Una riada de problemas

La carretera, cuarteada y llena de baches, discurre en paralelo al río. Los 15 kilómetros que unen Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor fueron, durante meses, los más castigados: medio centenar de camiones los recorrían este verano tres o cuatro veces al día para devolver a la mina su descarga tóxica, la marea negra que convirtió al valle del Guadiamar en la zona contaminada por metales pesados más extensa de Europa. Cuatro urbanizaciones de casas desiguales y amplias parcelas se desparraman a ambos lados de la A-477. Los pozos que antes abastecían a unas 300 familias que allí viven llevan clausura...

La carretera, cuarteada y llena de baches, discurre en paralelo al río. Los 15 kilómetros que unen Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor fueron, durante meses, los más castigados: medio centenar de camiones los recorrían este verano tres o cuatro veces al día para devolver a la mina su descarga tóxica, la marea negra que convirtió al valle del Guadiamar en la zona contaminada por metales pesados más extensa de Europa. Cuatro urbanizaciones de casas desiguales y amplias parcelas se desparraman a ambos lados de la A-477. Los pozos que antes abastecían a unas 300 familias que allí viven llevan clausurados más de un año: la riada ácida pasó por encima de ellos y nadie los ha limpiado desde entonces.La rotura de la balsa minera de Boliden no sólo llevó un vertido contaminante a las tierras de nueve municipios sevillanos; también, un sinfín de nuevos problemas, pequeños y grandes, a sus más de 55.000 vecinos.

En Aznalcóllar (5.778 habitantes), el pueblo al sur de Sierra Morena que ha dado nombre al desastre medioambiental, una sábana a modo de pancarta (En defensa de la minería andaluza) corona la fachada del Ayuntamiento. "La mina son entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas al año en salarios", resume el alcalde, Francisco Márquez (PSOE). Desde hace un mes la angustia en el pueblo ha aflojado: la Junta andaluza autorizó la reapertura y ya han vuelto al tajo unos 200 empleados. Otros 300 lo harán antes de junio. Y con la reactivación del yacimiento resucitarán unos 1.500 empleos indirectos.

La marea tóxica ha tenido también su resaca política. Tras ocho años en el cargo, Márquez no se presentará a la alcaldía el próximo 13 de junio. El PSOE decidió celebrar primarias y el actual alcalde salió derrotado ante la candidatura de Salud Santana, una periodista de 28 años, quien subraya que "no había ninguna comunicación" entre el grupo municipal y el partido. "Ha habido influencias del [PSOE] regional. No admitieron mi manera de defender la mina", sostiene Márquez.

"Yo las primarias las hice en mi casa, con mi familia, y perdí tres a uno", apunta José Jurado (PSOE), quien, tras dos mandatos como alcalde de Aznalcázar, tampoco se presentará a las próximas elecciones. Este municipio, de poco más de 3.000 habitantes, a unos 30 kilómetros de Aznalcóllar, acaparó el 60% (2.789 hectáreas) de las tierras anegadas por el vertido. Los carteles de la asociación agraria Asaja, que recurrirá ante los tribunales la expropiación de fincas afectadas, empapelan las paredes del pueblo. "No nos podemos jugar el tipo por sacar al mercado productos de la zona del vertido", tercia Jurado en defensa del proyecto autonómico de crear un corredor forestal y de las 45.000 hectáreas de cultivo ajenas al desastre.

El Guadiamar, el último afluente del Guadalquivir en su margen derecha, encauzó la riada durante 80 kilómetros hasta que se topó con los muros construidos en apenas 48 horas. Las lanchas de Greenpeace surcaron una y otra vez la desembocadura del río, en Sanlúcar de Barrameda (62.000 habitantes, Cádiz), en busca de señales del vertido. Los científicos aclararon después que sólo se había detectado un incremento de zinc en el estuario, pero el daño estaba hecho. La ocupación hotelera se resintió el pasado verano y aún hoy varios restaurantes sustituyen los habituales "langostinos de Sanlúcar" por "langostinos de Chipiona". Guadalquivir arriba, a unos kilómetros de la desembocadura, José Manuel Arriaza, presidente de los riacheros de Trebujena (Cádiz, 7.000 habitantes), se lamenta de que "la sal se coma los barcos": la prohibición para pescar camarones ha dejado maltrecha la economía de un centenar de pescadores. Y las compensaciones, si llegan, no se quedarán aquí. "No tenemos papeles, no tenemos derechos", explica Arriaza.

"La contaminación más importante se la llevó la imagen", sintetiza el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Agustín Cuevas (PSOE), en alusión al perjuicio económico causado a una docena de municipios, que se han visto arrastrados por el desastre ecológico en Doñana. Allí, al otro lado del estuario del Guadalquivir, miles de aves acuáticas, las otras afectadas, se aprestan ahora a iniciar la cría.