Trabajo pagará a la Junta 4.075 millones tras cruzar la deuda a la SS y transferencias pendientes

El Ministerio de Trabajo abonará a la Junta de Andalucía en un plazo "breve" 4.075 millones de pesetas, después de la firma del acuerdo que da por terminado el conflicto de la deuda de la Administración autonómica a la Seguridad Social (3.152 millones de principal) y la del Ministerio de Trabajo a la Junta, con cargo al programa de Incapacidad Temporal (7.228 millones). Según explicó el ministro, Manuel Pimentel, el pacto culmina el proceso de regularización de las autonomías con la Seguridad Social, que a partir de ahora buscará conciliar la deuda que mantienen con ella los ayuntamientos.
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El Ministerio de Trabajo abonará a la Junta de Andalucía en un plazo "breve" 4.075 millones de pesetas, después de la firma del acuerdo que da por terminado el conflicto de la deuda de la Administración autonómica a la Seguridad Social (3.152 millones de principal) y la del Ministerio de Trabajo a la Junta, con cargo al programa de Incapacidad Temporal (7.228 millones). Según explicó el ministro, Manuel Pimentel, el pacto culmina el proceso de regularización de las autonomías con la Seguridad Social, que a partir de ahora buscará conciliar la deuda que mantienen con ella los ayuntamientos.

El acuerdo rubricado ayer fue alcanzado el pasado 18 de diciembre, pero las discrepancias sobre la exactitud de las cifras y el enfrentamiento político entre la Junta y el Gobierno, que disienten prácticamente en todos los aspectos posibles, ha retrasado la firma. Ambas partes comenzaron el cruce de deudas mutuas con cuantías mucho más elevadas de lo finalmente pactado: Trabajo reclamaba unos 60.000 millones de deuda acumulada, mientras que la Junta sostenía que no tenía que pagar los intereses de apremio -en virtud de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, que determina que no se le puede obligar a su pago-, y que el acreedor era en todo caso el ministerio. De hecho, la disputa sobre si la Junta está obligada o no a abonar el recargo de apremio (unos 21.000 millones) sigue abierta, por lo que el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Economía y Hacienda han acordado someterse al criterio del Tribunal Supremo. La Tesorería de la Seguridad Social condonará, no obstante, los recargos de mora (120 millones), tal y como ha hecho con otras comunidades autónomas, y concederá un aplazamiento de diez años para los de apremio, con un periodo de carencia hasta diciembre del 2000, de forma que pueda pronunciarse el Supremo. El acto de la firma del acuerdo, a cargo de Pimentel y la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, estuvo marcado por una tangible tirantez -plasmada en el extremo celo del protocolo-, ya que se ha producido sólo un día después de que el Gobierno anunciara la presentación ante el Tribunal Constitucional de tres recursos contra la Junta: dos por la subida de las pensiones no contributivas y uno por los intereses de los depósitos judiciales. Normalización Pimentel destacó que el acuerdo en este clima es un "símbolo de normalización institucional" y afirmó que la Junta está ahora al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Con el pacto culmina el proceso de regularización de deudas de las comunidades con la Seguridad Social, que en los dos últimos años ha permitido solventar más de 64.000 millones de pesetas. El ministro de Trabajo anunció en que a partir de ahora serán objeto preferente de la SS los ayuntamientos y buscará procesos de conciliación de sus deudas. El acuerdo recoge una corrección de errores cometidos por parte de los registradores de la propiedad en la inscripción de bienes que tiene en uso la Junta y cuya titularidad es del Ministerio.