Industria resolverá las demandas contra las tasas del gas antes de regularlas
La regulación de las tasas oficiales por el alta y la inspección de las instalaciones domésticas de gas natural deberá esperar todavía más. El Departamento de Industria resolverá antes de que se apruebe el decreto las cerca de 12.000 reclamaciones presentadas a lo largo de este año por usuarios, con el fin de evitar que la futura norma tenga efectos retroactivos. Portavoces de la consejería de Industria admitieron que la tarea será "ardua", tanto por el elevado número de quejas como por la diferente naturaleza de las mismas.
El Gobierno vasco seguirá guardando celosamente, probablemente...
La regulación de las tasas oficiales por el alta y la inspección de las instalaciones domésticas de gas natural deberá esperar todavía más. El Departamento de Industria resolverá antes de que se apruebe el decreto las cerca de 12.000 reclamaciones presentadas a lo largo de este año por usuarios, con el fin de evitar que la futura norma tenga efectos retroactivos. Portavoces de la consejería de Industria admitieron que la tarea será "ardua", tanto por el elevado número de quejas como por la diferente naturaleza de las mismas.
El Gobierno vasco seguirá guardando celosamente, probablemente varios meses más, cuál será la cuantía unitaria de las tasas, que está determinada desde este verano en el borrador del decreto. La polémica se destapó en enero cuando el grupo municipal de HB de Bilbao criticó la existencia en cada territorio de tarifas muy diferentes por iguales servicios de alta e inspección: 23.000 pesetas en Bilbao, 6.000 en Vitoria y 7.000 en San Sebastián. A ello se unió, en la capital vizcaína, las discriminaciones entre los usuarios, ya que la empresa Bilbogas llegó a ofrecer a algunos clientes el contador y las polémicas tasas por 100 pesetas, mientras que otros ciudadanos tuvieron que pagar más de 44.000 pesetas. En febrero, el consejero de Industria anunció que un decreto regularía estas tasas y decidiría si son legales, lo que ha sido rechazado por todas las asociaciones de consumidores y el Ararteko. Sin embargo, la aprobación de la normativa se ha demorado una y otra vez, ya que en principio se barajaba ratificarlo antes del verano. El último retraso se ha producido ahora, puesto que Industria anunció hace un mes, tras recibir el visto bueno del Consejo de Estado al cobro por dichos servicios, que el borrador se presentaría inmediatamente a las empresas de gas y las asociaciones de consumidores. "Primero vamos a resolver las 12.000 reclamaciones que hay", señaló un portavoz oficial de Industria, quien no pudo concretar la fecha en que se presentará el borrador del decreto y, por tanto, cuándo se conocerá la cuantía unitaria de las tasas. Las mismas fuentes señalaron que el departamento está procediendo a la clasificación de las demandas, puesto que unas censuran el sobrecobro y otras cuestionan la legalidad de abonar cualquier tipo de cantidad. Industria justifica este proceso previo para evitar que la entrada en vigor de las nuevas tasas regularizadas tenga efectos retroactivos. La aplicación de las tasas con retroactividad ha sido rechazado tajantemente por todas las asociaciones de consumidores, que han exigido que se devuelva todo lo cobrado hasta ahora por los derechos de alta e inspección. "Hay argumentos más que suficientes para decir que el decreto no tiene base legal si se aplica con carácter retroactivo", ha señalado el portavoz de la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), Luis María Cordero. HB de Bilbao volvió ayer a incidir en este asunto y acusó a la empresa Bilbogas de "robar" a sus clientes 40.000 pesetas de la factura del gas en concepto de alta e inspección y el contador, por considerar que "dichos conceptos son considerados ilegales por los jueces", informa Efe. El concejal David Alonso insistió en el llamamiento realizado hace seis meses a los usuarios de la compañía Bilbogas para que no paguen la totalidad de la factura del gas, ya que sostiene que sólo están obligados a abonar el importe dedicado al consumo. El Ararteko también se muestra contrario al cobro de estos servicios y ha recomendado en dos ocasiones la devolución de "todo lo cobrado a los usuarios", por ser una prestación "que se impone coercitivamente, sin que al usuario le quede otra opción para eludir el pago que no sea renunciar a su utilización".
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