Un cultivo sin destino

¿Qué destino tiene el lino que se cultiva en las 100.000 hectáreas que se dedican en España a este producto? Nadie parece saberlo. El uso final de la fibra es un misterio. Sólo uno de los comparecientes ante la Comisión, el director general de Agricultura, Rafael Milián, aseguró que el lino textil español -que curiosamente no sirve para elaborar tejidos- se emplea en la elaboración de papel y para rellenar algunos componentes de los automóviles.Pero ¿cuánto lino se utiliza en esos sectores? Según los datos de los comisionados, apenas un 10% del lino transformado se emplea en la industria. El d...

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¿Qué destino tiene el lino que se cultiva en las 100.000 hectáreas que se dedican en España a este producto? Nadie parece saberlo. El uso final de la fibra es un misterio. Sólo uno de los comparecientes ante la Comisión, el director general de Agricultura, Rafael Milián, aseguró que el lino textil español -que curiosamente no sirve para elaborar tejidos- se emplea en la elaboración de papel y para rellenar algunos componentes de los automóviles.Pero ¿cuánto lino se utiliza en esos sectores? Según los datos de los comisionados, apenas un 10% del lino transformado se emplea en la industria. El destino del 90% restante es un misterio. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, destacado cultivador del producto, explicó en el Congreso que el lino que cultiva y transforma lo almacena para venderlo. ¿A quién? Le preguntaron los comisionados. "Seguramente a la industria transformadora", contestó Moro. Un círculo cerrado.

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Quien no tiene dudas sobre lo que realmente sucede con el lino es el consejero de Agricultura de Andalucía, Paulino Plata, quien lisa y llanamente afirmó ante la Comisión que en estos momentos "no hay mercado" para el lino español. La industria textil, que sí utiliza lino, importa el material base de otros países europeos.

Si nadie parece saber para qué se utiliza el lino en España, la pregunta es obvia: ¿por qué ha crecido tanto la superficie dedicada a su cultivo? En este punto, todos los grupos políticos parecen haber llegado a la misma conclusión, aunque con derivaciones distintas: crece porque la Unión Europea ha autorizado importantes ayudas (115.000 pesetas por hectárea) de las que se benefician en este momento 4.000 agricultores. La cuestión es qué ocurre si los máximos beneficiarios son quienes, precisamente, tienen información por sus cargos en el Ministerio de Agricultura. La oposición cree que algunos de ellos alentaron el cultivo en beneficio propio. La posición del PP es pragmática: si alguien se aprovecha de las subvenciones porque Bruselas y sus disposiciones lo permiten. ¿Ilegalidad? Para el PP, ninguna.

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