Garzón seguirá adelante con la extradición mientras el general continúe detenido
El juez Baltasar Garzón seguirá adelante con el proceso de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet mientras éste continúe detenido en Londres, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado no modificará los autos de prisión ni la orden de detención del general chileno, pero sólo seguirá adelante con la extradición si la Sala de lo Penal, que se reúne hoy, reafirma la jurisdicción española para perseguir los delitos de genocidio, terrorismo y tortura de que se acusa a Pinochet. También mantendrá el juez la comisión rogatoria para interrogar a Pinochet.
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El juez Baltasar Garzón seguirá adelante con el proceso de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet mientras éste continúe detenido en Londres, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado no modificará los autos de prisión ni la orden de detención del general chileno, pero sólo seguirá adelante con la extradición si la Sala de lo Penal, que se reúne hoy, reafirma la jurisdicción española para perseguir los delitos de genocidio, terrorismo y tortura de que se acusa a Pinochet. También mantendrá el juez la comisión rogatoria para interrogar a Pinochet.
Sin embargo, en círculos próximos a Garzón se señala que todo está en manos de las autoridades judiciales del Reino Unido. Aunque el juez español ordene la prisión y pretenda interrogar a Pinochet, vía comisión rogatoria, la decisión no depende de él sino de los jueces británicos que pueden admitir o rechazar su petición.La resolución del juez inglés aceptando la inmunidad de Pinochet en tanto que ex jefe de Estado no es firme todavía y será recurrida por la fiscalía británica. Por ello, la tramitación seguirá su curso -ni más rápido ni más lento que antes-. Lo más inmediato es la vista de la apelación sobre la jurisdicción española en las causas por genocidio en Chile y Argentina.
Si la Audiencia ratifica la jurisdicción española, cuestionada por la fiscalía, Garzón seguirá adelante tanto con la petición de extradición como con la comisión rogatoria para interrogarle, y además daría tiempo a plantearla puesto que el recurso de la fiscalía británica ante la Cámara de los Lores no se produciría antes de una semana.
Ayer, el abogado argentino Alberto Pedroncini entregó a Gargón un telegrama del FBI, fechado en Argentina en 1976, en el que se explican los acuerdos entre los Gobiernos militares de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para coordinar la represión en el denominado Operativo Cóndor. En el telegrama se señala que la dirección de la aplicación del plan estará a cargo de Chile, de la DINA (policía secreta cuyo responsable máximo era Pinochet).
También se indica en el telegrama que "Brasil es el país menos convencido" del plan, y que "los más entusiastas son Chile y Argentina".
Respecto a los objetivos del plan, el telegrama explica que "sería aplicado contra izquierdistas, marxistas o terroristas de cualquiera de los países miembros del pacto, cualquiera que fuera el lugar donde se encontraran como refugiados políticos o en cualquier país del mundo, especialmente en países europeos".
También declararon ayer en el juzgado de Garzón dos personas, Dora Carreño y Sergio Requena, sobre casos de desapariciones de personas, entre ellos algunos de sus familiares, así como torturas.
Por su parte, Joan Garcés, uno de los abogados de la acusación popular contra Pinochet en el sumario que se sigue en España, aseguró ayer a EL PAÍS que "éste es un proceso muy complejo en el que caben sentencias polémicas". Garcés considera que el punto capital, en espera de conocer los fundamentos del tribunal británico, es que "Pinochet sigue detenido hasta que se resuelvan los recursos y por tanto hay posibilidad de cursar la petición de extradición", informa Ramón Lobo.
El abogado, que no se declara desanimado por la decisión británica, asegura "que existe un principio sólido en el derecho internacional, avalado por la Convención contra el Genocidio de 1948 y otros textos de Naciones Unidas, que consideran que los delitos de genocidio son perseguibles internacionalmente y contra los que no cabe inmunidad alguna. Habrá que ver si la semana que viene la Cámara de los Lores se aviene a refrendar la decisión del tribunal, que choca contra los principios del derecho internacional y los convenios firmados por el Reino Unido".
Garcés sostiene que la batalla legal sigue abierta y que la clave es la decisión que hoy tomará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "Entonces sabremos la opinión de la sala de si España es competente para perseguir estos delitos". La consecuencia inmediata será, a juicio de los abogados de la acusación particular, que el juez Garzón pueda cursar la petición de extradición. Garcés asegura que esta petición es "un proceso diferente" que requerirá otro tipo de decisiones judiciales.
Por otra parte, el Gobierno, a través del secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de Miguel, resaltó ayer que "la decisión ha sido tomada en Londres" y expresó el respeto institucional a la sentencia de la justicia británica "Es una decisión que compete a los británicos y, por lo tanto, no hay ninguna valoración que hacer", dijo. A su vez José María Robles Fraga, portavoz de Exteriores del PP, señaló que el fallo sea una victoria de las tesis del Gobierno pues "se trata de la decisión de un poder judicial independiente".
Diego López Garrido, secretario general de Nueva Izquierda, fue rotundo. "Es una sentencia decepcionante, triste e incomprensible. El Reino Unido, con esta decisión, se ha convertido en tierra de asilo potencial para todos los genocidas y torturadores que hayan sido jefe de Estado. Milosevic [presidente yugoslavo] ya tiene un lugar seguro para ir de vacaciones".