto de los grupos del Congreso, en la que, por primera vez en 22 años de democracia, se condenó explícitamente "el golpe fascista militar contra la legalidad republicana" que desencadenó la Guerra Civil y desembocó en la larga dictadura de Francisco Franco. La condena del levantamiento militar formaba parte de una proposición no de ley, debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, que solicitaba del Gobierno diversas medidas de homenaje al exilio republicano y en la que el PP se abstuvo.

Sesenta años después de concluida, la Guerra Civil española sigue suscitando emociones profundas entre los diputados. El PP arropó con una inusual presencia de parlamentarios a su portavoz, José María Robles Fraga, que fue invitado reiteradamente por el resto de los grupos parlamentarios a sumarse a la condena del golpe militar de 1936. "Parece mentira que en 1999 no seamos capaces de alcanzar un texto unitario sobre lo que ocurrió en aquella fecha", apuntó el portavoz de CiU, Ignasi Guardans, que expresó su estupor por la actitud de los populares. "No sabemos a quién representa, en nombre de quién se separa del consenso", remachó Guardans.Robles Fraga, que presentó en nombre de su grupo una proposición no de ley alternativa que fue derrotada por 22 a 18 votos, dijo negarse a apoyar la resolución consensuada por su "tono" y su carácter "sesgado". "¿Cómo se puede decir que sólo las organizaciones políticas de izquierda, los nacionalismos democráticos y grupos de inspiración republicana mantuvieron la lucha por la recuperación de las libertades? ¿Cómo no se habla de los grupos liberales, democristianos y monárquicos?", se preguntó el representante del PP.

Pero su objección principal se centraba en la parte declarativa de la proposición, en la que aparece de forma más rotunda la condena de la sublevación militar. Según Robles Fraga, supone una "simplificación y una reducción histórica" señalar la sublevación militar del 1936 como única causa de la guerra civil. Reiteró la tesis, ya esgrimida por los militares rebeldes, de la falta de autoridad en la condena de la sublevación por una fuerzas de izquierda que previamente se habían levantado contra la República en octubre de 1934.

La temperatura del debate, abierto por el diputado socialista Jesús Caldera, promotor de la iniciativa aprobada, subió desde la primera intervención. Dejó claro que la iniciativa suscrita no estaba dictada por el "rencor" sino por la necesidad de aprobar una declaración de "altísimo valor emotivo y simbólico" ya que las "democracias no pueden asentar sus pilares sobre el olvido".

Caldera buscó el apoyo del resto de los grupos de la Cámara tras el viaje de una delegación parlamentaria a México la pasada primavera, durante la que los diputados asistieron a diversos actos de homenaje al exilio republicano español en el sexagésimo aniversario de su llegada a México gracias a la solidaridad del entonces presidente Lázaro Cárdenas.

Iñaki Anasagasti, del PNV -que citó palabras del dirigente socialista Julián Besteiro, muerto en la cárcel de Carmona: "El oro de España está en los cementerios, en la cárcel y el exilio"-; José Navas, de Izquierda Unida; Begoña Lasagabaster de Eusko Alkartasuna y Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, coincidieron en subrayar y lamentar el olvido con que se ha construido la transición. Coalición Canaria, que suscribió la proposición aprobada, no asistió a la votación.