La UE planea reducir las ayudas agrícolas según las directrices de Francia y Alemania
ENVIADO ESPECIALEl círculo se va cerrando. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acercaron ayer sus posiciones sobre la reforma financiera de la comunidad. Y empezaron a cuajar un pacto para lograr que las ayudas agrícolas se ajusten a las directrices de Francia y Alemania, pero manteniendo intacto el fondo del acuerdo alcanzado la pasada semana por los ministros de Agricultura. ¿Cómo? Aplicando la cofinanciación nacional y la reducción progresiva de las ayudas del presupuesto agrícola, aunque limitada a 6.300 millones de euros.
El encuentro informal celebrado por los ministros e...
ENVIADO ESPECIALEl círculo se va cerrando. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acercaron ayer sus posiciones sobre la reforma financiera de la comunidad. Y empezaron a cuajar un pacto para lograr que las ayudas agrícolas se ajusten a las directrices de Francia y Alemania, pero manteniendo intacto el fondo del acuerdo alcanzado la pasada semana por los ministros de Agricultura. ¿Cómo? Aplicando la cofinanciación nacional y la reducción progresiva de las ayudas del presupuesto agrícola, aunque limitada a 6.300 millones de euros.
El encuentro informal celebrado por los ministros en el castillo de Reinhartshausen ha lanzado las negociaciones sobre el futuro de la financiación de la UE. El presidente del consejo, el alemán Joschka Fischer, se declaró en disposición de llegar a un acuerdo definitivo en la cumbre de Berlín, los próximos 24 y 25 de marzo. El español Abel Matutes se refirió en varias ocasiones a los progresos realizados y al acercamiento de posiciones de Madrid y Bonn.A juicio de Matutes, que desayunó con Fischer, Alemania "está más flexible". Según alguno de sus colegas, es España la que está más flexible y en disposición de aceptar la horquilla presentada por Alemania para cerrar un acuerdo sobre las ayudas estructurales. Una horquilla que oscila entre 190.500 y 216.000 millones de euros para el septenio 2000-2006. El ministro español no confirmó este extremo y aseguró que el Gobierno español sigue tomando como base de discusión la propuesta de la Comisión Europea, que en la Agenda 2000 defiende que esas ayudas alcancen los 239.000 millones.
Apoyo a Portugal e Irlanda
A su juicio, Fischer se mostró más flexible en otros asuntos de importancia vital para España, como que el Fondo de Cohesión no se vaya reduciendo a medida que los países receptores se acerquen al límite del 90% de la renta media europea, el tope que separa a quienes tienen derecho a recibirlo y quienes no lo necesitan.En público Fischer no mencionó a España y admitió la existencia de problemas concretos con Portugal e Irlanda. "La Unión no puede permitir que Portugal sea un perdedor neto [en estas negociaciones]", declaró haciendo pensar que los Quince compensarán a este país si finalmente Lisboa y su periferia pierden las ayudas del Objetivo 1, que se conceden a zonas más deprimidas, aquellas que no superan el 75% de la renta media comunitaria. Comprensión semejante tuvo con Irlanda. Matutes también se mostró comprensivo con Portugal e Irlanda.
Los ministros avanzaron también en el contencioso agrícola. Aunque Portugal insistió en rechazar el compromiso alcanzado el pasado jueves en Bruselas y Francia advirtió que aún no tiene una posición definitiva, hubo un amplio consenso en favor de respetar el acuerdo. Aunque se acordó encargar a la Comisión Europea que plantee propuestas para reducir el gasto que genera.
El objetivo es situarlo en 40.500 millones de euros anuales, que sumada la inflación significa un paquete de 307.000 millones de euros para el septenio. La fórmula de compromiso que se dibuja es que los 6.300 millones de euros que todavía hay que recortar se economicen introduciendo en esa cantidad los dos factores de ahorro que barajaban Alemania (la cofinanciación) y Francia (reducción paulatina de las ayudas directas). Ambos ajustes se aplicarían sólo sobre las compensaciones que recibirán los agricultores por las bajadas de precios que introduce la reforma.
A priori parece una fórmula aceptable por España porque, aunque se había opuesto a ambas como norma general, siempre se ha declarado dispuesta a aceptar la segunda para casos muy concretos.