El PP pide una ley que regule la firma electrónica en Internet
El Grupo Popular ha pedido al Gobierno que regule mediante una ley el uso de la firma eléctrónica en las operaciones comerciales que se efectúan a través de Internet. La propuesta del PP plantea que se aplique el acuerdo tomado por los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea el pasado 22 de abril, sobre reconocimiento legal de la firma electrónica, por considerarlo una apuesta en favor del comercio por Internet. Los populares se hacen eco de recientes estudios realizados por las entidades de consultoría y servicios informáticos Cap Gemini, Sun y Netscape en los que se indica que u...
El Grupo Popular ha pedido al Gobierno que regule mediante una ley el uso de la firma eléctrónica en las operaciones comerciales que se efectúan a través de Internet. La propuesta del PP plantea que se aplique el acuerdo tomado por los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea el pasado 22 de abril, sobre reconocimiento legal de la firma electrónica, por considerarlo una apuesta en favor del comercio por Internet. Los populares se hacen eco de recientes estudios realizados por las entidades de consultoría y servicios informáticos Cap Gemini, Sun y Netscape en los que se indica que un 72% de las empresas españolas dispone de una página en la red, pero sólo se ha recorrido "el 32% del camino hacia el comercio electrónico", según el texto de la proposición, que no aclara cómo se ha llegado a esa precisión porcentual.
La propuesta del PP recoge también un estudio de Visa sobre las perspectivas del comercio electrónico en España, según el cual, más del 90,5% de los que han realizado alguna compra en Internet notan la ausencia de un número suficiente de establecimientos en la red dispuestos a realizar transacciones por este procedimiento.
El problema de la seguridad y confidencialidad de los datos es uno de los mayores frenos para el desarrollo en España del comercio electrónico. Por este motivo el PP pide que se regule el uso de la firma electrónica personal en dichas operaciones. En su opinión es necesario "un sistema de confianza que, además, regule las medidas contra la falsificación de los certificados, asegurar el posible acceso judicial y garantizar, en definitiva, el régimen de responsabilidad que concurre en las transacciones tradicionales de este medio tecnológico". Según datos de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE) las cifras de estas transacciones en España aún son modestas: 800 millones de pesetas en 1997 y 3.500 millones en 1998.
En todo caso, ya no habría tiempo, en la actual legislatura, para tramitar una ley como la solicitada ahora por el Grupo Popular.