Escasa objetividad

El editorial publicado en el día de ayer sobre la ampliación de la lista negativa de medicamentos peca en ocasiones, a nuestro juicio, de escasa objetividad. Si bien podemos entender que se quieran resaltar los esfuerzos de gobiernos anteriores para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico, ello no debe hacerse a costa de minimizar o descalificar abiertamente la labor que se ha hecho en los dos últimos años.El crecimiento acelerado en esta partida del gasto sanitario ha sido y sigue siendo un problema en todos los países con sistemas públicos de asistencia sanitaria. De hecho, en España...

El editorial publicado en el día de ayer sobre la ampliación de la lista negativa de medicamentos peca en ocasiones, a nuestro juicio, de escasa objetividad. Si bien podemos entender que se quieran resaltar los esfuerzos de gobiernos anteriores para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico, ello no debe hacerse a costa de minimizar o descalificar abiertamente la labor que se ha hecho en los dos últimos años.El crecimiento acelerado en esta partida del gasto sanitario ha sido y sigue siendo un problema en todos los países con sistemas públicos de asistencia sanitaria. De hecho, en España, las tasas de crecimiento interanual entre 1987 y 1992 se mantuvieron entre el 15% y el 20%. Como resultado fundamentalmente de la introducción por primera vez en nuestro país de una lista negativa de medicamentos en 1993, de un pacto con la industria farmacéutica y de un acuerdo -limitado en el tiempo- de descuento con la Corporación Farmacéutica, el crecimiento se redujo al 7,85% y al 6,49% en 1993 y 1994, respectivamente. Por desgracia, las medidas resultaron insuficientes y en 1995 se produjo una fuerte y rápida subida de hasta el 12,45% que se mantuvo en 1996.

Por todo ello, el actual Ministerio de Sanidad y Consumo consideró oportuno introducir nuevas medidas que anteriormente no se habían contemplado y reforzar o consolidar aquellas otras que ya se habían iniciado. En relación con las primeras, a finales de 1996 y en 1997 se introdujeron las iniciativas legislativas pertinentes para que pudiera desarrollarse en nuestro país un mercado de genéricos con precios de referencia a pesar de las limitaciones que existían -y siguen existiendo- en materia de patentes. Se podrá argumentar lo que se quiera, se podrá dar voz a los grupos políticos que reclaman una política activa de genéricos, pero no se debe obviar el hecho incontestable de que hasta este momento nadie había hecho nada al respecto. Y no conviene olvidar tampoco que, por razones por lo demás bastante evidentes, no son éstas precisamente el tipo de medidas que agradan a la industria. Al mismo tiempo, se modificó la Ley del Medicamento para que la decisión de financiar un producto determinado no implique necesariamente la financiación de todas sus indicaciones y se puso en marcha la creación de la Agencia Española del Medicamento para, entre otras cosas, separar nítidamente el registro de un fármaco de su eventual financiación, circunstancias éstas, registro y financiación, que hasta la fecha concurrían de manera cuasi-automática en la práctica generalidad de los casos. Entre las medidas que se consideró adecuado continuar y reforzar están los acuerdos con la industria y la actuación sobre la distribución y dispensación de medicamentos. Si en el primer acuerdo -firmado por el Gobierno anterior- la aportación devengada fue de 9.800 millones en un año, en el segundo -suscrito por el actual equipo- lo fue de 15.800 millones mientras que el actualmente vigente para 1998 y 1999 supone las cantidades de 39.145 y 26.000 millones respectivamente. En lo que se refiere a las oficinas de farmacia, la anterior Administración estimó conveniente limitarse a la firma de un acuerdo coyuntural de descuento del 2% sin atreverse, por las razones que fuera, a ir más lejos. El claro repunte en el crecimiento a partir de 1995 nos llevó a establecer una política más agresiva y de carácter más estructural en este punto a través de las reducciones de márgenes de oficinas y empresas distribuidoras. En el editorial al que hace referencia este artículo se tacha la medida de modesta, que sin duda lo es (probablemente el sector no piense lo mismo), aunque, por razones evidentes, no tan modesta como el descuento planteado con anterioridad. El interés que ese medio pudiera tener en resaltar las dificultades del Gobierno anterior por enfrentarse -con éxito- a sólidos intereses corporativos no debe, en nuestra opinión, escatimar al actual Gobierno el reconocimiento de la independencia de criterio y resistencia a las presiones que supone haber tomado medidas que superan en alcance a las anteriores.

Por último, son precisos algunos comentarios en relación con la propia lista negativa de medicamentos en la medida en que también forma parte de la continuación de una política que se inició -con algún éxito como reconoce el editorial- con la Administración anterior. Todos somos conscientes de que esta medida, aislada, tiene un impacto muy limitado en el tiempo y hay pruebas de ello. Sin embargo, se trata de una iniciativa que no puede faltar cuando se aborda un paquete de medidas en distintos niveles de la cadena del medicamento como el que hemos planteado. Y no puede faltar sobre todo en un país como el nuestro, donde se financia públicamente el 80% de las especialidades, en contraste con un 72%, 48% o 49% de países muy cercanos como Francia, Italia y Portugal, respectivamente.

Que la medida es razonable lo confirma el hecho de que ha recibido el informe favorable de la mayoría de las organizaciones consultadas en el trámite de audiencia del real decreto, que fue asimismo mayoritariamente aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y unánimemente por las comunidades con competencias en gestión de la asistencia sanitaria. También reconoce el propio editorial que entonces, en 1993, fue efectiva. ¿Por qué ahora se esfuerzan en argumentar tan enrevesada como contradictoriamente para sugerir que lo que entonces valía ya no sirve? Si la evidencia del crecimiento actual es el argumento en contra, cabe decir que mucho mayor fue el crecimiento en 1992. Por otra parte, que existan a la hora de la verdad comportamientos contradictorios y haya quien se proponga financiar productos cuya prescripción lleva tiempo desaconsejando tiene una explicación tan sencilla de hacer que no merece la pena ni siquiera comentar.

Posdata: En relación con la venta de pañales de incontinencia a la que también se refiere su editorial, puedo decirle que, cuando asumimos las responsabilidades de gobierno, todos los pañales, excepto en las islas Baleares, se adquirían a través de las oficinas de farmacia. Fue el actual equipo directivo del Insalud el que llegó a acuerdos con la Corporación Farmacéutica, en virtud de los cuales, las residencias de la tercera edad adquieren los pañales directamente de los fabricantes por concurso y los demás se adquieren a través de las oficinas de farmacia, con las máximas facilidades para los pacientes, siendo el acuerdo que produce mayor ahorro para el sector público (1.800 millones de pesetas anuales), muy por encima el de Andalucía, en cuyo territorio se sigue dispensando los pañales en las oficinas de farmacia.- Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.