Sanidad beneficia a empresas de las que se desvincularon cargos del PP al llegar al poder

Vendieron sus acciones o se desvincularon de las empresas que habían fundado. Ahora ocupan altos cargos en un gobierno que, de forma directa o indirecta, las beneficia a través de conciertos o de la facturación del plan de choque. Tanto el Subsecretario de la Consejería de Sanidad, Rubén Moreno, como el diputado popular Luis Concepción, presidente de la Comisión de Sanidad en las Cortes, desaparecieron antes de mayo de 1995 de las empresas de las que eran accionistas. El grupo Nisa, vinculado al primero, y el negocio de radiología del segundo reciben hoy importantes sumas.

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Vendieron sus acciones o se desvincularon de las empresas que habían fundado. Ahora ocupan altos cargos en un gobierno que, de forma directa o indirecta, las beneficia a través de conciertos o de la facturación del plan de choque. Tanto el Subsecretario de la Consejería de Sanidad, Rubén Moreno, como el diputado popular Luis Concepción, presidente de la Comisión de Sanidad en las Cortes, desaparecieron antes de mayo de 1995 de las empresas de las que eran accionistas. El grupo Nisa, vinculado al primero, y el negocio de radiología del segundo reciben hoy importantes sumas.

Con el objetivo de evitar incurrir en ilegalidad, o por una mera cuestión ética, varias personas que hoy ocupan importantes puestos de responsabilidad se desvincularon de las empresas que ellos mismos habían fundado o de las que eran accionistas, antes del mes de mayo de 1995, fecha en la que el Partido Popular ganó las elecciones y formó Gobierno. Algunas de esas empresas, relacionadas directa o indirectamente con servicios sanitarios, figuran hoy a la cabeza de las compañías privadas que mayores beneficios extraen de su relación con la Consejería de Sanidad que dirige Joaquín Farnós. Un departamento que recurre habitualmente a los conciertos con el sector privado, a fin de dar cobertura sanitaria a toda la población valenciana. Se da la paradoja de que muchos de esos servicios prestados desde las clínicas privadas con las que Sanidad firma este tipo de conciertos, se justifican desde la propia Administración con el argumento de que en el sector público sanitario se generan importantes listas de espera. Con esta misma argumentación se puso en marcha, a mediados de 1998, el publicitado plan de choque contra las listas de espera, que pretendía terminar con la demora hospitalaria de los centros integrados en la red pública en menos de un año. A fecha de hoy, no sólo no ha desaparecido la lista de espera (a pesar de que el propio consejero explicó ayer mismo en La Rioja el importante aumento de intervenciones realizadas en los hospitales públicos en horario de tardes, un 28% más durante el primer semestre de 1998), sino que la Consejería continúa remitiendo pacientes a las clínicas privadas adscritas al plan de choque o con las que tiene concierto firmado. Según los datos aportados por el departamento que dirige Farnós, a través de las interpelaciones parlamentarias, la clínicas privada que más cantidad de dinero ha facturado desde el inicio del plan de choque es el hospital Valencia al Mar, uno de los centros sanitarios pertenecientes al grupo Nisa, que integran también el hospital 9 d"Octubre y la clínica Virgen del Consuelo. Entre el grupo Nisa, que dirige José Siles, y la familia Lladró, existe una vinculación indirecta, a través de una sociedad que posee acciones del citado grupo empresarial, que responde a las siglas de Nuevas Inversiones en Servicios Sociedad Anónima. El actual Subsecretario de la Consejería de Sanidad, Rubén Moreno, casado con una de las hijas del empresario José Lladró, se desvinculó personalmente de la actividad empresarial antes de que el Partido Popular llegase al poder en la Comunidad Valenciana, en 1995, aunque su relación matrimonial sigue adelante. Según los datos que figuran en el cuadro (en el que sólo aparecen los cuatro hospitales que mayores beneficios han recibido desde el inicio del plan de choque), el hospital Valencia al Mar operó más de 8.000 pacientes en 1997 (4.000 más que la siguiente clínica de la lista) y ya ha facturado más de 1.428 millones por prestación de servicios sanitarios. Sólo en el primer trimestre de este año, el citado hospital ya había facturado 112 millones a la Consejería de Sanidad. Uno de los servicios que concierta también la consejería son las resonancias magnéticas y pruebas radiológicas. La empresa Inscanner, fundada entre otros por el diputado popular Luis Concepción (hoy desvinculado de la actividad empresarial), también recibe beneficios importantes desde la Administración. Concepción es médico radiólogo y ha reconocido trabajar en una clínica de Benidorm.

Los plazos de la excepción

Desde el inicio del plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas, los grupos parlamentarios de la oposición se cuestionaron la viabilidad de una medida concebida con carácter casi excepcional y limitado en el tiempo. Dos años después de su puesta en marcha, la pregunta que muchos se hacen es hasta cuándo piensa el Gobierno valenciano derivar pacientes de la sanidad pública a las clínicas privadas con las que Sanidad pactó unos precios determinados por operación, y que están reportando importantes sumas de dinero a muchas de ellas. ¿Cuáles son los plazos de la excepción? El hecho de que personas que hoy ocupan puestos de responsabilidad se desvincularan en su día de empresas relacionadas directa o indirectamente con algunas de estas clínicas, no significa que éstas no sigan obteniendo beneficios de la Administración, que aún no ha dado por concluido el citado plan de choque y que sigue concertando servicios sanitarios con hospitales privados no del todo desvinculados de esos altos cargos. Por la vía familiar en algún caso o a través de subarrendamientos, en otros, existen todavía relaciones empresariales que parecen indicar cierta inclinación, desde la Administración, a favorecer a determinados grupos o empresas afines a personas vinculadas al Partido Popular. Algunas de estas cuestiones siguen sin respuesta oficial.

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